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«Sois unos carroñeros»: el principal acusado del crimen de Polop estalla contra los medios

El acusado como autor intelectual del asesinato del alcalde de Polop Alejandro Ponsoda a tiros en 2007, Juan Cano, ha estallado este lunes contra los medios de comunicación acusándoles de ser «unos carroñeros».

El jurado inicia las deliberaciones para su veredicto sobre el asesinato a tiros del alcalde en 2007

El acusado como autor intelectual del asesinato del alcalde de Polop Alejandro Ponsoda a tiros en 2007, Juan Cano, ha estallado este lunes contra los medios de comunicación acusándoles de ser «unos carroñeros». El jurado popular delibera desde las 13 horas para dictaminar su inocencia o culpabilidad, junto a otros seis acusados por su presunta implicación, con penas de cárcel solicitadas de entre 25 y 27 años.

Es una más de las sorpresas que ha dado el principal sospechoso de este caso, que a lo largo del largo juicio también ha declarado que dio dinero bajo manga -arriesgándose a una condena por prevaricación– a las dos hijas de la víctima e hizo la vista gorda para que una de ellas tuviera contrato fijo en el Ayuntamiento. O también, que iba a rezar en secreto al cementerio a la tumba del difunto, que había sido su compañero de partido.

Los seis hombres y tres mujeres que deben decidir sobre el futuro penal del entonces concejal de Urbanismo y sucesor en la alcaldía, así como un empresario del calzado, el gerente y el dueño de un club de alterne y los tres considerados sicarios, han sido apercibidos por la presidenta del tribunal, la magistrada Cristina Costa, de los requisitos legales que debe cumplir su conclusión.

Así, les ha hecho entrega del objeto del veredicto, después de concertar con la Fiscalía, la acusación particular y las defensas de los siete acusados la redacción de las 38 preguntas o proposiciones a las que se debe dar respuesta motivada para poder dictar una sentencia fundamentada.

«Porque, de lo contrario, les tendré que devolver el objeto del veredicto”, les ha recordado la presidenta del tribunal al dar las habituales instrucciones por las que se debe regir el proceso de deliberación.

Motivación clara

En esas explicaciones, la magistrada ha insistido en que se deben valorar todas las pruebas aportadas en la instrucción y durante el desarrollo de la vista, que no han sido impugnadas por las partes, “sin evaluar opiniones, sino hechos”, y siempre teniendo en cuenta “el principio de la presunción de inocencia por el que se rige el sistema penal en nuestro país”.

Para considerar cada una de las proposiciones incluidas en el objeto del veredicto, los jurados deben sumar al menos siete votos en cuestiones que resulten desfavorables para los acusados, y cinco cuando se trate de cuestiones favorables. A partir de este momento, los componentes del jurado quedan incomunicados hasta que emitan su veredicto.

El juicio se dirige contra el sucesor de Ponsoda en la Alcaldía, el también ‘popular’ Juan Cano, a quien la Fiscalía considera presunto inductor del crimen. A su juicio, Cano pudo actuar movido por su ambición política para ejercer el control sobre las decisiones sobre el municipio.

                      Los siete acusados del crimen (al fondo), detrás de sus abogados defensores, este lunes en el juicio en Alicante
Los siete acusados del crimen (al fondo), detrás de sus abogados defensores, este lunes en el juicio en Alicante – EFE

Junto a Cano se sientan en el banquillo de los acusados el empresario Salvador Ros, el propietario y el gerente del club de alterne Mesalina en el que supuestamente se urdió el asesinato, Pedro Hermosilla y Ariel Gatto, respectivamente, y los tres presuntos sicarios a los que se contrató para que efectuasen los disparos: Radim Rakowski, Robert Franek y Raúl Montero.

La Fiscalía y la acusación particular, ejercida por los familiares de Ponsoda, solicitan penas de 25 años de prisión para Cano, Ros, Hermosilla y Gatto como inductores del delito de asesinato, como apunta el sumario, a partir de la investigación desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La petición se eleva hasta los 27 años para los tres supuestos sicarios, a quienes, además, se considera responsables de un delito de tenencia ilícita de armas.

Las defensas, por su parte, piden la libre absolución de los siete procesados al considerar que no tuvieron ninguna participación en la muerte de Ponsoda. En esa línea inciden en que no existe ninguna evidencia directa de que pudiesen haberse visto implicados en esos hechos.

En el desarrollo del juicio, que se ha prolongado durante tres semanas, las defensas trataron de desacreditar la versión ofrecida por un testigo protegido, quien declaró ante los investigadores que le habían ofrecido inicialmente a él la posibilidad de ejecutar el asesinato.

 

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