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La mitad de los alumnos víctimas de ‘bullying’ no denuncian el acoso escolar

La Comunidad incoó el año pasado 400 expedientes, aunque la Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar eleva los casos a 700.

Sólo la mitad de los casos de acoso escolar en la región son denunciados por las propias víctimas, según datos de la memoria de la Consejería de Educación. A tenor de estas cifras, el pasado curso escolar se incoaron 400 expedientes por bullyingUn 30%de los casos fueron delatados por los propios profesores y un 20% por los compañeros del instituto o los centros escolares. La edad media de la víctima de acoso escolar se sitúa en la región en 14 años, aunque se han dado casos de hasta nueve años.

José Antonio Luengo, miembro de la Unidad contra el Acoso Escolar de la Consejería de Educación, asegura que hay programas de mediación que están consiguiendo reducir los casos de bullying«Se están resolviendo una gran cantidad de conflictos gracias a los propios chicos y a la mediación de los alumnos», explica Luengo, que anima a los padres a contar en el colegio cualquier caso de acoso que les relate su hijo. Para Luengo, el reto es que no se consienta la violencia en ningún caso y para ello es clave que los compañeros de un alumno que sufre bullying no lo aplaudan ni jaleen. «Cuando se arrincona al violento y cuando los chavales defienden al acosado, todo cambia», subraya Luengo.

Sin embargo, las cifras que maneja la Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar son muy superiores a las de la Consejería. Aseguran que el curso pasado atendieron 700 casos de acoso escolar entre llamadas telefónicas, correos y denuncias presenciales en la asociación. Durante este último periodo lectivo acudieron a la entidad 285 padres para denunciar el acoso escolar sufrido por su hijo. También señalan que de los 700 casos un 20% fue acoso en redes sociales contra la víctima.

SIETE DENUNCIAS EN TRES SEMANAS

Esta asociación asegura que ya en las tres primeras semanas del curso escolar han recibido siete denuncias, entre las que se encuentra el caso de la menor de 14 años agredida el pasado lunes en la puerta del instituto Francisco de Quevedo. Fue golpeada por dos ex compañeras de instituto de 14 años que fueron detenidas por la Policía Nacional. Las atacantes le rompieron la nariz y la dejaron inconsciente. Un grupo de unos 15 adolescentes hicieron un círculo alrededor y al menos una de ellas grabó y difundió la agresión en las redes sociales.

El juez de menores ha decretado el internamiento cautelar en régimen semiabierto de las dos detenidas por la agresión en San Blas. Fuentes de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid han indicado a que el magistrado ha acordado esa medida, a petición del ministerio público, en una comparecencia en la que también se solicitó la prohibición para las dos jóvenes de acercarse a la víctima o de comunicarse con ella.

Las presuntas agresoras están bajo custodia y en internamiento semiabierto, es decir, no pueden ir a dormir a sus domicilios y sólo pueden salir a realizar alguna actividad que se les autorice.

A partir del próximo curso, los estudiantes de la Comunidad de Madrid estarán obligados a informar a sus profesores de los casos de acoso escolar que crean que están sufriendo otros compañeros de clase. Si no lo hicieran, estarían incurriendo en una «falta grave» que puede conllevar como castigo desde la prohibición del recreo hasta la expulsión de determinadas clases o del colegio o instituto hasta seis días lectivos. Así figura por primera vez de forma explícita en la lista de deberes que debe cumplir el alumnado incluida en el nuevo decreto para regular la convivencia en centros públicos y concertados, que el pasado mes de abril aprobó el Consejo de Gobierno, aunque su aplicación no será obligatoria hasta el curso 2020-2021.

El decreto para regular la convivencia también obliga a los centros educativos de Madrid a «informar a la Fiscalía o al organismo correspondiente en función de la gravedad de los hechos» si los profesores incumplen con su «deber de poner en conocimiento del equipo directivo» situaciones que «presenten indicios de violencia infantil, juvenil o de género contra niños y niñas o mujeres».

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