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Los denunciantes del presunto espionaje político de mossos separatistas pedirán amparo al Constitucional

José María Fuster-Fabra, abogado de los querellantes en el caso del presunto espionaje político de los Mossos d’Esquadra, ha anunciado que interpondrá un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración del derecho a tutela judicial efectiva.

Fuster-Fabra explica que ha tomado esta decisión después de que la Audiencia de Barcelona haya decretado el sobreseimiento provisional de la causa, que investigaba si los Mossos habían hecho seguimientos e investigaciones de abogados, políticos, periodistas y sindicalistas con posicionamientos constitucionalistas.

Fuster-Fabra ha justificado esta acción porque el sobreseimiento es, a sus ojos, ilógico y da por bueno que se puedan realizar seguimientos y dosieres a personas de relevancia que lo que tienen en común es «su pronunciamiento público en favor del respeto a la legalidad constitucional».

El abogado presentó una querella en su propio nombre, al ser supuestamente objeto de investigaciones, y de otros entre los que están el exlíder de SCC José Ramón Bosch, los sindicalistas de Mossos David José y David Miquel; el detective Julián Ángel Peribañez, los políticos de Cs David Heredia y Sergio Santamaría, y el periodista de A3 Albert Castillón.

Ahora considera que «lo único positivo que tiene esta resolución (de la Audiencia) es que pasa del sobreseimiento libre a provisional, lo que deja la puerta abierta a que pueda reabrirse» la investigación, y preguntado por si cree que se podrá reactivar, lo ha visto posible en un futuro.

El abogado ha tachado esta decisión judicial de inconcebible, porque «se vulneraron derechos fundamentales y ahora el derecho a la tutela judicial efectiva», ya que para investigar el caso solo se tomó declaración testifical al comisario responsable de Información de los Mossos, sin practicarse las pruebas que pedían la Fiscalía y los perjudicados.

Además, ha recordado que en otra resolución, la Sección Octava de la Audiencia de Barcelona «consideró que sí había indicios de delito» en el caso de José Ramón Bosch y ordenó reabrir la investigación.

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