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InicioComunidad ValencianaLas propuestas ante el colapso: Juicios mañana y tarde, fiscales en prácticas y reabrir ya los juzgados de lo social y mercantil

Las propuestas ante el colapso: Juicios mañana y tarde, fiscales en prácticas y reabrir ya los juzgados de lo social y mercantil

La Conselleria de Justicia ha remitido al Ministerio una detallado documento en que plantea cambios sustanciales, tanto organizativos como normativos, para afrontar la avalancha de asuntos que llegará en pocas semanas. Esto sucederá, sostiene el informe, «no sólo por retraso acumulado por la inactividad judicial», sino también por el «incremento exponencial» de la carga de trabajo derivada de los expedientes de regulación temporal de empleo, despidos y procedimientos concursales derivados de la crisis económica y que previsiblemente «colapsarán por completo» los órganos jurisdiccionales.

Lo que plantea el departamento que dirige Gabriela Bravo no es una revolución en el sistema de trabajo de los juzgados, pero se le parece, al menos en lo que se espera para la jurisdicción social y para la mercantil. El plan habla de un «redimensionamiento jurisdiccional» que permita recuperar los retrasos y aguantar el tsunami de asuntos derivados de la crisis social y económica provocados por la pandemia del Covid-19.

El Gobierno valenciano no plantea un aumento de las plantillas, sino medidas de optimización y racionalización de medios. «Ninguna medida de reactivación ha de estar basada en el aumento de plantilla ni el recurso a los refuerzos de personal, coste inasumible por las Comunidades Autónomas y que puede ser evitado si encontramos una rápida respuesta y movilización y reorganización de los recursos humanos ya existentes», advierten.

Una de las medidas estrella que se plantean es la apertura por las tardes y la celebración de vistas mañana y tarde. La actividad de los juzgados, señala el documento, «no puede ni debe quedar constreñida a la actividad ordinaria». Todo lo contrario. Se considera vital «doblar» el esfuerzo en los órganos jurisdiccionales que lo precisen aplicando «criterios de movilidad y flexibilidad al personal funcionarios que presta sus funciones en la Administración de Justicia.

El Consejo General acordó el pasado 13 de marzo una resolución sobre «servicios esenciales» durante el tiempo que persista el estado de alarma. La propuesta que firma Gabriela Bravo desde la Comunidad Valenciana pide reformular el concepto de «servicios esenciales» para ampliar la actividad judicial a las jurisdicciones de lo social y mercantil a partir de la segunda quincena de abril. Es decir, reactivar los juzgados de lo social y lo mercantil como servicio esencial.

La Conselleria entiende que existen medios para hacerlo con seguridad. «La actividad se va a reanudar en centros que cuentas con instalaciones adecuadas, con salas de vistas y con salas polivalentes, que van a permitir conjugar la seguridad y salud de los trabajadores en los términos indicados por las autoridades sanitarias, con una cada vez mayor presencia en las sedes de personal», señalan.

Informe del ministerio

Ello supondría también levantar la suspensión de los plazos procesales en ambas jurisdicciones. E inmediatamente contar con la gran mayoría del personal que en estos momento no puede prestar sus servicios como consecuencia de la paralización de estos plazos procesales en particular y de la actividad jurisdiccional en general.

Según el Consell, el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial deben «determinar y cuantificar» de inmediato tanto los órganos específicos que se van a ver afectados por la multiplicación de procedimientos como todos aquellos juzgados y secciones de las Audiencias «que pueden aportar personal a los órganos más colapsados». Y esto se debe hacer «de forma inmediata».

El documento, al que ha tenido acceso todos los medios, enciende todas las alarmas. «Solo actuando de forma inmediata, se podrá minimizar el impacto y las medidas extraordinarias que deban adoptarse cuando la actividad ordinaria esté en condiciones de restablecerse».

Se plantea dotar de conexiones remotas al sistema a los funcionarios de los órganos judiciales que no están prestando servicios presenciales en las oficinas judiciales, «a fin de continuar con la tramitación ordinaria de asuntos, conforme al plan que se elabore por cada órgano judicial siguiendo las pautas que se establezcan».

Respecto a las condiciones de trabajo de los funcionarios, la propuesta plantea instaurar el denominado «permiso retribuido recuperable» vigente para el ámbito laboral general, «no solo para evitar discriminaciones sino también para evitar la disfuncionalidad absoluta de retribuir dos veces la misma carga laboral».

La Conselleria advierte que el despacho de la «actividad no esencial» está siendo aplazada y a la «imposibilidad material total «de algunos funcionarios de trabajar y la «imposibilidad parcial de aquellos que lo hacen por turnos», no puede proponerse un «refuerzo retribuido posterior» cuando la instauración del referido permiso permitiría contar con personal para la jornada vespertina.

Más horas de trabajo

Otra medida que se traslada al Ministerio de Justicia es la posibilidad de ampliar la jornada laboral de los funcionarios de Justicia hasta las 37 horas y media semanales, y 40 horas para los funcionarios con dedicación especial. Podría hacerse «durante el tiempo que se considerara necesario para hacer frente a la crisis».

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