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Joan Ribó y compañía no valoran que el puerto es vital para Valencia, como generador de empleo y riqueza

Mónica Oltra anuncia que pedirán al Ministerio de Transición Ecológica que aclare si la megaterminal portuaria necesita una nueva Declaración de Impacto Ambiental – Aurelio Martínez (APV) señala: «Si hay que hacerla, que yo creo que no, se hará»

Frente institucional contra la megaterminal de contenedores (138 hectáreas) prevista por el Puerto de València. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, de Compromís, se sumó ayer a la petición del alcalde, Joan Ribó, también de Compromís, de someter a una nueva evaluación de impacto ambiental las obras previstas en la ampliación norte, al entender que modifican sustancialmente el proyecto inicial amparado por una declaración de impacto ambiental (DIA) de hace más de una década, concretamente de 2007, y con fecha de caducidad próxima. En la misma línea ya se había expresado en los últimos días otra de las patas del Consell, Unides-Podem en boca del vicepresidente Rubén Martínez Dalmau.

Oltra, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell informó de que la Conselleria de Agricultura y Emergencia Climática, con Mirella Mollá al frente ha solicitado una reunión con el Ministerio de Transición Ecológica para «aclarar posibles dudas» en la ampliación norte del puerto. Casi al mismo tiempo que Oltra, el presidente de la Autoridad Portuaria, Aurelio Martínez, anunciaba que iban a esperar a las instrucciones de Puertos del Estado (Ministerio de Fomento) para ver si el proyecto se ajusta a la legalidad o debe revisarse como piden Generalitat y Ayuntamiento. «Si tenemos que hacer una nueva declaración de impacto, que yo creo que no, la haremos», manifestó Martínez, tras la reunión del consejo de administración. «El puerto no es mío, yo soy un gestor transitorio», apostilló.

«Los diques ya están hechos»

La revisión de la ampliación no tiene sentido porque «los diques de abrigo ya están hechos». Martínez apostó, en esta línea, por el crecimiento y la expansión del puerto para poder seguir siendo competitivos, al tiempo que defendió las políticas de sostenibilidad y eficiencia energética del recinto. Pese a no formar parte del orden del día, la ampliación fue abordada en el consejo de administración, donde se echó en falta a Ribó. «Yo esperaba que viniese», dijo el presidente de la APV, quien destacó que había intercambiado «algún mensaje» de móvil «amistoso» con el alcalde, que no pudo asistir por problemas de agenda, según apuntaron fuentes de Alcaldía.

Aurelio rebatió los argumentos del informe jurídico esgrimido esta semana por el alcalde reclamando una nueva DIA para la terminal portuaria. Según el presidente del puerto el impacto visual de las grúas y contenedores y el dragado de materiales va a ser inferior y por tanto el impacto menor al del proyecto inicial. El informe del ayuntamiento advierte también de la necesidad de revisar el proyecto por el impacto y la contaminación atmosférica que generará el aumento de tráfico pesado de contenedores.

En manos de los técnicos

Para Martínez, el debate debe dejarse en manos de los técnicos porque, apuntó, «no voy a entrar en confrontación con nadie». En relación a la adjudicación de las obras de la nueva terminal a MSC, el presidente de la APV afirmó que «sigue adelante salvo que Fomento diga lo contrario». Todo apunta a que la adjudicación definitiva se retrasará hasta tener el visto bueno del Gobierno para evitarse eventuales reclamaciones económicas por parte del adjudicatario.

La petición de informes aclaratorios al ministerio, que se hará en coordinación con la conselleria de Vivienda, en manos de Unidas Podemos, se realizará a través de la comisión bilateral con el Gobierno, explicó Oltra, quien apuntó que también había tratado la cuestión de la ampliación con el titular de Obras Públicas, Arcadi España, del PSPV, para ver su encaje dentro de las nuevas políticas de sostenibilidad del gobierno tripartito del Botánic.

Oltra ha garantizado que «la conselleria está defendiendo el interés general y la seguridad jurídica y la legalidad». «Si hay una ampliación prevista, lo que genera dudas, se pide al Ministerio que aclare si ese informe ambiental de 2007 es suficiente o la ampliación que se está planteando excedería ese informe». «Hay que encontrar el equilibrio entre conjugar los intereses de futuro, económicos pero también medioambientales, con la línea costera de València, una fuente de turismo e ingresos, además de patrimonio de todos».

Reforzando el frente institucional, estuvieron la vicealcaldesa, Sandra Gómez, y el vicealcalde, Sergi Campillo. «Cualquier ampliación o reforma que se haga debe llevarse a cabo de la mano de la ciudadanía. El puerto tiene un impacto positivo en aspectos como la creación de empleo, pero también puede tener impactos negativos como el medioambiental», apunto Gómez, quien apunto que se buscará «un acuerdo entre el ayuntamiento y la Autoridad Portuaria». Campillo reconoció que el puerto «es un motor de desarrollo, pero también tiene externalidades e impactos que se han de evaluar», quien advirtió de que el puerto y debe «mirar a los ojos a la ciudad» y «no tomar decisiones hasta que no haya un acuerdo», al tiempo que se preguntó si «un estudio(en alusión a la DIA) de hace una década es válido hoy».

Informa Erik Encinas.

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