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Las competencias que pide Iglesias suman 40.200 millones de gasto público

La propuesta de Podemos conjunta políticas sociales, laborales y de I+D+i

El tira y afloja entre el PSOE y Unidas Podemos terminó por romperse en la investidura fallida de un Pedro Sánchez que no logró el apoyo de los morados, entre otras razones por la insistencia de los de Pablo Iglesias por manejar ministerios con competencias y propios. ¿Cuánto dinero hubieran manejado los ministros de la formación de izquierdas si se le hubiera concedido su última propuesta y se hubiera organizado el primer Gobierno de coalición de la democracia bajo sus términos? Unos 40.244 millones de euros, vistas las competencias a las que aspiraban.

Esta es la cifra que sale al sumar las responsabilidades que aglutinaría Unidas Podemos con la propuesta que lanzó solo unas horas antes de votar la investidura, más el apéndice que su propio secretario general propuso desde el escaño en su intervención: una vicepresidencia de Derechos Sociales y de Igualdad, que manejaría unos 5.900 millones; el Ministerio de Sanidad, que contaría con unos 3.128 millones -dotación que aparece en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que pactaron Iglesias y Sánchez el año pasado-; un ministerio de Ciencia y Universidades en el que manejarían al menos unos 25.620 millones, y las políticas activas de empleo, que suponen entre 6.000 y 6.400 millones.

Las cantidades que hubiera manejado la vicepresidencia de Derechos Sociales e Igualdad -que presuntamente hubiera estado dirigida por Irene Montero– están causadas porque se encargaría de implantar la gratuidad para educación de cero a tres años, la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad y las políticas de dependencia, escenarios valorados en 3.000 millones, 400 millones y 2.500 millones, respectivamente, en los manuales de la formación morada.

El dinero, en la Ciencia

El área que más presupuesto le habría permitido manejar hubiera sido la de Ciencia y Universidades, puesto que Podemos tenía la aspiración elevar la financiación en innovación al 2% del PIB, es decir, unos 24.000 millones. A esto hay que sumar el manejo que tendría de las becas universitarias, para las que se contaría con un mínimo de unos 816 millones.

Por otro lado, las políticas activas de empleo fueron el conejo que se sacó de la chistera Iglesias el jueves en el Congreso para rebajar su propuesta al PSOE, renunciando así al Ministerio de Trabajo, aunque en aquel momento Adriana Lastra, portavoz socialista, cargó contra él y le objetó que las competencias en estas políticas estaban en manos de las autonomías. «Quiere dirigir el Ministerio de Trabajo sin saber cuáles son las competencias del Ministerio de Trabajo, como conducir un coche sin saber ni siquiera dónde está el volante». Sin embargo, esto no es cierto del todo. Es verdad que las regiones son las que las gestionan y ejecutan, pero los fondos y la normativa básica dependen del Gobierno, igual que los objetivos y los criterios.

Sin embargo, esta oferta rebajada no sirvió de nada. El Gobierno de coalición no se pactó y durante el debate los socialistas reprocharon la intención morada de acaparar presupuestos. De hecho, Lastra les acusó de querer «controlar los ingresos, los gastos y la dirección política del Gobierno. No quería entrar en un Gobierno socialista, querían tener un Gobierno paralelo al del PSOE», espetó.

En cualquier caso, la última oferta que realizó el PSOE, y de la que no se movió, tampoco era para que los morados tiraran cohetes, tal y como denuncian desde la formación, económicamente hablando. Además de por una vicepresidencia de Asuntos Sociales, estaba conformada por los ministerios de Vivienda y Economía Social, Igualdad y el ya citado de Sanidad, departamentos con escaso peso económico y competencial. Con todo, el PSOE ya ha avisado de que da por perdido la vía del Gobierno de coalición para evitar elecciones. Pero esto es política: rectificar forma parte del juego democrático.

Informa Erik Encinas.

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