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Solo Alicante 4.300 negocios y 15.000 empleos de hostelería al punto del abismo

Las restricciones impuestas para frenar la pandemia, los estrictos protocolos sanitarios y el miedo de muchos ciudadanos al virus ha provocado una caída en picado del consumo, agravada en las últimas semanas tras decretarse el cierre total de la hostelería.

Todo ello, unido a la falta de un plan de ayudas real y efectivo, que sigue sin despegar tras once meses de crisis sanitaria, ha puesto al borde del precipicio a miles de bares, restaurantes y cafeterías. Sólo en la provincia de Alicante, 4.300 negocios del sector luchan ahora por su supervivencia, según las estimaciones de la Federación Empresarial de Hostelería (Conhostur), lo que podría desembocar en la destrucción de cerca de 15.000 empleos. Así al menos lo estima la patronal autonómica, que aglutina a las principales empresas y cuyos estudios indican que el 30% de sus negocios han echado o echarán definitivamente el cierre por las pérdidas que arrastran desde que el nuevo coronavirus irrumpió en nuestras vidas.

La grave situación por la que atraviesa este sector amenaza, además, con dejar efectos devastadores sobre el conjunto de la economía de la provincia, donde el peso de la hostelería es innegable. Más de 40.000 alicantinos tienen un empleo directamente relacionado con el sector, del que también dependen de manera indirecta varias decenas de miles de puestos de trabajo más: desde la ganadería al transporte de mercancías, la agricultura, la pesca, la distribución de bebidas y un largo etcétera de proveedores.

Con todos ellos, los hosteleros mantienen una deuda acumulada en los últimos meses de 150 millones de euros que no saben cuándo podrán cobrar. Así lo escenificaron este jueves ante las puertas de la Delegación del Consell en Alicante, en una protesta donde los empresarios del sector lanzaron facturas para hacer visible las dificultades para atender sus obligaciones: los mismos gastos fijos, pero con cero ingresos.

Más números que ayudan a hacerse una idea del peso de la hostelería en la provincia. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), antes de que estallara la pandemia de covid-19 existían algo más de 14.300 bares y restaurantes, lo que convierte a Alicante en la cuarta provincia en España con un mayor número de establecimientos de restauración, por detrás de Madrid, Barcelona y Valencia. Dicho de otra forma, hay aproximadamente un bar por cada 132 ciudadanos. Pero la cifra cobra todavía más peso si atendemos a localidades concretas. En Benidorm, por ejemplo, hay censados 1.192 negocios hosteleros, uno por cada 58 vecinos. Y aún llama más la atención lo que ocurre en algunas pequeñas poblaciones, como el Castell de Guadalest, donde con poco más de 200 habitantes hay 21 locales, uno por cada diez habitantes.

El sector aporta en conjunto, sumando también al turismo, cerca del 14% del Producto Interior Bruto (PIB) alicantino, lo que se traduce en más de 12.800 millones de euros. Pero su facturación lleva meses cayendo en picado, básicamente por tres factores: el retroceso en el consumo interno, la falta de turistas internacionales y los cierres que han tenido que ejecutar los propios empresarios, de forma voluntaria por la falta de negocio o forzados por la escalada de los contagios. Con todo, un informe del Consell cifra en 9.200 millones las pérdidas provocadas por el coronavirus en la hostelería durante el año 2020, con un descenso de más del 70% de su actividad, lo que constata sin duda alguna que la actual crisis le ha golpeado más que a ningún otro sector productivo.

El salvavidas de los ERTE

En el año de la pandemia, la provincia destruyó un total de 37.984 empleos, hasta alcanzar la friolera de 189.379 parados en el mes de enero, según los últimos datos sobre el mercado laboral difundidos por el Ministerio de Trabajo. El sector servicios, donde se enmarca la hostelería, fue donde más creció el paro. Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) han sido un salvavidas para evitar que esta destrucción fuera todavía mayor. A falta de conocer los datos oficiales sobre el efecto que el cierre total de la hostelería ordenado por la Generalitat desde el 21 de enero ha tenido realmente en los oficios relacionados con la restauración, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante (Aphea) cifra en 40.000 el número de trabajadores abocados a un ERTE por estas restricciones, que se extenderán, al menos, hasta el próximo 1 de marzo, cuando se prevé que comience la desescalada. Todos ellos se sumarían a los 25.673 empleados que ya estaban afectados por esta medida al finalizar enero, 2.307 más que en diciembre pero cuyo incremento no recogía todavía en su totalidad el impacto del cerrojazo a los bares.

Un plan de rescate insuficiente

Ahora bien, aunque sin duda las regulaciones temporales de empleo han sido un balón de oxígeno para muchas empresas, hosteleros, economistas y sindicatos coinciden en afirmar que el Estado se ha quedado corto en su plan de rescate anunciado para el sector. Muy corto. No hay organización empresarial que no haya alzado la voz para urgir al Gobierno a materializar ayudas económicas directas más allá de créditos con el aval del ICO: desde la Confederación Empresarial de la Comunitat (CEV) a organizaciones sectoriales como Conhostur, la Federación Empresarial de Hostelería de la Provincia de Alicante (Fehpa), la patronal turística Hosbec o las asociaciones de las principales ciudades de la provincia, entre otras.

«El apoyo económico del Gobierno ha sido pobre. Los ERTE están muy bien, pero no se puede ver todo reducido a eso», alerta Ignacio Jiménez Raneda, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Alicante (UA). Quien fuera rector de la institución académica entre 2005 y 2012, considera que las restricciones deberían haber venido acompañadas de una mayor valentía por parte del Gobierno central para articular ayudas, aun a costa de generar más deuda. «El Estado es el único con capacidad de endeudarse en los mercados internacionales y lo tendría que haber hecho» afirma el catedrático, que agrega que, aunque las medidas articuladas por Alemania son el ejemplo –ha destinado el 5% de su PIB para paliar los efectos de la pandemia frente al 1% de España– «hay muchas situaciones intermedias entre lo que ha hecho aquel país y lo que hemos hecho nosotros, pero no se ha hecho nada».

José María Gómez Gras, catedrático del área de Organización de Empresas de la Universidad Miguel Hernández (UMH) traslada una opinión similar. A su juicio, «algunos países se han tomado bastante más en serio las compensaciones ante una evidente problemática como es la convivencia entre lo económico y lo sanitario», algo que según el economista se ha focalizado principalmente en la hostelería por ser una actividad que propicia las relaciones sociales, pero que ha acabado por golpear de manera sin precedentes al sector.

El responsable de Hostelería, Turismo y Juego de la Unión General de Trabajadores (UGT), Manuel Ramón, se pregunta cómo es posible que «el rescate para los bancos se hiciera en 24 horas pero para la hostelería siga aún sin llegar», a la vez que alerta de que la falta de ayudas directas y de una potente inyección de fondos «tendrá una repercusión mucho más negativa en el empleo, las cotizaciones a la Seguridad Social, las pensiones, las prestaciones, la recaudación de impuestos,…». Por eso, cree que las administraciones públicas deben reaccionar ya, de inmediato, y «poner todos los medios para evitar la desaparición de más empresas y levantar a la hostelería y a sus trabajadores», muchos de los cuales partían de unas condiciones pre-covid tan precarias que difícilmente podrán soportar más tiempo en las condiciones actuales.

Por su parte, Patricia Carrillo, la secretaria general de la Federación de Servicios de CC OO en Alicante, apunta que, si bien los ERTEs han permitido mantener el empleo, «el grado de protección no ha sido total por la precariedad existente en la contratación y el gran peso del trabajo no declarado». Por eso, aboga por que la salida de la crisis ha de llevarse a cabo «con un objetivo diferente al de volver a la situación anterior de precariedad y bajos salarios» e insta a la Generalitat a que «lidere los espacios de diálogo social para recomponer unas relaciones laborales muy desiguales».

Las claves para sobrevivir

¿Qué le depara el futuro a la hostelería? La respuesta a esta pregunta es difícil de predecir, aunque los expertos consultados por este diario dan por seguras dos claves básicas para, al menos, poder reconstruir ese futuro: el control de la pandemia en un plazo más o menos prudencial y que la vacunación tome velocidad. «Si empiezan a llegar vacunas y esto ayuda a que no se vuelvan a descontrolar los contagios, en muy poco tiempo la situación podría empezar a recuperar cierta normalidad», augura el sindicalista Manuel Ramón.

Por su parte, López Gras considera que, además, las ayudas que acaben llegando también serán determinantes. «Si no hay ayudas, la estimación de que cierren un 30% de los negocios se quedaría cortísima, pero si se inyecta dinero en el sector, la cifra acabará siendo muy inferior». El profesor de la UMH alerta también de que la recuperación está en la mano de todos, «de cómo nos comportemos en la desescalada y de que se sigan manteniendo ciertas precauciones». Y augura que, si se dan todas estas condiciones, podríamos asistir a la famosa recuperación en V o, lo que en el argot económico también se conoce como «efecto champán». Justo lo que muchos estamos esperando.

Desescalada Una apertura en fases, de las terrazas al interior

El plan de desescalada sobre el que trabaja la Generalitat Valenciana a partir del 1 de marzo no prevé la reapertura total de la hostelería de la noche a la mañana. Así no anunció esta semana la consellera de Sanidad, Ana Barceló, que avanzó que la reapertura se hará escalonada y empezando por las terrazas al ser espacios abiertos. El sector, no obstante, se opone a la reapertura gradual y pide abrir las terrazas al 100% de aforo y al 50% en el interior. El Consell definirá las fases en los próximos días.

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