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La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife se ratifica en las acusaciones contra cargos del PSOE procesados por más de 90 posibles delitos

Este gran escándalo se une a otros que tiene abierto el PSOE, asolado por la corrupción

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ratificado las acusaciones formuladas por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Granadilla de Abona mediante cinco autos que afectan a varios cargos del PSOE de Tenerife, que deben enfrentarse en calidad de procesados a más de presuntos 90 delitos de prevaricación, prevaricación urbanística, malversación de caudales públicos para los que se les había solicitado fianzas mancomunadas que ascendían a alrededor de 12 millones de euros inicialmente, según consta en autos tras una denuncia presentada por Alternativa Sí Se Puede, que actúa como Acción Popular.

En diferentes autos de la Audiencia fechados el 13 de diciembre de 2018, -a los que ha tenido acceso Radio Las Palmas-, inadmite los recursos interpuestos por las defensas, declina el sobreseimiento y da traslado a la Fiscalía para continuar con la denuncia, formular las fianzas concretas por estos delitos de manera mancomunada y dar paso a la apertura del juicio oral. Así mismo, se acoge a la Jurispudencia de la sentencia del caso Noos para establecer la participación en este proceso del ayuntamiento de Granadilla.

La notificación de la apertura de juicio oral contra los investigados del PSOE es un varapalo para el partido en plena campaña electoral. Fuentes socialistas consultadas se preguntan «sí el PSOE tenía conocimiento de esta resolución judicial, y cuáles serán las medidas del partido con estos miembros investigados, respetando obviamente la presunción de inocencia». Este proceso comenzó en 2006, a raíz de varias denuncias interpuestas por Coalición Canaria(CC) y Sí Se Puede, dándose la circunstancia de que fue un ex concejal nacionalista y padre de la actual candidata del PSOE, Jennifer Miranda, -heredera del ex alcalde investigado, Jaime González en el Juzgado de Granadilla de Abona-,  Pedro Miranda, uno de los principales impulsores de la denuncia ahora ratificada por la Audiencia Provincial, según informan fuentes de CC.

Nos encontramos en el momento procesal,- según establece la Ley de Enjuiciamiento-, en el que se debe dictar la apertura de juicio oral contra los acusados por presuntos delitos cometidos durante su etapa en el gobierno municipal en el sur de Tenerife, lo cual representa un auténtico escándalo político para el PSOE. Además, en estos autos se hace referencia a la investigación de incrementos en el patrimonio personal del ex alcalde, Jaime González Cejas y de otros cargos del PSOE.

Entre los cargos socialistas procesados en esta causa se encuentran el ex alcalde de Granadilla de Abona, Jaime González Cejas, al que se le ha visto muy activo en la campaña electoral con su sucesora en la carrera para la alcaldía por el PSOE, Jennifer Miranda, y el otro acusado, Nicolás Jorge, actual asesor del alcalde de Arona y responsable político del pacto de gobernabilidad con Coalición Canaria (CC) en el Gobierno autonómico que preside el nacionalista Fernando Clavijo (CC). Además, fuentes consultadas del PSOE, apuntan a Nicolás Jorge como mano derecha de la ex vicepresidenta y actual candidata a la alcaldía por Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández.

Este caso de presunta corrupción afecta a alrededor de una docena de cargos socialistas de Tenerife, según  informan los autos a los que ha tenido acceso este diario, ahora ratificados por la Audiencia Provincial. El Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Granadilla de Abona también ha procesado a varios familiares y empresas de las que son parte del consejo de administración los encausados, por lo que se enfrentarán a diversas acusaciones por malversación de caudales públicos, malversación urbanística, tráfico de influencias y prevaricación.

Piezas Separadas en el juicio por presunta corrupción del PSOE

Al ser varios los delitos denunciados y que posteriormente fueron admitidos a trámite, dada su complejidad, en virtud de un Auto de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, se han dividido en cinco piezas separadas.

En la Pieza Separada Número 1 de este caso, se relacionan a los ahora procesados en la concesión de cuatro licencias de obra mayor a la empresa Inversiones Costa Atlántica, S.L., sobre terrenos sobre los que se tienen sospechas de que no permiten la construcción de viviendas. Respecto a las citadas cuatro licencias concedidas afectarían a alrededor de un centenar de viviendas de San Isidro en Granadilla de Abona, que se encuentran actualmente habitadas. Si se constatara la ilegalidad de esta construcción,  una consecuencia podría ser la orden de demolición al encontrarse en terrenos presuntamente sin autorización. Los hechos consisten en la concesión de licencias solicitadas por la mencionada empresa, vinculada con el socialista y ex concejal Fidel Rodríguez, para la construcción de tres edificios: dos de doce viviendas, uno de 23 viviendas y otro de 18 viviendas y un edifico de 12 viviendas a pesar de los reparos formulados por los técnicos municipales. En total, por este caso, se les podría requerir una fianza de 3,8 millones de euros, por el valor al que se debería hacer frente en caso de que las viviendas deban ser demolidas y se tenga que indemnizar a los propietarios.

Entre los encausados se encuentra también el hermano del ex alcalde de Granadilla, José Antonio González Cejas, acusado de cometer cuatro delitos de prevaricación, mientras que el ex alcalde se enfrenta a dos delitos de prevaricación y Nicolás Jorge a otros cuatro de prevaricación.

En este proceso judicial, uno los autos centra su investigación en los cargos socialistas en relación con varias licencias de obra a favor de la empresa Vimedano, S.L., enfrentándose a presuntos delitos de prevaricación urbanística y tráfico de influencias. Se refiere a la Segunda Pieza relativa a la concesión de licencias de forma irregular a la entidad Vimédano S.L. Según obra en el auto judicial, Jaime González Cejas, quien además de alcalde era concejal de Urbanismo, era propietario de 440 acciones de la entidad Médano Beach Sur S.A, con un valor de 13,22 euros. Estas acciones fueron vendidas a la entidad Vimédano S.L. por 50 veces su valor inicial; 220.000 euros. Posteriormente, a pesar de los informes desfavorables de los técnicos municipales, se autorizó a la empresa Vimédano a la construcción de 118 viviendas tras haberse aprobado el Plan parcial Médano Beach, por lo que la Fiscalía considera que hubo un intento de enriquecer o favorecer a la citada entidad a la hora de la concesión de las licencias y de la aprobación del plan urbanístico. La fianza que se les podría requerir asciende a más de 12 millones de euros.

En esta causa, el que fuera el máximo apoyo de Patricia Hernández en el Gobierno de Canarias, Nicolás  Jorge, se encuentra  como acusado por cinco delitos de prevaricación urbanística, mientras que el ex alcalde de Granadilla, González Cejas, se somete a una acusación por un delito de prevaricación y cuatro de tráfico de influencias, y su hermano responde por dos delitos de prevaricación.

El Plan Parcial Médano Park

El Plan Parcial Médano Park tampoco se ha quedado fuera de esta polémica, respecto a una de las promesas del ex alcalde de Granadilla, hecho que le ha conllevado a una acusación por malversación de caudales públicos y prevaricación, tras favorecer presuntamente a la empresa Médano Beach Sur, S.A.

Por su parte, la empresa Médano Beach Sur,S.A, se podría haber beneficiado de la acción del ex alcalde y concejales, a la hora de bajar los precios de unos terrenos, vendiéndose a un precio muy inferior al que marcaba el mercado en ese momento. El ex alcalde del PSOE, Jaime González Cejas, ha sido acusado de tres posibles delitos de prevaricación, uno de malversación y otro de tráfico de influencias, mientras que su hermano José Antonio y Nicolás Jesús Jorge, son denunciados por prevaricación y malversación respectivamente.

Paneles fotovoltaicos

Sin duda, en esta extensa trama, uno de los casos más llamativos es el relativo a la instalación de paneles fotovoltaicos. El Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), perteneciente al Cabildo de Tenerife, concedió al ayuntamiento de Granadilla de Abona una autorización para la instalación de 130 paneles solares, sin embargo, traspasaron los permisos y presuntamente se instalaron 200 paneles, superando en 70  elementos más de los permitidos..

Los 70 paneles no autorizados, al parecer, se los apropió el ex alcalde socialista de Granadilla para su beneficio privado presuntamente, tal y como recoge el auto de este proceso judicial. Y es que los rendimientos generados por la venta de la energía producida que pasaba a la red pública, eran ingresados en una cuenta privada. Como prueba se encuentra la apertura de una cuenta corriente en la extinta Caja Insular de Ahorros. A raíz de la investigación, González Cejas se enfrenta a un posible delito de tráfico de influencias, mientras que su hermano y Nicolás Jorge son acusados por  prevaricación.

Televisión Digital Terrestre

Otro episodio en el punto de mira judicial fue la llegada de la Televisión Digital Terrestre que también es objeto de investigación por parte de la justicia, ya que el ayuntamiento de Granadilla otorgó, sin proceso concursal previo, la instalación de los equipos necesarios para la sintonización de la TDT. La Junta de Gobierno de aquel entonces aprobó conceder los trabajos a una empresa por un importe, que se fue elevando de manera significativa. El principal encausado es Nicolás Jesús Jorge, al que se le acusa de un presunto delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos. Se trata de esclarecer si pudo beneficiarse de comisiones en relación a estos hechos investigados.

Finalmente, un auto implica a presuntas parejas sentimentales de una ex concejala del PSOE. La ex edil de cultura, Ana María Casimiro Pérez, concedía subvenciones a las mismas entidades y organizaciones cada año, sin variar el orden ni la documentación. Entre estas entidades se encontraban las de personas vinculadas al PSOE y su supuesta pareja sentimental.

LAS VINCULACIONES DE LOS PRINCIPALES PROCESADOS

Jaime González Cejas(PSOE), procesado  en seis casos actualmente investigados por la Fiscalía, se enfrentaría a un total de cinco posibles casos de prevaricación, uno de prevaricación urbanística, uno de malversación de caudales públicos, seis delitos de tráfico de influencias.

Por su relación politica con el PSOE, la vinculación de Cejas con la actual candidata socialista a la alcaldía de Granadilla, Jennifer Miranda Barrera, ha quedado patente en los actos de las últimas citas electorales para las elecciones municipales. Esta candidata, hija del ex concejal de Deportes por Coalición Canaria en el mismo municipio de Granadilla, Pedro Miranda, ha recibido el apoyo público del PSOE por parte del ex alcalde socialista a pesar de las denuncias del Grupo nacionalista y de la moción de censura contra el ex regidor.

El hermano del ex alcalde, José Antonio González Cejas, acumula siete acusaciones por posibles delitos de prevaricación, uno por malversación y dos por prevaricación urbanística.

Por último, Nicolás Jorge, un hombre de confianza de la actual candidata a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, acumula un total de ocho acusaciones por prevaricación, cinco por prevaricación urbanística y una por malversación de caudales públicos.

Según la información a la que ha tenido acceso este medio de comunicación, en las próximas semanas podría abrirse juicio oral contra los procesados, lo que les implicaría tener que hacer frente a fianzas mancomunadas por valor de al menos 12 millones de euros, según consta en autos, a expensas de lo que determine la petición del Fiscal y la Acción Popular.

OTROS PROCESADOS

Además de los procesados ya citados, también se encuentran en la causa otros ex ediles del PSOE en el municipio de Granadilla de Abona, familiares y empresarios. A raiz de los cargos socialistas investigados se unen otros encartados, Ana Esther Flores, Rufino Acosta Álvarez, Ana María Casimiro y Jorge Fidel Rodríguez.

Informan María Montero y Erik Encinas.

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