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Iglesias fuerza que el Estado pague la renta mínima de las autonomías

Escrivá aboga por más participación regional en 2021, que el vicepresidente restringe al Ejecutivo

El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha sido un elemento discordante en los últimos meses de aprobación de la ayuda estrella lanzada hace dos semanas por el Consejo de Ministros. De hecho, el número tres del Ejecutivo estaría forzando que el nuevo ingreso mínimo vital fuera costeado por la Administración Central, con la mayor prontitud posible, en una maniobra política para arrogarse el éxito de una ayuda, fundamental en el momento social actual, que sin embargo ya venía pagando las comunidades autónomas. De hecho, todas las regiones de nuestro país, sin excepción, cuentan con programas de rentas mínimas autonómicas implantados, con especial generosidad en los casos de Cataluña, donde el ingreso puede alcanzar los 1.122 euros mensuales, y de Navarra (1.221 euros) o el País Vasco (915 euros).

Tales son las prisas que está imprimiendo el vicepresidente para que sea el Estado el que figurara como prestatario de la ayuda que se ha puesto en marcha a los trabajadores de los servicios sociales de las comunidades autónomas y ayuntamientos antes de lo previsto por los organismos regionales y locales a raíz del estado de alarma para que comiencen a dar salida a las gestiones de administración que supondrá la conversión de las ayudas autonómicas en la nueva prestación estatal y para dar respuesta con la mayor brevedad posible a las solicitudes que permita realizar los pagos con prontitud. La idea es evitar en esta gestión el caos administrativo que ha supuesto la gestión de los Erte por parte del Sepe, que incluso tiene aún expedientes sin resolver encima de la mesa de cientos de miles de trabajadores.

Esta medida, que hasta cierto punto implica la superposición de la acción del Estado sobre la labor protectora que ejercen las comunidades autónomas, generará además mayores relaciones de dependencia de los colectivos sociales más vulnerables con la Administración Central y que antes se constreñía al ámbito de lo autonómico e incluso local a través de la labor de los servicios asistenciales. Hasta 2,3 millones de personas se beneficiarán de la ayuda pertenecientes a 850.000 hogares en situación de pobreza extrema. De ellos, unos 255.000 ciudadanos recibirán el próximo 26 de junio el ingreso mínimo vital, es decir, 75.000 hogares, de los que la mitad de los beneficiados serán niños.

Así, el Gobierno comenzará a abonar ahora una ayuda que ya se pagaba con fondos de las comunidades autónomas y que supondrá para ellas un ahorro cercano a los 1.500 millones de euros. En su mano está, según ha defendido el Ministerio de Seguridad Social, que ese remanente sea utilizado para completar la nueva ayuda con cargo a las arcas centrales e incrementar el ingreso mínimo que perciben los ciudadanos en cada comunidad autónoma. Si bien, el pago de esta ayuda establece un mínimo común.

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