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HomeActualidadUna familia de Castellón denuncia que su hijo no puede estudiar en español

Una familia de Castellón denuncia que su hijo no puede estudiar en español

La familia denunciante no esperaba que la situación hubiera llegado tan lejos para despreciar así a la educación en español en la Comunidad Valenciana

Mari Carmen E. y David G. se han enfrentado por primera vez al proceso de admisión de alumnos, que siempre está marcado por cierta tensión e incertidumbre que se disipa cuando se conocen las listas de admitidos. No ha sido así para esta pareja residente en Castellón de la Plana, que además añade a su estado de ánimo grandes dosis de decepción. La tierra de ella, la misma que le acogió a él hace 14 años, les niega una plaza para que su niño de tres años reciba sus clases con el castellano como lengua principal, como es su deseo.

Sucede en una capital provincial, la cuarta ciudad más poblada de la Comunitat, donde la inmensa mayoría de la oferta tiene el valenciano como lengua de enseñanza. La única excepción, según se desprende de los datos oficiales de Educación, son seis escuelas concertadas. En la red pública sólo hay un modelo en Infantil, y en gran parte de los centros ni existe exposición al castellano hasta en Primaria, una realidad que no es ajena al modelo lingüístico impulsado desde el Consell, pues antes de su aplicación sí había algo de oferta en español en centros de titularidad de la Generalitat, sobre todo mediante la doble línea.

La pareja prefiere no dar su identidad completa -la escolarización del niño será de oficio, y aún no está cerrada- pero quiere dar a conocer su caso. «Que sirva para que otras familias, cuando lleguen a este momento, sepan qué ocurre», dice él.

David y Mari Carmen actuaron como cualquier padre. A medida que se acercaba el plazo para presentar la solicitud iban visitando centros. «Nos encontramos con la sorpresa de que todos los públicos de nuestra zona eran en valenciano», relata la mujer. Querían una escuela de titularidad de la Generalitat, pero en castellano. «No era la opción que queremos para los niños. Y no nos negamos a que aprendan valenciano, pero consideramos que con una o dos materias es suficiente. El saber no ocupa lugar y quiero que sepan hablarlo para relacionarse con sus abuelos (valencianoparlantes), pero no que estudien con un modelo en el que no creemos», añade.

Una vez conocida la realidad de su área de influencia abrieron el abanico: sondearon zonas limítrofes, valoraron utilizar el lugar de trabajo como criterio de proximidad y miraron la oferta concertada. Era la única que les apañaba en relación a la lengua mayoritaria de enseñanza.

La instancia de admisión incluyó cuatro centros de esta titularidad, pero sólo uno se ubicaba en su área. El mazazo llegó con las listas provisionales y se confirmó esta semana con las definitivas: el niño no ha entrado en ninguno. Sumaron diez puntos para su primera opción, pero quedaron en lista de espera. En los otros tres el resultado ha sido todavía peor. Por lo tanto, será escolarizado de oficio en un centro donde queden vacantes tras la admisión, que casi con toda seguridad será público y basado en la lengua propia.

«Creemos que parte del exceso de demanda de los concertados tiene que ver con lo que está sucediendo», añade la pareja, que siente «impotencia total ante algo que nos viene impuesto». «Hay libertad para casi cualquier cosa menos para elegir centro en castellano», dice él. «No hay libertad si toda la oferta es del mismo modelo», completa ella. «Puedes elegir colegio, pero no modelo lingüístico», prosigue. «Si la oferta fuera equilibrada o hubiera doble línea como cuando yo estudié esto sería distinto», concluye.

No tienen muy claro qué harán cuando les asignen un centro que no quieren. «Hemos pensado en la opción privada. Con un niño nos lo podríamos permitir, pero con dos -hay un hermanito más pequeño- será imposible. Cada vez cobra más fuerza la idea de irnos a otra comunidad. Aunque sea duro tenemos la suerte de tener posibilidades de movilidad en el trabajo», señala Mari Carmen, que tiene «toda la vida montada aquí». Admite que «sería un trastorno» para ellos, «pero los niños en realidad no lo notarían». Su reflexión parece una forma de consolarse a sí misma.

«Nos da la sensación de que se nos está echando de nuestra casa, que tenemos hipotecada, y de nuestra tierra. Incluso de que a nuestro hijo no le han dado ninguna opción de estudiar con el modelo que queremos para él», concluye la madre, que reconoce que no se esperaba que la situación «hubiera llegado a tanto».

Siete escuelas públicas antes de la aplicación de la ley

Castellón de la Plana es zona valencianoparlante, algo que se traslada a la oferta educativa de la ciudad. Sin embargo, en el curso 2016-2017, cuando todavía se aplicaba el modelo anterior a la Ley de Plurilingüismo aprobada en 2018, aún quedaba oferta pública con el castellano como lengua vehicular. Al menos, es lo que se desprende de los datos que ofrece la Generalitat a través del Portal de Transparencia, que permite consultar el resumen de escolarización de los ejercicios anteriores. En el caso de la capital provincial, en el citado curso había seis centros de titularidad de la Generalitat cuya lengua vehicular era el castellano, sobre todo al disponer de doble programa lingüístico (niños formándose en español con otros haciendo lo propio en valenciano). Es cierto que eran pocos respecto al total, pues hay 36 públicos y siete concertados en la ciudad, aunque sí daban algo más de flexibilidad a las familias que optaban a la admisión. Además, uno de los sostenidos vía concierto, el único que actualmente aplica un proyecto lingüístico basado en el valenciano, también tenía entonces oferta en castellano. Con la Ley de Plurilingüismo los centros han podido elegir en el consejo escolar su modelo. Antes era la administración la que decidía.

Informa Erik Encinas.

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