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Las universidades catalanas, al borde de la quiebra: el «procés» agrava la asfixia financiera

El bloqueo político y la caída sostenida de financiación pública sitúa a los campus catalanes, líderes en excelencia, en una situación límite por culpa del procés

La universidad catalana lleva años «aguantando el tirón». Con los Presupuestos de la Generalitat prorrogados desde 2017 -lo que implica la congelación de la aportación pública a los centros- y con graves déficits financieros que arrastran por la crisis, los campus catalanes afrontan año a año «bajo límites» el incremento anual de los gastos. La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), una de las de referencia en Cataluña, financia, según reconoce su rectora, Margarita Arboix, a duras penas los gastos de luz y agua de sus instalaciones y el incremento del IPC en las nóminas de sus funcionarios.

Fue ella quien, el pasado mes de junio levantó la voz en los medios para advertir de que «la situación es grave y puede ser irreversible». «No puedo garantizar nada con presupuestos prorrogados, entre otras cosas porque no solo han aumentado los sueldos sino también el precio de la luz», dijo Arboix en declaraciones a los medios.

Primer SOS

Fue el primer SOS al Govern para que atendiera la urgencia financiera de estos centros, que, pese a los déficits presupuestarios, se encuentran muy bien posicionadas en los ránkings internacionales. Las estadísticas son irrebatibles. La financiación del sistema universitario catalán ha retrocedido en estos últimos años hasta niveles de 2007. Según datos de la Generalitat consultados por este diario, las universidades de esta comunidad han pasado de recibir 900 millones de euros en su conjunto, en 2010, a obtener los actuales 700 millones.

Esta infrafinanciación, sumada a la inestabilidad política causada por el «procés» y la congelación de los presupuestos, han situado a los campus al borde de la asfixia financiera. En paralelo al descenso de los presupuestos, los gastos no han dejado de aumentar y las plantillas, tanto a nivel docente como de investigación, se han precarizado «a un ritmo vertiginoso», denuncian los sindicatos.

La Associació Catalana d’Universitats Públiques (Acup), que representa a las ocho universidades públicas catalanas, ha lanzado dos llamadas de socorro a la Generalitat para que «repare de inmediato el sistema de financiación público». Su respuesta no ha sido la esperada. «Con presupuestos prorrogados y un control de la financiación autonómica por parte del Estado es muy difícil materializar las políticas financieras que Cataluña necesita», indicó la Secretaría de Universidades en una respuesta a la demanda de los rectores. La Generalitat reconoce que la falta de presupuesto actual hace que no se pueda consolidar el primer aumento previsto de 72 millones para mejorar el sistema, así como la voluntad de destinar 42 millones para eliminar el déficit estructural. Andalucía, con diez universidades públicas y una población de 8,5 millones de habitantes, dedica 1.300 millones a la enseñanza superior. En Madrid, con seis universidades públicas y 6,4 millones de ciudadanos, le dedica 920 millones, mientras que Cataluña, con 7,5 millones de personas y ocho universidades, tiene 750 millones de presupuesto.

Los rectores catalanes han hecho frente común para presionar al Govern. Coinciden en que gran parte de culpa la tiene la inestabilidad politica de estos últimos años y la prórroga reiterada de los presupuestos. «La actual inestabilidad política, tanto en Cataluña como en Madrid, no ayuda ni facilita encontrar nuevos recursos, que, en definitiva, colaboren en una mejor financiación de nuestas comunidades», indica el rector de la Universitat de Barcelona (UB), Joan Elias, quien asegura que su centro, el único en España que participa en la Liga Europea de Universidades de Investigación (LERU), ha ido reduciendo el déficit acumulado «a costa de minimizar las políticas de renovación y mejora tanto de los recursos humanos como de las infraestructuras».

Un tema político importante

Elias reclama al Govern un nuevo sistema de financiación. «Estamos ante un tema político muy importante que nos debería preocupar a todos y a todas» añade. En la misma línea, la rectora de la UAB considera también que la agitada coyuntura política ha conducido a las universidades a esta situación de emergencia. «Es evidente que la combinación de presupuestos prorrogados desde hace tres años y el aumento de los gastos han hecho que la situación sea insostenible», indica a este diario. «No podemos aceptar que no haya cambios. Las universidades necesitan oxígeno financiero», apunta Arboix, quien advierte al Govern y «a los parlamentarios que votan el presupuesto de la Generalitat que deben ser conscientes de que no invertir en la Universidad pone en riesgo el futuro socioeconómico, innovador y sostenible» de Cataluña.

Los responsables de las otras dos grandes universidades de Barcelona: la Pompeu Fabra (UPF) y la Politècnica de Catalunya (UPC) achacan también la delicada situación de las finanzas a la falta de estabilidad, tanto en las cuentas como en el gobierno. «Han aplazado las posibles soluciones, cosa que hace que el sentido de urgencia de las mismas se agudice», señala en declaraciones a este medio el gerente de la UPC, Xavier Massó.

El rector de la UPF, Jaume Casals, por su parte, considera que la coyuntura y las prórrogas de presupuesto han agudizado «sin duda» la fragilidad del sistema pero «no ha resultado determinante». «La crisis económica y la falta en España de una respuesta económica razonable, incre- mentando la inversión en conocimiento como método para el relanzamiento de la economía y el bienestar, son las principales causas de la fragilidad», apunta el rector.

Informa Erik Encinas.

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