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Ofensiva del Consell y del PSPV para proteger al presidente Ximo Puig

Impiden su comparecencia sobre el posible conflicto de intereses por sus acciones en un diario

El Consell y el PSPV han movido varias fichas para tratar de proteger al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ante la presión mediática y política por el posible conflicto de intereses en el que podría haber incurrido por su participación accionarial en la editora del diario Mediterráneo de Castellón, hasta hace poco propiedad del Grupo Zeta, y su reciente adquisición por Editorial Prensa Ibérica, editora de Levante e Información.

La más llamativa de las maniobras se produjo ayer en la Junta de Portavoces de las Cortes Valencianas, en la que el Grupo Parlamentario socialista realizó un ejercicio sin precedentes en la historia parlamentaria valenciana.

Los socialistas han impuesto la reapertura del periodo de sesiones del Parlamento -que por reglamento está concluido- para que se pueda reunir la comisión de Economía y comparezca en ella el director del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca. La idea es que sea él quien dé explicaciones sobre la operación de quita de 1,3 millones de euros aprobada por el banco público valenciano en favor del grupo mediático del que Puig posee acciones valoradas actualmente en 177.000 euros.

El presidente participó en la aprobación de un decreto que era clave en esta operación, de la que Illueca ya ha dado explicaciones y sobre la que, según admitió, se interesó el presidente de la Generalitat.

Este procedimiento parlamentario atípico ha sido la fórmula escogida por los socialistas, con el silencio de Compromís y Podemos y la lógica protesta del Partido Popular y de Ciudadanos, para que Puig no tenga que comparecer en la Diputación Permanente de las Cortes, que actúa a modo de plenario bis entre los dos periodos de sesiones que establece el reglamento.

El portavoz parlamentario del PSPV, Manuel Mata, fue el encargado de poner sobre la mesa la comparecencia de Illueca en comisión para evitar la de Puig ante la Diputación Permanente. Según Mata, el Consell es «totalmente transparente». Eso sí, el Gobierno valenciano no va a dar acceso a la oposición todos los documentos sobre la operación que reclama el PP, como son el acuerdo de financiación sindicado de 2005 por el que se dio el crédito al Grupo Zeta, las modificaciones posteriores, el acuerdo marco de financiación o el resto de informes del expediente.

Ni siquiera se facilitarán esos papeles a los diputados miembros de la comisión de Economía de las Cortes para que preparen el interrogatorio a Illueca, que tendrá lugar el próximo día 30. La portavoz de Unides Podem, Naiara Davó, apoya al PSPV en esto y asegura que existen «otros canales» para que Puig se explique.

Este doble veto a las exigencias del PP provocó cierta tensión en la reunión de la Junta de Portavoces cuando Mata, según algunos de los presentes, inquirió a la popular Eva Ortiz sobre la posibilidad de que se «boicoteara» la comisión. Ortiz se lo tomó como una amenaza, sobre todo teniendo en cuenta que ella es la presidenta de esa comisión que se reunirá la semana que viene. Ortiz, probablemente, pedirá amparo al presidente de la Cámara y luego irá al Tribunal Constitucional para conseguir los papeles.

Pero las maniobras que el PP considera «sospechosas» en este asunto no acaban ahí. La presidenta de los populares, Isabel Bonig, advirtió ayer de que el Consell ha propuesto una modificación de la Ley de Incompatibilidades, «en pleno debate» sobre la actuación de Puig en esta operación.

La propuesta se publicó ayer en Diari de la Generalitat y plantea tres modificaciones. Entre ellas, «la regulación de la infracción que podría haber cometido el presidente en su declaración de bienes».

Con el cambio, para que esto se considere infracción muy grave ya no basta con presentar una declaración falsa. Se añade «deliberadamente falsa». Y se añaden más requisitos para que la Oficina de Control de Conflicto de Intereses pueda iniciar su labor inspectora, «haciendo más fácil justificar que no actúe en determinados casos».

También se modifica el ámbito de aplicación de la ley, que hasta ahora se aplicaba a todos los altos cargos que fueran nombrados por el Consell y ahora se añade que, «además de ser nombrados por el Consell, deberán tener funciones directivas o ejecutivas».

Bonig exige a la consellera de Transparencia que publique los papeles. «Han pasado 24 horas y sigue sin publicar estos documentos que son públicos. Si no hay nada que esconder, ¿por qué esperar a septiembre?», se preguntó.

Informa Erik Encinas.

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