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Pensiones: Lo que los partidos se callan del Pacto de Toledo

Pensiones: Lo que los partidos se callan del Pacto de Toledo

El Pacto vuelve a la casilla de salida de hace un año con las mismas incógnitas

Un año después de su sonado fracaso, la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo ha echado a andar de nuevo este martes, bajo la presidencia de la exministra Magdalena Valerio, con nuevos portavoces de los grupos políticos, con el estreno de Vox (única formación partidaria de desmantelar el sistema público y avanzar hacia un sistema mixto), con muy pocas certezas y las mismas incógnitas de hace un año.

«Prefiero ser prudente y no plantearme excesivos horizontes», ha declarado Valerio, anticipando que trabajarán «sin prisa, pero sin pausa», sin querer marcarse plazos ni fechas, salvo la del 5 de marzo, cuando la comisión recibirá al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá . Lo único que se sabe con certeza es que las negociaciones comenzarán a partir del preacuerdo alcanzado por los grupos hace un año, antes de disolverse de la noche a la mañana antes de la convocatoria de las elecciones generales de abril.

Lo que cuentan…

En su primera reunión, este martes, los portavoces de los partidos en el Pacto de Toledo han dejado entrever que hay tres recomendaciones con amplio respaldo de las formaciones: la revalorización de las pensiones en función del IPC, la suficiencia de las pensiones y la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social, tal y como han revelado María Muñoz , portavoz de Ciudadanos, o Jordi Salvador , portavoz de ERC. La representante socialista de la Comisión, Mercé Perea, ha subrayado que el punto de partida es positivo, mientras el portavoz del PP, Tomás Cabezón, ha recordado que Pablo Casado ha ofrecido un Pacto de Estado en las pensiones, y el diputado de Vox, Pablo Sáez, ha asegurado que irán debatiendo una a una todas las medidas que dejaron redactadas para «actualizarse».

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; y la diputada del PSOE y exministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; y la presidenta del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio.

¿Qué significa separar fuentes de financiación? Entre otras medidas, sacar gastos de la caja de la Seguridad Social que consideran que no deberían costearse con cotizaciones, algunos de ellos, gastos «impropios» que el propio ministro Escrivá se plantea revisar para atajar el déficit de la Seguridad Social. Tal y como asegura el economista José Antonio Herce , vocal del Foro de Expertos del Instituto Santalucía , «si el ministro consiguiera de este modo recortar el déficit en 7.000-8.000 millones de euros, se anotaría un tanto muy importante, pero ese trasvase de gasto no sanearía el sistema, simplemente traspasaría el problema a los Presupuestos del Estado».

Lo que callan…

Aunque los portavoces de los partidos han señalado este martes que no ha habido voces disconformes con lo planteado por la presidenta del Pacto, la exministra de Trabajo Magdalena Valerio, se esperan disensiones por parte de Vox, cuyo secretario general, Javier Ortega Smith, atacaba con dureza el Pacto de Toledo en noviembre pasado tildándolo de «una auténtica mentira, un pacto de silencio entre sindicatos y partidos para no contar la verdad» de cómo está el sistema de pensiones (a su entender, quebrado).

Además del capítulo de financiación de las pensiones, existen medidas muy controvertidas sobre las que, de momento, ni Valerio, ni el ministro Escrivá, ni los portavoces se han pronunciado. Por ejemplo, los incentivos o penalizaciones para lograr que la edad real de jubilación (ahora en torno a los 63 años) se aproxime cada vez más a los 65 o a los 67 oficiales en 2027. También polémica puede resultar una eventual discusión sobre la extensión del cálculo de la pensión de jubilación a toda la vida laboral. 

Y, por supuesto, ¿qué pasará con las pensiones de viudedad, orfandad y a favor de familiares? Uno de los temas espinosos sobre la mesa del Pacto de Toledo es la reforma (o no) de las pensiones de viudedad, la segunda mayor fuente de gasto en pensiones públicas después de las de jubilación. Para Emilio J. González, profesor de Economía de Comillas-Icade, uno de los desafíos de la comisión es «cómo mantener equilibradas las cuentas de la Seguridad Social. Una de las posibles actuaciones sería revisar las pensiones de viudedad y concederlas nada más a quien no tenga otros recursos o carezca de rentas suficientes». Y otra posible medida sería «sacar de la Seguridad Social todo lo que no sean pensiones contributivas, lo cual puede resultar polémico porque el Estado tendría que hacerse cargo de ellas. Ahora bien, la Seguridad Social es un sistema contributivo y esas pensiones, por tanto, nunca deberían haber pasado a formar parte de él. La política social tiene que hacerse con cargo al Estado, no a la Seguridad Social», afirma González.

El economista José Antonio Herce lo tiene claro: «Sacar las pensiones de viudedad de la caja de la Seguridad Social no tendría sentido, porque hoy por hoy son pensiones contributivas y como tal deben tratarse y financiarse, salvo que se cambiara la ley; pero eso ya sería otro cantar».

La subida de las pensiones mínimas, asunto delicado por concretar

La subida de las pensiones mínimas y su impacto en las cuentas de la Seguridad Social es otro asunto peliagudo. Los pensionistas exigen que a medio plazo la pensión mínima contributiva suba hasta el entorno de los 950 euros, y que no haya ninguna prestación por debajo del umbral de la pobreza que marca la Carta Social Europea, tal como expone Anatolio Díez, secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, UJP-UGT, para quien el Pacto de Toledo debe dar respuesta, a prioridades básicas y a cortísimo plazo. «La revalorización con el IPC real, la eliminación del factor de sostenibilidad, la derogación de la reforma de 2013, el equilibrio financiero y aplicar un incremento superior a las pensiones mínimas» son asuntos cruciales para los pensionistas y para el sistema público, y de momento no se han abordado.

Pensionistas
Manifestación de pensionistas.

«Somos conscientes de que esto es costoso y difícil, pero hay que lograrlo. Nosotros proponemos que en un periodo de 6 a 8 años las pensiones no queden por debajo de ese umbral de la pobreza”, remacha Díez, quien resalta su «desacuerdo con otros temas a debate en el Pacto de Toledo, como tocar la edad de jubilación, el periodo de cálculo, replantear la viudedad… en esto no estamos de acuerdo, ni tampoco en modificar el sistema de reparto actual para implantar fórmulas como la mochila austriaca o las cuentas nacionales, que defienden partidos como PP o Ciudadanos, e incluso algún miembro del Gobierno», detalla Anatolio Díez.

La Coordinadora por la Defensa de las Pensiones, contra el Pacto de Toledo

La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe, critica con dureza el Pacto de Toledo por “inútil”, pues consideran que los partidos lo utilizan para “repartirse cuotas de poder”. Uno de los reproches que le lanzan es que «el Fondo de Reserva siguió creciendo hasta finales de 2011, pero cuando la estabilidad laboral y los salarios pasaron a mejor vida, debido a las reformas laborales, el Fondo de Reserva, que llegó a acumular casi 70.000 millones de euros, el gobierno del Partido Popular lo gastó prácticamente en cuatro años en contra de la Ley, que no permitía la utilización de más de un 3%, y sobre lo que la Comisión del Pacto de Toledo no dijo absolutamente nada».

En un manifiesto que entregó recientemente a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, Coespe exponía que el Pacto de Toledo «ni tan siquiera ha sabido ver la injusticia cometida con el cálculo de las pensiones en torno a los contratos a tiempo parcial y ha tenido que ser el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el que dictaminara al respecto».

 

Coespe
Manifestación de la Coordinadora de Pensionistas en Defensa del Sistema Público de Pensiones.

Para Coespe, la cuantía mínima de todas las pensiones debería ir aumentando progresivamente hasta llegar a 1.084 euros al final de la presente legislatura. Una pensión mínima que sería independiente de lo que la persona haya cotizado (aunque nunca se haya aportado nada). Esta pensión debería ser garantizada por el Estado y revalorizada con el IPC.

Las  reivindicaciones básicas de la Coordinadora Estatal para apuntalar el futuro de las pensiones son éstas:

– Pensión mínima de 1.084 euros que garantice con dignidad la vida en relación a criterios de la Carta Social Europea.

– Revalorización automática de las pensiones con relación al IPC real.

– Recuperación económica de lo perdido desde el año 2011.

– Recoger las pensiones como un derecho constitucional, e incluir las mismas en los Presupuestos Generales del Estado.

– Restablecer la jubilación ordinaria a los 65 años.

– Jubilación anticipada sin penalizar con 40 o más años cotizados, es decir, cobrar el cien por cien de la pensión que corresponda.

Necesidad de un Pacto de Estado sobre pensiones

Desde la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) reclaman el blindaje de las pensiones en la Constitución y varias medidas que pasan por “garantizar una subida anual de las pensiones según el incremento del IPC, igualar las pensiones mínimas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), permitir la compatibilización de las pensiones con el empleo post-jubilación y que el Pacto de Toledo sume también a sus reuniones a representantes de las personas mayores a través de sus asociaciones mayoritarias”, según aseguraba Paca Tricio, presidenta de UDP, recientemente a 65Ymas.

Es imprescindible un nuevo pacto de Estado sobre las pensiones, con análisis de todos los elementos que intervienen: situación económica, financiera, social y demográfica, con el claro compromiso de preservar un derecho y un modelo solidario que no deje a ninguna persona fuera del estado de bienestar.

Principales puntos del preacuerdo cuando el Pacto se rompió

1) Revalorización de las pensiones: en función del IPC real.

2) Período de cálculo para el importe de las pensiones: Valorar la ampliación más allá de 25 años (previstos para 2022), llegando incluso a toda la vida laboral.

3) Edad de jubilación: Acercar la edad real de jubilación real (no llega a los 63 años) a la edad legal (en 2020 la edad ordinaria son 65 años y 10 meses para quienes tengan menos de 37 años cotizados), con estudio de posible endurecimiento del retiro anticipado.

4) Pensiones mínimas: Incremento hasta un umbral mínimo, pero de forma equilibrada, para no desincentivar la cotización.

5) Viudedad: Subir las que reciben los mayores de 65 años para quienes son su principal fuente de ingresos; pero fijar una prueba de rentas que evalúe la situación financiera de la unidad familiar para los otros casos. Valorar que las mejoras en la base reguladora se financien mediante transferencias del Estado.

6) Déficit de la Seguridad Social: Terminar con el déficit y con la política de préstamos del Estado en 2025 y valorar que el Estado financie los déficit de los regímenes especiales.

7) Aportación del SEPE: Redistribuir los porcentajes de cotizaciones sociales subiendo las destinadas a las pensiones y bajando las dirigidas al SEPE (Servicio Público de Empleo).

8) Suficiencia: Concretar qué es una pensión suficiente, con un mecanismo que puede ser una tasa de sustitución que relacione la pensión media del sistema con el salario medio de los trabajadores.

9) Deuda histórica: Resolver la situación de los préstamos concedidos por el Estado a la Seguridad Social, analizando compensarlos con el traspaso de patrimonio e inmuebles a las administraciones (Comunidades Autónomas) sin menoscabo de los derechos económico-patrimoniales de la Seguridad Social.

10) Fondo de Reserva: Situar su dotación mínima en el 7% del gasto anual en pensiones contributivas y sujetarlo a una regla endurecida de disponibilidad

 

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