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¡Inadmisible! El Gobierno ignora cuántos mayores han muerto en residencias

Una vez más, vuelven a ser los grandes olvidados por parte de las administraciones

Se silencian las muertes en las residencias de mayores, los grandes focos de coronavirus en España

La situación en las residencias de mayores en España está descontrolada. Ya son decenas, públicas y privadas, las que, oficialmente, reconocen que tienen a parte de su plantilla y a muchos de sus usuarios contagiados de coronavirus. La lista es interminable, sólo en los últimos días ha habido noticias sobre la muerte de al menos 60 personas: Montehermoso, en Madrid (19 muertes); Albertia, también la capital (7 fallecidos); Nuestra Señora de la Antigua, en Morata de Tajuña (5 decesos); Elder, en Tomelloso (14 fallecidos); Fundación Privada Consorts Guasch, en Capellades (6 decesos); Los Royales, en Soria (1 muerto); Santa Elena, en Torrent (70 contagiados), Montserrat Caballé, en Madrid (5 fallecidos); el centro de Sanitas del barrio de San Martín, en Vitoria (8 muertos); la residencia de La Paz en Madrid y un largo etcétera de casos que, previsiblemente, seguirán en aumento.

Sanidad desconoce las cifras

Uno de los ejemplos más claros de este descontrol es la inexistencia de datos públicos a nivel estatal sobre contagios en las residencias. Y es que, aunque el Ministerio de Sanidad sí que da a conocer en qué poblaciones se están dando brotes, de momento, no se están publicando estadísticas sobre cuántos fallecidos y contagios por coronavirus hay, exclusivamente, en residencias de mayores, cuando se han desvelado estos días como uno de los mayores focos de contagios del país. Es más, desde Sanidad han reconocido a este diario que no disponen aún de tales cifras.

Con todo, este no es el único problema, ya que en algunos casos, las propias autonomías, que son las que tendrían que hacer llegar estas cifras al Gobierno Central, aseguran desconocer la «situación real» en los centros. Como el caso de la Comunidad de Madrid (foco más importante del virus en España), cuya Consejería de Políticas Sociales, Familia y Natalidad reconocía el pasado miércoles que no disponía de datos y que, por ello, iba a realizar una serie de inspecciones telefónicas en los más de 500 residencias de la región.

Los familiares proponen soluciones

De esta manera, opinan en la plataforma de familiares Pladigmare, el problema no es sólo la escasez de material y personal, que el Gobierno quiere paliar con 300 millones de euros, ni únicamente tiene que ver con que se establezcan los correspondientes protocolos sanitarios para todo el país, que anunciaba este jueves el ministro de Sanidad, Salvador Illa; sino sobre todo, reside en la falta de información y la poca transparencia que hay respecto a las muertes y contagios por coronavirus en residencias.

«Si no das los datos, estás dificultando que se solucione el problema. Se trata de un foco específico que puede ser más problemático que en otros lugares al ser un colectivo vulnerable», reconoce el presidente de Pladigmare, Miguel Vázquez. Por ello, pide unidad de acción y propone como posibilidad «que la Unión Militar de Emergencias asuma el control de las residencias y que se intervengan». Algo que, por ejemplo, ya ha comenzado a hacer la Generalitat Valenciana en situaciones de brote, como en los casos de los centros de Alcoi y Torrent.

Además, asegura Vázquez, se debe dar información detallada a los familiares sobre si hay o no contagiados en sus residencias, para que no se vivan situaciones angustiosas como, por ejemplo, la ocurrida en Montehermoso.

Y como ejemplo de buena comunicación, pone al centro público madrileño Adolfo Suárez, en el barrio de San Blas. «Les ponen por Telegram vídeos de sus familiares para que vean cómo están. Y envían todas las tardes un informe escrito sobre la situación general, especificando si tienen personas en aislamiento y cuántos hay. Debería ser la forma de actuar de todos los centros y a nivel global, pero no lo está siendo», denuncia. Así, según Vázquez, esta falta de información tiene que ver con que las vías de comunicación dependen de cada centro y no «hay una instrucción general clara de la manera de dar estos datos».

Más transparencia

Por su parte, la presidenta de la asociación Defensor del Paciente, Carmen Flores, pide asimismo una mayor transparencia y reconoce que es un error que no se hayan cuantificado las muertes que se están dando en las residencias de mayores. «El Ministerio está para controlar y no puede estar sólo a lo que digan las Comunidades. Tiene que preguntar qué está pasando en las residencias», critica.

«Lo primero que hay que hacer es exigir a las autonomías que den los datos de infectados y que se conozca de dónde salen. Además, deben añadir en esta información, cuántos hay en los centros de discapacitados, de mayores, etc», propone Flores. Y es algo factible, según ella, puesto que con la declaración del estado de alarma, el Ejecutivo tiene el control para poder coordinar estas competencias.

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