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La juez pide actas de Consejos de Gobierno de Chaves, Griñán y Díaz por las ayudas millonarias a Isofotón

Hay 37 ex responsables y ex altos cargos de la Junta de Andalucía investigados por malversación de fondos públicos

La investigación judicial de la empresa fabricante de placas solares a la que la Junta de Andalucía concedió 80,5 millones entre 2005 y 2012 (de los que cobró más de 44 millones) ha subido un peldaño en la pirámide de las responsabilidades de los antiguos gobiernos del PSOE. La juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, ha pedido a la Consejería de la Presidencia de la Junta que «aporte las actas del Consejo de Gobierno de los años 2005 a 2015, ambos incluidos» para conocer los acuerdos adoptados sobre las ayudas a la compañía malagueña por el máximo órgano de poder ejecutivo de la comunidad bajo las presidencias de Manuel Chaves (1990-2009), José Antonio Griñán (2009-2013) y Susana Díaz (2013-2019).

En una providencia a la que ha tenido acceso ABC, la magistrada accede a la petición que había cursado la Fiscalía Anticorrupción para indagar en los acuerdos al máximo nivel que se adoptaron durante once años en los Consejos de Gobierno para favorecer supuestamente a Isofotón, hoy en liquidación, por parte de la Junta de Andalucía a través de distintas líneas de ayudas a fondo perdido, avales y préstamos que no ha devuelto y que han dejado un agujero millonario en las arcas públicas. En algunos de estos consejos también se sentaba la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, primero, en su condición de consejera andaluza de Salud y, entre 2013 y 2018, como titular autonómica de Hacienda.

La juez investiga a tres exdirectivos de la empresa y a 37 ex responsables y ex altos cargos socialistas por supuestos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y falsedad documental. En un atestado remitido al juzgado, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional acusó a altos cargos de su Ejecutivo en la agencia IDEA y del equipo de su sucesora, Susana Díaz, de «ocultar» hasta «en tres momentos» información vital para la investigación como la concesión de 43 millones en 2007 a Isofotón, de los que habría cobrado algo más de 6 millones.
La juez acepta al PP andaluz como acusación popular en la causa tras abonar 6.000 euros

En la providencia, la instructora remite un escrito al Grupo de Blanqueo de Capitales de la UDEF de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla para que la Junta de Andalucía le entregue dichas actas de los Consejos de Gobierno. Además, la juez acepta al letrado del Partido Popular andaluz como acusación popular en la causa tras despositar una fianza de 6.000 euros.

La juez Patricia Fernández Franco trata de averiguar si las ayudas contaron con las preceptivas autorizaciones y trámites, si se excedió el límite de asignación presupuestaria fijado para los préstamos de la agencia IDEA. Se burlaron supuestamente los cauces legales para la concesión del dinero, «a sabiendas» del altísimo riesgo adquirido por el erario público y de la situación «ruinosa» que atravesaba la solar desde el año 2010, maquillada con unas cuentas falsas. También analiza «importantes irregularidades relacionadas con la entrada de los hermanos Serrano Serrano en la gestión de Isofotón S.A. a través del grupo Affirma». A los investigadores les resulta sospechoso que éstos compraran sus acciones por el precio de 1 euro en 2010.

 

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