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Oltra admite que un informe exculpatorio no fue aportado a la causa de su ex marido condenado por abuso sexual

Oltra admite que un informe exculpatorio no fue aportado a la causa de su ex marido condenado por abuso sexual

La vicepresidenta del Consell y consellera de Políticas Inclusivas dictará una instrucción para que cualquier documento o informe ligado a causas de posibles abusos a menores se remita de oficio a la Fiscalía y al Juzgado. Alega que el informe sobre el educador condenado «no se solicitó» formalmente.

La vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha anunciado este viernes su intención de dictar una instrucción para que todos los informes relativos a casos de posibles abusos a menores de los que disponga la Administración autonómica se envíen, de oficio, a la Fiscalía de Menores y al juzgado correspondiente. La instrucción afectará a «cualquier prueba o documento que tenga conectividad con algún caso» tanto si tienen carácter condenatorio como exculpatorio para la persona involucrada.

Oltra ha hecho este anuncio al ser preguntada, durante la rueda de prensa posterior al último pleno del Consell del año, por el recurso presentado por la defensa de su ex marido, tras ser condenado por la Audiencia de Provincial de Valencia a cinco años de prisión y 10 de inhabilitación por haber abusado de una menor tutelada por la Generalitat en un centro de acogida del barrio de Campanar, en Valencia, entre finales de 2016 y principios de 2017.

En el citado recurso, adelantado por Las Provincias, la defensa del condenado alude a la situación de «indefensión» en que quedó por el hecho de que dos informes periciales que cuestionaban la veracidad del testimonio de la víctima no fueron incluidos en la causa, una circunstancia que, aparentemente, podría haberse producido por «falta de diligencia» de la conselleria que dirige Mónica Oltra y de la Fiscalía de Menores.

El recurso plantea que se celebre una vista para incluir esos informes y declaren sus autores en sede judicial. Incluso que se repita el juicio. Preguntada por ello, Oltra ha admitido este viernes que hay un documento que no llegó a la Fiscalía, pero «ese informe, como tal, a la conselleria no se le solicitó».

La sentencia considera probado que Luis Eduardo R. I. entraba en la habitación de la menor, que entonces tenía 13 años y a la que castigaban en una habitación individual «por llegar tarde, hacer ruido y hablar por las noches». Lo hacía a petición de la propia menor «por la dificultad para conciliar el sueño por sus miedos», e incluso «le pedía que le hiciera un masaje en la zona del cuello y la espalda».

Y prosigue: «Una vez creía que se hallaba dormida, cogía la mano de la niña y se masturbaba», indica el fallo de la Sección Segunda, que considera probado que ocurrió en, al menos, una decena de ocasiones. Ella, «ante la vergüenza» se hacía la dormida.

La Sala incide en que la menor tuvo «una dificultad añadida» a la hora de formular su denuncia «ante el temor de no ser creída» porque «el acusado mantenía, al parecer, en la fecha de los hechos, una relación de parentesco con un alto cargo de la Generalitat algo que era conocido por todos en el centro».

La sentencia alude a esta circunstancia y explica: «Relata que un monitor, un tal D. del cual no quiere decir más datos y del que le cuesta hablar por el temor que este les suscita que tiene un familiar que es un cargo importante dentro de una Conselleria y que la misma sale por la tele, hace aproximadamente 2-3 meses abusó sexualmente de ella.

«Una noche mientras este pensaba que estaba dormida procedió a cogerme la manos y hacerse una gayola», recoge una ‘nota informativa’ de la Policía Nacional el 22 de junio de 2017 que da origen al proceso judicial y que consta en la sentencia. Ni el centro ni los psicólogos de la conselleria activaron ningún protocolo ante la Fiscalía de Menores.

En la vista oral de la causa se conocieron dos dictámenes. Primero, el de una forense que dio credibilidad al relato de supuestos abusos a la víctima. Después, el de una psicóloga asignada por la Dirección Territorial de la Conselleria de Políticas Inclusivas que aportaba una visión radicalmente distinta.

Sin embargo, según el recurso presentado por el condenado, no se aportó un informe del Instituto Espill que restaba credibilidad a la víctima porque no apreciaba «realismo» y «coherencia» en su relato y que fue reclamado por la Fiscalía de Menores sin que la Generalitat lo llegara a enviar.

Ahora parece que la vicepresidenta Oltra quiere resolver la ausencia de un protocolo claro que obligue a entregar esa documentación de manera automática, es decir, sin que se requiera formalmente. La vicepresidenta admite que, hasta ahora, «desgraciadamente no hay normativa sobre esto».

A su juicio, hay «una idea muy extendida» en la sociedad de que a Fiscalía «solo deben llegar los indicios o testimonios que confirman las sospechas de un delito» ya que se piensa que el ministerio público es «el acusador» cuando «en nuestro sistema es el órgano de defensa del interés general, que no tiene que ser siempre el acusador».

Mónica Oltra admite que esta filosofía «extendida» es lo que provoca que «todo lo que no sea inculpatorio» se considere que no hay por qué enviarlo a Fiscalía y «probablemente eso motiva que algunos informes no se enviaran porque no confirmaban la comisión de delito».

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