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Gabriela Bravo propone una asignatura sobre igualdad para combatir el machismo

Gabriela Bravo propone una asignatura sobre igualdad para combatir el machismo

La consellera de Justicia pide a los ayuntamientos controles más estrictos sobre los clubes de alterne en las periferias. Anuncia la remisión inminente a las Cortes de la ley que incluye el requisito

La consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, una de las dirigentes con más peso e influencia en el Consell, propuso ayer una asignatura de igualdad obligatoria en los programas educativos de nuestras escuelas para combatir el «terrorismo machista». «Ni todos los códigos penales ni todos los jueces, fiscales y policías podrán terminar con esta vergonzosa realidad si no educamos a nuestros jóvenes en valores de igualdad y de combate contra la discriminación», esgrimió la consellera. Bravo reclamó «políticas decididas y cambios legislativos de calado que traten la desigualdad de género como lo que es: un problema de Estado», para el que reclamó una jurisdicción especial como la que ya existe en Menores.

En su intervención en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea, comparó el problema de la emergencia climática con la no menos relevante emergencia social que supone el terrorismo machista y planteó una propuesta que invade competencias de Educación pero también de la vicepresidencia primera que ostenta Mónica Oltra, con quien no acaba de tener una relación fluida.

Preguntada por la propuesta que el lunes lanzó el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para abolir la prostitución, Bravo le dio algo de forma. La responsable de Justicia del Ejecutivo autonómico reclamó que se sea «mucho más estricto» en el control de los locales de alterne que rodean a las ciudades que sirven de acomodo y refugio para los traficantes de mujeres. Un toque de atención a los ayuntamientos pero también a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que son los competentes en esta materia, para que extremen los controles. En esta línea, Puig ha pedido un informe a la Abogacía de la Generalitat para ver en qué aspectos se puede ser más restrictivo. La intención, explican desde Justicia, es poner el foco en todas las cuestiones administrativas que afectan a este tipo de locales.

La consellera también avanzó la «inminente» remisión a las Cortes de la nueva Ley de Función Pública valenciana. «Esta norma será la herramienta para adaptar la administración a las necesidades del siglo XXI», defendió. Sin embargo, el debate sobre esta norma no reside en la modernización de la Administración sino en la aplicación del requisito lingüístico para acceder a un empleo público en la Comunidad. De hecho, con el texto incluso acordado, el Botànic lo ha aparcado en un cajón al entender que la coyuntura política no era la más idónea para aprobar esta cuestión.

Por último, Bravó anunció que la Generalitat pondrá en marcha una nueva Oficina de Simplificación Administrativa con la que se reducirá, hasta en un 50%, el tiempo necesario para realizar los preceptivos trámites administrativos, en especial, «para los emprendedores y empresas» que, de esta forma, encontrarán en la Generalitat «un aliado».

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