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Moción de censura contra Torra por su complicidad con los CDR

Cs suma el apoyo del PP para desalojar al «president», que no condena la violencia

La detención el pasado lunes de nueve miembros de los CDR acusados de terrorismo y las noticias de que el propio presidente de la Generalitat, Quim Torra, podría estar al tanto de los planes del grupo han sacudido la política catalana, tensionándola todavía más a pocos días de que se conozca la sentencia a los líderes del 1-O. De forma paralela, el conjunto de España, en capilla electoral, ve cómo de nuevo Cataluña vuelve a convertirse en casi el principal argumento dialéctico de los partidos.

La degradación de un independentismo que no se atreve a desmarcarse de los violentos y que especula con otro otoño insurreccional le permitió ayer al presidente del Gobierno en funciones mostrar su perfil más duro contra el secesionismo y plantear un nuevo 155 si se quiebra la legalidad en Cataluña. PP y Cs no se creen el nuevo perfil de Sánchez y mientras los populares reprochan que denoste a Torra, pero siga pactando con el independentismo en las instituciones, el partido naranja se ha decidido a tomar la iniciativa en Cataluña.

Así, la líder de Cs en la comunidad, Lorena Roldán, anunció que planteará hoy en el Comité Ejecutivo nacional del partido la presentación de una moción de censura contra el presidente de la Generalitat, una iniciativa que no prosperará por falta de apoyos, pero que al menos servirá para «apretar» a Torra, poner en dificultades al PSC y proyectar la imagen de Cs como principal partido de la oposición y a Lorena Roldán como su líder. «Es la primera vez que se detiene a personas con explosivos, con Goma-2, con objetivos para atentar contra Cataluña. Y el señor Torra, como presidente de la Generalitat, los aplaude y los defiende», apuntó ayer Roldán, convencida de que «sacar al señor Torra del Parlamento» es una responsabilidad ineludible.

La moción de censura que se presente no servirá para sacarle de la Generalitat, sí al menos obligará a Torra a explicarse. Su postura es conocida, y ayer insistió en ella, sin desmarcarse de unos CDR acusados de terrorismo y a los que esta misma semana alababa como personas «comprometidas» con la sociedad. En un acto frente a la cárcel de Lledoners, Torra trataba de justificarse: «No podemos condenar lo que no existe porque nosotros no somos violentos (…) No tenemos ningún problema en condenar la violencia cuando se ha producido, pero no podemos caer en el marco al que nos quieren llevar, sencillamente».

Garantizar la seguridad

Torra respondía de este modo al presidente del Gobierno en funciones, que ayer en un acto del PSC le volvía pedir que se alejase de los CDR –el independentismo «da lecciones de democracia, pero no condena la violencia», dijo–. y advertía a este movimiento en su conjunto de que «si vuelve a quebrar el Estatuto, el Gobierno responderá para garantizar la convivencia, la integridad territorial y la soberanía nacional». Ante miles de militantes congregados por el PSC en Gavá (Barcelona) en su fiesta anual, Sánchez volvía a poner sobre la mesa la posibilidad de aplicar el artículo 155 en Cataluña si ante los meses que vienen el independentismo vuelve a situarse en el escenario de otoño de 2017.

La firmeza de Sánchez no es creíble para el PP, cuyo líder, Pablo Casado, le tendió la mano por si es necesario actuar en Cataluña para hacer cumplir la ley y garantizar la seguridad de los ciudadanos. En un acto preelectoral en Zaragoza, Casado advirtió al presidente en funciones de que no puede cogerle a él una mano mientras entrega la otra a Torra y a Puigdemont, y mantiene pactos con JpC y ERC en la Diputación de Barcelona y en los ayuntamientos de Casteldefells y Badalona, a pesar de que ganó el PP. Por eso, fue tajante al dirigirse a Sánchez e instarle a elegir: o está con Torra y Puigdemont o está con él. «Señor Sánchez, aclárese, si está con la democracia, la Constitución y el Estado de derecho, no puede seguir dándole la mano en esas instituciones a los partidos que jalean y justifican a los violentos. Eso es inaceptable en cualquier país», avisó Casado.

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