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Inspección aflora becarios públicos ‘adscritos’ a PSPV y a Compromís

El informe de Trabajo sobre los siete becarios de la Diputación de Valencia los convierte automáticamente en laborales. El de la Diputación no es el único caso detectado en Administraciones Públicas gobernadas por la izquierda

Nuevas irregularidades afectan a la izquierda. Ahora un informe de la Inspección de Trabajo sobre la situación de siete becarios adscritos al departamento de comunicación de la Diputación Provincial de Valencia no sólo ha revelado su trabajo como personal laboral encubierto, con horarios de 9.00 a 17.00 y que incluían días festivos e, incluso, fines de semana, sino que ha aflorado que el grupo de becados directamente se «adscriben» al grupo de diputados del PSPV o al de Compromís, los dos grupos mayoritarios que formaron gobierno en la primera legislatura, junto a Podemos y Esquerra Unida, que también disponían de áreas de gestión delegadas.

El expediente del inspector de Trabajo, impulsado por una denuncia del sindicato CCOO, incluye el testimonio de un responsable de la Corporación que, preguntado por el Programa de Formación que se sigue con este grupo de becarios declara: «Desconozco el programa de formación, yo me limité a sacar la convocatoria de las becas, que es la que nos vino dada básicamente por la Generalitat y, a partir de ahí, ya son los grupos políticos quienes se encargan de las tareas de estos chicos pues ni siquiera sé quienes son ni sus nombres».

Este grupo de becarios, a los que se pagan unos 1.000 euros brutos mensuales, figuran en el organigrama de la propia Diputación como «personal asociado» y disponen, incluso, de correo electrónico corporativo. También se relata, por ejemplo, cómo cuando la fotógrafa oficial de la Diputación se encontraba de baja por enfermedad, uno de ellos «pasó a realizar todas las fotos de la vicepresidenta (Maria Josep Amigó, de Compromís), cubriendo todos sus actos, gestionando las redes sociales de la Diputación y, en concreto, el Facebook y el Twitter de la propia vicepresidenta». Pese a ello, nunca se le entregó el Programa de Formación que exige la ley.

Según la Inspección de Trabajo, en este caso «ha existido un claro y evidente fraude de ley y abuso de derecho pues el interés preponderante no es el de los propios becarios, ni supone incrementar su formación, sino que la actividad desempeñada revierte en interés de la propia Diputación en el sentido de que la propia administración provincial se beneficia del trabajo productivo realizado por los siete becarios», cuando esos puestos están incluso previstos y por cubrir.

Pese a que el informe de la Inspección de Trabajo induce a la imagen de que es este grupo de becarios el que sostiene todo el trabajo comunicativo de la Diputación, fuentes oficiales insisten en que los becarios en formación hacen un trabajo «de apoyo» al equipo de profesionales que se encarga de esta materia en la Corporación. Además, aseguran que el Programa de Formación «es práctico y se desarrolla a diario con las colaboraciones y tareas en que participan los becarios, que son difícilmente planificables teniendo en cuenta la agenda de la información institucional».

Pese a ello, la Inspección de Trabajo ha ordenado la conversión de las plazas de becarios en puestos de naturaleza laboral. Lo ha hecho de manera automática y sin esperar más alegaciones por parte de la Diputación, al entender el inspector que lo que debería ser un reparto de trabajo por áreas de la Corporación Provincial ha acabado derivando en una asignación directa a los partidos.

Y éste no es el único caso que se ha detectado y ha acabado de manera favorable para los denunciantes. Desde el sindicato CCOO, su secretaria de Empleo y Formación, Ana García Alcolea, recuerda la campaña que su sindicato ha impulsado a nivel confederal que, bajo el título de ¿Beques o treballes? pretende informar de los límites que establece la normativa para el trabajo de los becarios en formación.

Se trata de una campaña informativa que, en su desarrollo, ha revelado casos en los que se ha decidido actuar como el de la Diputación de Valencia, donde había «indicios» de que existía una clara relación «laboral» de los becarios con la corporación provincial. «Nuestro objetivo es que se sigan manteniendo los programas de becas y formación, pero que se realicen con garantías y no se abuse de nuestra juventud», afirma.

Informa Erik Encinas.

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