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Orihuela liquida el presupuesto de 2019 con un superávit de 19 millones

El alcalde está a la espera de que el Gobierno autorice destinar un 20% de esta cantidad a gasto social.

El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, y el concejal de Hacienda, Rafael Almagro, informaron este viernes de la liquidación de la cuenta general de 2019 que se han cerrado con un resultado presupuestario ajustado (superávit) de 19.375.030 euros y un remanente de tesorería ajustado de 21.495.926 euros.

Asimismo, el Ayuntamiento de Orihuela cumple actualmente con las reglas de Estabilidad Presupuestaria; Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP); Regla de Gasto; y tiene una deuda con los bancos de 14 millones de euros a fecha de 31 de diciembre de 2019, lo que supone una reducción de la deuda en 30 millones de euros con respecto al año 2014, cuando ascendía hasta los 44 millones.

Bascuñana destacó también que «las cuentas del ayuntamiento se encuentran totalmente saneadas tras varios años de esfuerzo y de mucho trabajo que hemos realizado, a pesar de la situación encontrada al gobierno en 2015», e insistió en que «somos un Ayuntamiento ejemplar y nuestra gestión responsable en materia económica nos proporciona unas cuentas saneadas, lo que nos permite paliar los efectos negativos de esta crisis sanitaria que estamos viviendo».

Según el primer edil, «tenemos la oportunidad de poder invertir, si el gobierno lo autoriza, hasta un máximo del 20% del superávit a medidas para paliar la actual situación de crisis que estamos viviendo por el Covid-19». En este sentido, Barcuñana enumeró diferentes medidas que el Ayuntamiento puede adoptar, que «consisten principalmente en la ayuda y apoyo a los colectivos más vulnerables».

El alcalde manifestó que algunas de estas medidas serán reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario; determinar los servicios esenciales para la población en sus domicilios; reforzar los dispositivos para la atención a las personas sin hogar; reforzar las plantillas de centros de Servicios Sociales y centros residenciales; adquisición de medios de protección; y ampliar de partidas necesarias la ayuda a las familias.

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