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Sánchez pretende sortear la ley presupuestaria para dar 100 millones contra la violencia de género

El Gobierno de Pedro Sánchez quiere sortear un artículo de la ley presupuestaria para asegurar que este año las comunidades autónomas reciban otros 100 millones de euros para la lucha contra la violencia de género. La ley presupuestaria obliga el Estado a entregar subvenciones en función de lo que las regiones pueden ejecutar. En el caso de las medidas contra la violencia de género, esa cifra el año pasado fue del 30% de lo entregado, según datos oficiales. El decreto del Gobierno al que ha tenido acceso algunos medios plantea la «urgencia» de la crisis de la Covid-19 para ignorar las normas de racionalización del gasto público.

La entrega de esos 100 millones de euros se enmarca en la estrategia lanzada hace un año por Carmen Calvo, exministra de Igualdad, para mejorar la respuesta institucional y permitir el acceso a los beneficios y derechos sociolaborales de las víctimas sin supeditarlo a la judicialización del caso. El crédito tiene que ser destinado al mantenimiento y mejora de las redes de recursos y servicios sociales de atención a las víctimas, en particular a las mujeres en situación de vulnerabilidad, campañas de sensibilización y prevención, entre otras iniciativas.

No obstante, a lo largo del año pasado, el Gobierno ha recibido datos contradictorios por parte de las comunidades autónomas. Las regiones solo ejecutaron, según la memoria del nuevo decreto ley, poco más del 30% de los 100 millones presupuestados. Al tratarse de una subvención, el dinero no ejecutado se queda en las arcas de las comunidades, y por ello la Ley presupuestaria (47/2003, en su artículo 86) establece que el año siguiente el Ejecutivo solo entregue una suma correspondiente a la ejecutada el año anterior.

Pero el Ejecutivo no está dispuesto a que esa cifra se reduzca, incluso en la situación actual de casi recesión y con duras previsiones de pérdida de empleo. 

Racionalización del gasto en la crisis

La filosofía de la ley presupuestaria atañe a la racionalización del gasto público, vinculado a la capacidad efectiva de cada Comunidad de ejecutar lo que recibe por el Estado en el marco de sus finalidades. Ahora, sin embargo, el Gobierno de Sánchez habla de «urgencia» y «extraordinaria necesidad» para sortear la normativa, y evitar traicionar el espíritu feminista que ha defendido en sus campañas electorales hasta la manifestación del 8-M celebrada en plena escalada del contagio. 

El decreto ley sobre la violencia de género así lo declara: “Con la finalidad de evitar tal descuento, que sería tan perjudicial para la lucha contra la violencia de género, facilitar la ejecución de los fondos transferidos en los últimos trimestres del año, y la propia necesidad de celebrar cuanto antes la Conferencia Sectorial de Igualdad en la que se formalice la distribución de los fondos para 2020, quedan suficientemente acreditadas las razones de urgente y extraordinaria necesidad que justifican la medida adoptada mediante el presente real decreto-ley”.

Según la memoria económica del decreto establece que en 2019 al menos diez Comunidades Autónomas dejaron sin ejecutar más de la mitad de los fondos recibidos. Se trata por ejemplo de Galicia, Andalucía, Madrid, Cataluña y Canarias, entre otras. La más cumplidora fue Castilla y León (100% del gasto), y aunque Castilla-La Mancha aparezca con un desembolso nulo, fuentes del gobierno de Emiliano García-Page sostienen que ejecutaron el 97% del dinero recibido pero que el Gobierno todavía no lo ha registrado.  

La urgencia planteada por el Ejecutivo de Sánchez, además de evitar el cálculo moldeado sobre el gasto real de las Comunidades, no incluye menciones sobre la crisis económica derivada del parón de la economía en las más de 30 páginas del informe. Cabe señalar que cuando una Comunidad Autónoma no se gasta todo el monto recibido, al tratarse de una subvención, puede guardar su dinero en sus arcas. Es decir que entre asegurar la inyección de dinero y garantizar su eficacia, el Gobierno ha apostado por el primer criterio, incluso en la crisis del coronavirus.

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