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Una enmienda de última hora blindó la incompatibidad de las acciones de Ximo Puig

Hubo una enmienda transaccional que elevó del 0,5% al 10% el porcentaje de acciones de los altos cargos en empresas que reciben subvenciones. El PP dice que se han vulnerado dos normas y pide al Consell que sancione al presidente

La proposición de la ley de incompatibilidades y conflicto de intereses presentada por Compromís señalaba que los altos cargos no podrían ser propietarios de participaciones directas o indirectas que superaran el 0,5% de total del accionariado de las sociedades anónimas o el 10% del total de las acciones o participaciones en las sociedades limitadas, que tuvieran conciertos o contratos de cualquier naturaleza en el sector público autonómico o que recibieran subvenciones del sector público. No obstante, esta primera redacción fue enmendada y, tras una transacción técnica, fue aprobada una formulación alternativa que juntaba tanto las participaciones en las SA como en las SL y las elevaba al 10%.

Este cambio final en la normativa que finalmente fue el que se aprobó en las Cortes ha levantado suspicacias en el PP que apuntan que fueron los socialistas quienes modificaron el texto inicial para blindar las acciones del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en Promociones y Ediciones Culturales (Pecsa), la empresa editora del periódico Mediterráneo (un 1,2% del total). La posesión de estos títulos han generado mucho revuelo político después de que el Instituto Valenciano de Finanzas aprobará una ‘quita’ del 70% de la deuda que la empresa tenía con el IVF. No fue una rebaja directa sino que se aprobó una venta del activo deteriorado a un tercero (el grupo Prensa Ibérica) con las condiciones ventajosas que se pactaron con el resto de acreedores.

Sin embargo, en el grupo parlamentario socialista se desentiende de la autoría de la transaccional que elevó a 10% el tope de acciones que podían tener los altos cargos y defienden que su enmienda (la número 17 que fue transaccionada) no decía nada de eso. En Compromís tampoco recuerdan quién fue el impulsor de ese acuerdo que permitió una redacción diferente a la enmienda del PSPV sobre ese artículo y que acabó haciendo que el texto definitivo de la ley de incompatibilidades no obligara a Puig a vender las acciones que adquirió en los años 80, antes de dedicarse a la cosa pública.

Con todo, la portavoz adjunta del grupo parlamentario popular, Eva Ortiz, señaló que el presidente de la Generalitat ha incumplido la citada ley al no abstenerse en el pleno del Consell que aprobó el decreto que facilitó el acuerdo entre el IVF y Prensa Ibérica. El PP defiende que Puig se vio beneficiado de la operación -«no es lo mismo tener unas acciones en una empresa que esta en un concurso de acreedores que tener unos títulos en un grupo saneado», argumentó Ortiz- por lo que tendría que haberse abstenido. Los populares se acogen a las declaraciones del director del IVF que condicionó la venta de la deuda a la aprobación del decreto para ligar el decreto y la operación y señalar que Puig tenía «interés personal en el asunto que se trata». El Consell siempre ha defendido que la norma aprobada regulaba el funcionamiento del IVF y que Puig no votó ninguna venta.

En mitad de esta controversia, el PP quiere que el resto de grupos del Parlamento se mojen y ha registrado una Proposición No de Ley para que «las Cortes insten al Consell a iniciar un procedimiento sancionador contra el presidente de la Generalitat por no haberse abstenido de la votación del Decreto del IVF y por mentir en su declaración de bienes». Ortiz señaló que Puig ha incumplido el Código de Buen Gobierno de su propio gobierno al no actualizar su declaración de bienes aprovechando que, al final de la pasada legislatura y al principio de la actual, tuvo dos oportunidades para hacerlo.

Estas declaraciones molestaron alPSPV. «No vamos a tolerar esta vía. El presidente de la Generalitat jamás ha mentido en su declaración de bienes y exigimos una rectificación al PP y a Eva Ortiz». Así de contundente se mostró el síndic socialista Manolo Mata que recordó que el crédito a Pecsa se lo dio el ex presidente Eduardo Zaplana.

Informa Erik Encinas.

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