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Torra traspasa todas las líneas rojas que justifican la aplicación del artículo 155

Torra acusa al Estado de un montaje contra los terroristas separatistas y exige «explicaciones» a Sánchez

El presidente de la Generalidad, Quim Torra, ha optado por convertir la detención el lunes de nueve activistas independentistas, acusados de planear un atentado en las próximas semanas, en una nueva oportunidad para avivar el enfrentamiento con el Estado. En una carta remitida al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, Torra ha trasladado su «indignación» por lo que considera un montaje de los aparatos judicial y policial para criminalizar al movimiento independentista e «inventar un relato falso de violencia en Cataluña». Con estas declaraciones, ya ha traspasado todas las líneas rojas que justifican el artículo 155 de la Constitución Española, requiriendo un control total de todas las instituciones y servicios públicos (educación, sanidad, policía autonómica, bomberos…)

Torra no ha esperado hasta conocer el contenido de las pruebas recabadas por la Guardia Civil y la Fiscalía de la Audiencia Nacional en un caso que sigue bajo secreto de sumario. Poco más de 24 horas después de la operación que se llevó a cabo en varias localidades barcelonesas, el presidente ha remitido una carta a la Moncloa en la que exige «explicaciones» a Sánchez por la detención de «ciudadanos comprometidos con su sociedad» y lo que considera una suerte de conspiración con participación de múltiples agentes.

Sin pruebas concretas, Torra sostiene que las detenciones son una operación conjunta «judcial-política-mediática» para intentar relacionar a los Comités de Defensa de la República (CDR) con actos violentos. E insiste en la tesis habitual del secesionismo para desvincular a sus activistas de cualquier tipo de altercado: «El independentismo ha sido, es y será un movimiento pacífico y no violento» que busca sus objetivos siempre por «medios democráticos». «Le quiero transmitir mi indignación y la de todo el Gobierno de Cataluña, así como de una parte muy importante de la ciudadanía catalana, por un ejemplo más de la utilización de los aparatos del Estado para una finalidad política de parte», afirma en su misiva Torra.

La denuncia del presidente también señala a las declaraciones que hizo la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, poco después de que se pusieran en marcha las detenciones. Cunillera aseguró ante los medios de comunicación que se trataba de una operación «preventiva» para evitar ataques. No aportó más datos ni reveló detalles. No obstante, a juicio de Torra la postura de Cunillera «no debería ser posible en un verdadero Estado de Derecho».

El lunes por la mañana fueron detenidas en varias localidades nueve personas vinculadas a los CDR. Acusadas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional de preparar atentados en una fecha situada entre el 1 de octubre y la publicación de la sentencia del proceso separatista, siete de los arrestados se encuentran ya en Madrid para prestar declaración ante la Audiencia Nacional. Otras dos fueron puestas en libertad con cargos el mismo lunes por la tarde, una situación que ha avivado las dudas del independentismo sobre si los investigadores cuentan de pruebas para acusarles de ultimar ataques terroristas. En los diez registros llevados a cabo en casas y locales, se localizaron productos susceptibles de ser usados en la fabricación de explosivos, aunque no consta aún la existencia de ningún artefacto listo para ser utilizado.

Desde que se conocieron las detenciones, el independentismo en bloque ha insistido en poner en duda las acusaciones contra los arrestados. Además de Torra, sus socios de ERC en el Gobierno regional también sostienen que «alguien del Estado» intenta vincular al separatismo catalán con el terrorismo, aunque evitan ir tan lejos como el presidente. Sin embargo, se ha visto que el separatismo considerado por algunos moderado, no admite que se hayan detenido terroristas y rebajan la crítica situación de Cataluña.

Para menoscabar la investigación que durante más de un año ha llevado a cabo la Guardia Civil, el portavoz de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, sí recordó un caso con algunos puntos similares. En 2003 varias personas fueron detenidas, acusadas de preparar atentados de naturaleza islamista. En los registros realizados, los agentes encontraron sustancias que, inicialmente, se relacionaron con la fabricación de explosivos. Finalmente, sin embargo, se acabó demostrando que se trataba de detergente y los arrestados fueron absueltos. Rufián sí evitó especificar si cree que las acusaciones carecen de fundamento, aunque denunció que «según quién del Estado» tiene «muchísimas ganas» de vincular secesionismo y violencia.

Informa Erik Encinas.

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