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La directora de Salud Pública de Madrid no quiso firmar el paso a la fase 1 por miedo a las consecuencias penales

Yolanda Fuentes quería mantener la actual fase de ‘desescalada’ y su firma en el texto podría volverse en su contra si hay futuros rebrotes de coronavirus. Tras su dimisión ha sido el consejero de Sanidad quien ha certificado el informe que se ha enviado al Gobierno de Pedro Sánchez

El miedo a posibles consecuencias penales es una de las causas que han llevado a la directora general de Salud Pública de la Comunidad de MadridYolanda Fuentes, ayer presento la dimisión irrevocable al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, según ha sabido Vozpópuli de fuentes oficiales del Gobierno regional.

Fuentes se oponía a pasar a la fase 1 y creía conveniente que Madrid siguiese en la actual fase 0 de la ‘desescalada’, de ahí que la presidenta Isabel Díaz Ayuso mantuviese sus reservas a principios de semana a la hora de avanzar al nuevo escenario.

Finalmente, el Ejecutivo madrileño aprobó ayer solicitar al Gobierno central su inclusión dentro de las comunidad autónomas en fase 1. Fueron necesarias dos largas reuniones para ello y se impuso la tesis de Ciudadanos -el otro socio de la coalición- a cambio de imponer el uso obligatorio de las mascarillas cada vez que se salga a la calle y en los centros de trabajo a partir del próximo lunes. 

Esa decisión del Ejecutivo madrileño conlleva la elaboración de un informe en el que se tiene que precisar al Gobierno de Sánchez por qué Madrid puede pasar a la fase 1 en base a unos criterios facilitados por el Ministerio de Sanidad que esta región dice cumplir de sobra. El plazo para su entrega concluía este jueves y Madrid apuró al máximo, hasta las 20,30 horas, para enviarlo al departamento de Salvador Illa.

Dicho texto lo tiene que firmar el director general de Salud Pública de cada comunidad autónoma. Y es ahí donde Fuentes se ha plantado. Tras su dimisión, ha sido su superior jerárquico, el citado Ruiz Escudero, quien ha firmado el documento en nombre de la Comunidad de Madrid como «autoridad sanitaria«, según explicó a este periódico un portavoz oficial.

Si el virus vuelve a propagarse en la nueva fase y se producen repuntes en las cifras de muertos y contagiados, ese informe se podría convertir en un bumerán para sus firmantes ante eventuales demandas en los tribunales. De modo que en el caso de Fuentes, además de su negativa inicial a pasar a la fase 1, se une el deseo de evitar posibles problemas judiciales en el futuro.

Una renuncia que ‘rompe’ el anuncio de Ayuso

La dimisión de la directora general de Salud Pública pilló con el pie cambiado a Ayuso, quien vio cómo perdía impacto mediático la creación por primera vez en España de una nueva Viceconsejería con ese mismo nombre y dedicada a elaborar e implementar un plan global de respuesta al covid-19 bajo el mando de Antonio Zapatero, que ha dirigido el hospital provisional de Ifema hasta su reciente clausura.

«Ella (Yolanda Fuentes) no sabía de la reestructuración que estaba preparando la presidenta y se ha adelantado dos horas a no formar parte del gran equipo. Se lo ha perdido. Si no hubiera dimitido, hubiera seguido«, indicaron las citadas fuentes tras subrayar que no existían quejas sobre su trabajo.

Zapatero no sustituye a Fuentes en el cargo pues su puesto es de nueva creación. Y será él quién tendrá ahora que nombrar a un nuevo responsable de Salud Pública. La ya exdirectora general ha estado detrás de todas las acciones que tomó Madrid para el confinamiento -la primera fue el cierre de colegios el 9 de marzo- y siempre se mostró reacia a suavizar tan rápido la reclusión.

En contra de que los niños salieran a la calle

Por ejemplo, fue su departamento el que desaconsejó que los niños madrileños salieran a la calle acompañados de un progenitor tras pasar 40 días de encierro, lo que provocó uno de los roces que han tenido Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado en esta crisis sanitaria.

Salud Pública de Madrid ha querido mantener el confinamiento de la fase 0, mientras que Hacienda ha advertido a los consejeros que mantener la hostelería cerrada como hasta ahora supone un grave perjuicio económico y de empleo para la región.

Cada día que los bares están cerrados en la comunidad se van al paro más de 3.000 personas, unas 25.000 en el cómputo de una semana, según estimaciones del Ejecutivo de Ayuso. «Salud Pública no tiene una visión política, económica o social de la jugada. Dice que es la autoridad sanitaria y que ‘usted no sale de casa’, pero claro han pasado 50 días y hay que ofrecer algo mas», explica una persona próxima a la presidenta madrileña para justificar el paso dado a la fase 1. Eso sí, en contra del criterio de Yolanda Fuentes.

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