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La Guardia Civil tras una evaluación de riesgos: Iglesias no debe tener protección en el casoplón

Mientras Pablo Iglesias e Irene Montero no dejan de reclamar más seguridad en su casoplón de Galapagar y en cada uno de sus desplazamientos -profesionales o puramente privados y vacacionales-, un informe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid acaba de concluir que su lujosa vivienda familiar no debe tener una seguridad propia, sino que debe estar protegida por la seguridad dinámica que acompaña al vicepresidente y la ministra podemitas. Es decir, que no tiene derecho a la seguridad estática con la que ha sido blindado el polémico chalé de los líderes de la formación morada.

El informe en cuestión ha sido elaborado a raíz de un análisis de seguridad del casoplón de Pablo Iglesias e Irene Montero. Entre otras cosas, la evaluación de la Guardia Civil tiene en cuenta datos como la situación de la casa, el número de vecinos y el uso de las zonas de paso, además de la personalidad a proteger y si ésta cuenta ya con medidas de vigilancia privadas, como cámaras de seguridad y alarmas.

La conclusión principal considera que se han exagerado sin justificación las medidas de seguridad en el chalé. El responsable directo del exceso de recursos empleado en proteger a los dos miembros de Podemos en el Ejecutivo socialcomunista ha sido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Pero el demandante de esas medidas extra ha sido el propio Pablo Iglesias.

Hay que recordar que, recientemente, el propio Pablo Iglesias reclamó un cambio de la Guardia Civil por una dotación de seguridad de la Policía, a raíz de las protestas que cada día se producían frente al casoplón. La gota que colmó el vaso fue, como han confirmado fuentes de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, la grabación de un vídeo del interior realizado la noche del 12 de julio, mientras Iglesias e Irene Montero seguían el batacazo electoral de Podemos en Galicia y País Vasco.

A raíz del cabreo y las protestas airadas de Iglesias con la Benemérita, fue el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, el que salió al quite para blindar, aún más, el esquema de vigilancia del casoplón del vicepresidente podemita –que ya incluía una garita– con una dotación de seguridad de la Policía.

 

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