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Valencia pone límite a las motos compartidas: 2.000 unidades, eléctricas y con informes semanales para controlar el aparcamiento

Un informe de la Concejalía de Movilidad descarta el alquiler de patinetes y bicicletas sin base fija por los problemas de ocupación de las aceras y deja abierta la puerta a los coches eléctricos compartidos

En la ciudad de Valencia caben un máximo de 2.000 motos de alquiler en la modalidad de ‘sharing’. Así lo determina un informe de la Concejalía de Movilidad que ha analizado la implantación de este tipo de vehículos en la ciudad y los problemas que acarrearía superar este límite.

El principal inconveniente de las motos compartidas, indican los técnicos municipales, se encuentra en el estacionamiento. O, mejor dicho, en la «falta de civismo» a la hora de dejarlas aparcadas.

La Concejalía de Movilidad confirma en su informe el «elevado incumplimiento» de la normativa vigente, ya que en muchas ocasiones las motos compartidas se dejan sobre aceras que no tienen la anchura mínima, en zonas peatonales, junto a pasos de peatones o junto al carril bici, junto a las fachadas o interrumpiendo el acceso a las paradas del autobús.

En la actualidad, en Valencia existen 10.900 plazas para motocicletas en la calzada y el Ayuntamiento calcula que a medio plazo se podrán alcanzar las 17.000 al retirar el aparcamiento de coches en los 10 metros anteriores a los pasos de peatones, un espacio que se ganará para aparcar motocicletas.

Y estas cifras son las que utilizan los técnicos municipales para calcular cuántas motos compartidas puede absorber la ciudad, ya que el objetivo de la Concejalía es que ninguna motocicleta aparque sobre la acera en un futuro próximo. Así, estiman que 13.000 de estas plazas se ocuparán por vehículos privados, lo que deja 4.000 para las compartidas.

«De la experiencia de otras ciudades, un funcionamiento equilibrado exige que exista el doble de plazas de estacionamiento disponible que el número de vehículos operando», justifican para determinar el número máximo de motos de ‘sharing’ en 2.000 frente a las 3.247 que serían necesarias para satisfacer plenamente la demanda.

Pero el Ayuntamiento, además, establece una serie de requisitos y condicionantes para las empresas que desplieguen sus motos de alquiler por la ciudad. El primero de ellos es que aporten informes exhaustivos semanales con el listado de las motos en la calle; la fecha y hora de inicio y fin de estacionamiento; la calle y el número de cada aparcamiento; una monitorización en tiempo real y un mapa de calor «que permita conocer las ubicaciones de cada estacionamiento realizado, la fecha de inicio y fin y duración con datos diarios, semanales y mensuales».

Independientemente, los vehículos desplegados deberán cumplir también otra serie de requisitos. Todos deberán ser 100% eléctricos, tendrán un sistema que impida que los vehículos estacionen en determinadas zonas de la ciudad que pudiera establecer el Ayuntamiento por razones de protección patrimonial, de contaminación acústica o ambiental, de máxima preferencia peatonal u otras razones de interés público.

Igualmente, las empresas operadoras no podrán desplegar más de 500 vehículos y el servicio deberá cubrir todo el término municipal incluyendo los pueblos. Además, deberá estar disponible 24 horas y siete días a la semana sin necesidad de intermediación del personal de la empresa.

El informe no determina, sin embargo, un número concreto de coches compartidos. Indican los técnicos que están a la espera de la experiencia que arroje en la ciudad el proyecto piloto CarGreen. En cualquier caso, insisten en que la modalidad debería ser la de ‘Two-way trip’, es decir, viajes de ida y vuelta. O lo que es lo mismo, que el usuario inicie y acabe el viaje en el mismo punto para dar por finalizado el servicio.

En cuanto al ‘sharing’ de patinetes y bicicletas, la mala experiencia registrada en otras ciudades «por los problemas de ocupación del espació público peatonal» hacen que los técnicos municipales rechacen esta posibilidad de movilidad. «Para proteger el uso general del espacio público, se considera que no es conveniente la implantación de sistemas de alquiler de bicicletas y/o vehículos de movilidad personal sin persona conductora y sin base fija».

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