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Hacienda rectifica: los ayuntamientos podrán invertir el dinero del superávit

El ministerio de María Jesús Montero suspende la regla de gasto después de que el Congreso tumbara el decreto

Tras un rifirrafe de meses con los entidades locales y después de que el Congreso de los Diputados rechazará el Real Decreto elaborado para su regulación, el ministerio de Hacienda ha decidido suspender la regla de gasto y los ayuntamientos podrán invertir el dinero del superávit.

La decisión, celebrada por muchos consistorios que consideran injusto el RD, llega después de que el Gobierno no logrará el apoyo de los grupos políticos con representación en el congreso el pasado jueves.

Entre las medidas que el nuevo Real Decreto-ley recuperará de la norma anterior y que contaban con un amplio respaldo de la Cámara Baja se encuentra la suspensión de la regla de gasto para el año 2020. También prorrogar para 2020 el uso del superávit de 2019 para financiar inversiones financieramente sostenibles, cuyo impacto alcanza los 987 millones.

Remanentes

El nuevo Real Decreto-ley no adoptará medidas relativas a los remanentes de tesorería de los ayuntamientos al ser un punto que ha evidenciado una falta de consenso por parte de los diferentes grupos políticos en el Congreso. El Ministerio de Hacienda lamenta que la propuesta pactada con la FEMP y que suponía poner solución a un problema estructural y complejo como es el uso de los remanentes de tesorería no haya tenido el respaldo del Congreso. En cualquier caso, eso no puede impedir que otras medidas urgentes y que benefician a los ayuntamientos queden sin ejecutarse.

En cualquier caso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insiste en que su departamento tiene la mejor de las disposiciones para escuchar las propuestas y soluciones alternativas que propongan los partidos políticos o los propios ayuntamientos.

Hacienda confía en que será posible encontrar una solución ajustada a la ley que permita atender las reclamaciones y necesidades de los ayuntamientos para que los remanentes que hoy generan costes e intereses a los consistorios se puedan poner al servicio de la recuperación económica y social que necesitan los ciudadanos.

 

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