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La Junta prolonga los refuerzos judiciales por el narco y los amplía por la inmigración

La Consejería de Justicia acordó ayer prolongar el refuerzo de los órganos de Guardia de Estepona, Marbella, Fuengirola y Torremolinos, así como los de La Línea, Barbate y Algeciras. La inmigración ilegal provoca que la medida se extienda a Motril y Almería Capital

El dispositivo especial de lucha contra el narcotráfico que desde hace meses desarrolla el Ministerio de Interior en la zona del Campo de Gibraltar se ha convertido en un elemento de colapso de los juzgados de la Costa del Sol y Cádiz. Una circunstancia que durante el verano se ha ido sobrellevando gracias al refuerzo de plantilla para los juzgados de Guardia y que la Consejería de Justicia acordó este viernes mantener y ampliar a partidos judiciales de Granada y Almería.

La Mesa Sectorial de Justicia abordó el jueves esta circunstancia y fue el sindicato CSIF el que alzó la voz para alertar de la problemática que se avecinaba si la Junta de Andalucía no prolongaba incremento de personal, «a pesar de que únicamente supone 5.000 euros al mes por cada juzgado», según señalaron fuentes consultadas.

Esta medida se proyectó para los meses de julio, agosto y septiembre y los juzgados de Marbella, Estepona, Fuengirola y Torremolinos, después de que estos tres últimos se quedaran fuera el verano de 2018. El bloqueo que se generó entonces, unido a las contundentes conclusiones de una evaluación de riesgos psicosociales que realizó una empresa externa, obligaron al Ejecutivo regional a extender el plan de refuerzo a todo el litoral malagueño occidental durante este pasado periodo vacacional.

Aunque el aumento de plantilla de funcionarios en los juzgados de Guardia está justificado únicamente por la realidad delictiva de la zona y el notable aumento de la población que experimenta la costa en verano, en los últimos meses se ha unido la creciente influencia del plan de choque contra el narcotráfico que el Ministerio de Interior está desarrollando en el Estrecho. Según plasma CSIF en un escrito presentado ante la Junta, en los juzgados de Guardia de Estepona, por ejemplo, se tramitan aproximadamente una media mensual de 400 diligencias previas y otras 40 urgentes, se atiende a más de medio centenar de detenidos, se incoa una treintena de procedimientos de especial dificultad y se lleva a cabo más de una decena de entradas y registros, «bien sean derivados de los procedimientos propios, como de exhortos provenientes de la zona de Campo de Gibraltar».

REDES TRANSFRONTERIZAS

«Al tener parte de los clanes del narcotráfico su residencia en este partido judicial -que engloba Estepona, Manilva y Casares- hay que practicar numerosas diligencias» relacionadas con causas abiertas en la vecina Cádiz. Estas se unen a las investigaciones propias de la provincia malagueña contra esta modalidad delictiva, como la destapada esta semana y que se saldó con la detención de cuatro individuos y la incautación de 700 kilos de cocaína; agravando el tradicional embotellamiento de procedimientos, que tiene en los casos ‘Astapa’ y ‘Shovel’, con más de una década en instrucción, dos ejemplos claros.

No se puede obviar el carácter transfronterizo de las redes del narcotráfico, lo que implica que, en muchas ocasiones, las operaciones afecten a varias provincias y, por extensión, a más de un partido judicial. «Es habitual que una red alije en Cádiz, sus cabecillas residan en Málaga, la ‘guardería’ en la que se oculta la droga esté en un pueblo y el dinero se blanquee a través de inversiones en multitud de sitios», describió un agente con amplia experiencia en la lucha contra el crimen organizado.

En este contexto delictivo, donde también se hace palpable la influencia de la inmigración ilegal, el malestar ante la posible supresión del dispositivo de refuerzo se fue apoderando de los funcionarios y sus representantes sindicales. Una sensación que, según fuentes de la Consejería de Justicia, no tenía fundamento; pues, según aseguraron, la renovación de de esta medida nunca corrió peligro y si se han apurado los tiempos ha sido para poder incluir las últimas peticiones de los representantes de los trabajadores.

El director general de la Oficina Judicial y Fiscal, Carlos Rodríguez Sierra, detalló a este periódico que el acuerdo alcanzado este viernes prolonga el refuerzo de personal hasta final de año para los juzgados de Estepona, Marbella, Fuengirola y Torremolinos, en Málaga; así como para los de La Línea de la Concepción, Barbate y Algeciras, en Cádiz.

PARTIDA ECONÓMICA

Según explicó, el narcotráfico justifica este incremento de medios en ambas provincias, mientras que la inmigración ilegal es el factor motivador de que se haya ampliado a los partidos judiciales de Motril (Granada) y Almería capital.

La partida económica destinada a este cometido es de 137.000 euros, reforzando la argumentación de las organizaciones sindicales de que la «incapacidad presupuestaria» no era justificación para suprimir el aumento de plantilla. CSIF, en su escrito, alertaba de la anomalía que se hubiese producido si los juzgados hubiesen visto debilitados sus medios humanos cuando «el ministro de Interior -Fernando Grande-Marlaska- informó de que se ha dotado con 7 millones de euros al Organismo de Coordinación del Narcotráfico (OCON Sur)» que actúa en el Estrecho. «No era comprensible que se invierta en la investigación policial y no en la judicial, porque tan importante es una como otra», explicaron, para seguidamente recordar que el gran trabajo de campo que se está haciendo podía quedar desvirtuado y paralizado por el «bloqueo de los órganos judiciales».

Rodríguez Sierra reconoció que la justicia andaluza arrastra un mal endémico de dotación de efectivos, pero reclamó paciencia para ir revirtiendo esta situación: «Poco a poco, iremos tirando hacia atrás -para recuperar el número funcionarios existente antes de la crisis-, pero ahora debemos mirar adelante», señaló antes de recordar que «en pocos meses hemos tenido que realizar dos presupuestos»

«Si la plantilla de funcionarios de los juzgados de Guardia volvía a reducirse a tres o cuatro, la situación hubiese sido insostenible«, explicaron las fuentes de CSIF, que se congratularon de que el Ejecutivo de PP y C’s, al contrario que el anterior Gobierno socialista, haya entendido «la necesidad de que el refuerzo no se suprima».

¿Pero qué ocurrirá a partir del 31 de diciembre? El director general de Oficina Judicial y Fiscal explicó que se estudiará la viabilidad del plan, pero que la intención es hacer todo lo posible para que se extienda y conseguir que las plantillas de Guardia estén completas todo el año.

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