HomeActualidadUrkullu aprovecha el agosto para tramitar la ley vasca de abusos policiales que blanquea el terrorismo de ETA

Urkullu aprovecha el agosto para tramitar la ley vasca de abusos policiales que blanquea el terrorismo de ETA

El BOPV publica el decreto que desarrolla la norma obviando el recurso ante el Tribunal Constitucional de PP y Ciudadanos y empiezan a correr los plazos para alegaciones en pleno periodo estival

El Gobierno vasco ha aprovechado el mes de agosto, el vacacional por excelencia, para publicar el decreto que desarrolla la ley de abusos policiales, obviando los recursos presentados por PP y por Csante el Constitucional, y haciendo que empiecen a correr los plazos para presentar alegaciones a la polémica norma en pleno periodo estival.

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publicó este martes la resolución firmada por el secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández, por la que se somete a información pública «el proyecto de decreto de desarrollo del procedimiento para el reconocimiento y reparación de las víctimas de vulneración de derechos humanos, producidas en un contexto de motivación política», entendidos como actos presuntamente cometidos por cuerpos y fuerzas policiales entre los años 1978 y 1999.

El reconocimiento a estas víctimas ha suscitado una fuerte polémica entre los sindicatos policiales, que se sienten señalados, y especialmente entre las asociaciones de víctimas del terrorismo, que consideran que la ley es una maniobra que pretende equiparar las víctimas de ETA con las de actuaciones de las fuerzas de seguridad en un intento de blanquear el terrorismo.

El Gobierno que preside Iñigo Urkullu, que siempre ha negado que se equipare a unas y otras víctimas, no se siente nada cómodo con este polémica, lo que podría explicar el hecho de que publicite el decreto en pleno mes de agosto, en un claro intento de que de que el procedimiento pase lo más desapercibido posible.

La publicación en el Boletín pone a correr los plazos para que puedan presentarse alegaciones a partir de hoy. Un total de 20 días hábiles, de los que 11 están dentro del mes de agosto. En concreto, el plazo para las alegaciones termina el próximo 11 de septiembre, lo que da una idea de que la ley -que se aprobó en el Parlamento Vasco el mes de abril con los votos a favor de PNV y PSE, la abstención de EH Bildu y Elkarrekin Podemos y el voto en contra del Partido Popular- «se quiere tramitar a todo correr», señalaba este martes el parlamentario del PP vasco, Carmelo Barrio, que consideraba que no es de recibo que el Gobierno siga adelante con el decreto sin tener en cuenta que el Tribunal Constitucional puede paralizar la norma.

El decreto publicado este martes desarrolla una ley que modifica una anterior, después de que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu llegara a una acuerdo con Pedro Sánchez para retirar el recurso de inconstitucionalidad que en su día había presentado el Ejecutivo de Mariano Rajoy. La modificación se aprobó en el Parlamento vasco con los votos de PNV, PSE, pero tanto PP como Cs consideran que se mantiene la inconstitucionalidad de la norma al otorgar a una comisión de valoración, que será la encargada de determinar quién tiene el carácter de víctima de abusos policiales, competencias que «sólo deben estar en manos de los jueces».

El decreto en cuestión pretende regular la forma a seguir en los distintos supuestos que pueden darse en el reconocimiento y reparación a las víctimas para que las resoluciones administrativas que se dicten «gocen de plenas garantías jurídicas».

Además de clasificar los diferente tipos de víctimas, determina también las funciones de la comisión de valoración, es decir, de los encargados de determinar quién puede tener esa condición de víctima de motivación política. El punto más conflictivo de la norma y el centro de los recursos.

El decreto recoge la modificación introducida en la Ley, determinando que las funciones de la Comisión de valoración « se desenvolverán siempre en condiciones que permitan garantizar en todo momento, en relación con el conocimiento de los hechos que se acrediten a través de las solicitudes presentadas en la misma, la no intromisión ni invasión bajo cualquier perspectiva, de la función judicial que se reserva a los jueces y tribunales», una modificación que sigue viéndose insuficiente por parte del PP y de Ciudadanos que mantienen la intención de que sea el Tribunal Constitucional el que impida que la norma siga adelante.

VARIOS ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES VULNERADOS, SEGÚN PP Y CIUDADANOS

El recurso ante el Tribunal Constitucional presentado por el Partido Popular el pasado 15 de julio hace hincapié en que la Comisión de Valoración, pese a los cambios introducidos por las últimas modificaciones, se atribuye «funciones de investigación de delitos y determinación de su autoría, incardinadas en la función jurisdiccional» y considera que la norma infringe 9 artículos de la Constitución Española, entre ellos, la vulneración de la reserva constitucional de la función jurisdiccional que corresponde al poder judicial, la vulneración del principio de sometimiento de los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, o la vulneración de la presunción de inocencia, al poder acreditarse por una resolución administrativa la realidad de unos hechos ilícitos, «sin que exista un procedimiento judicial previo». También considera el PP en su recurso que se vulnera el principio de seguridad jurídica y la distribución de competencias entre el Estado y la comunidad autónoma vasca. Casi en la misma línea se fundamenta el recurso ante el alto tribunal presentado por Ciudadanos a finales del mes de mayo, haciendo hincapié en que la «potestad de declarar la existencia de hechos constitutivos de delito y determinar su autoría corresponde, en exclusiva, a los jueces y tribunales», y que se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de los investigados por la comisión de valoración, el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, así como la presunción de inocencia de estas personas y la legalidad penal.

Informa Erik Encinas.

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