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Exigen al Gobierno medidas para impedir que los ‘okupas’ puedan empadronarse y obtener derechos

El PP ha registrado una iniciativa en el Congreso para exigir al Gobierno que tome medidas para que las normas de empadronamiento contribuyan a evitar la ocupación ilegal y, entre otras cosas plantea que las personas que ‘okupan’ locales o viviendas no puedan empadronarse en los mismos ni obtener, por tanto, lo derechos que corresponden por figurar en el padrón.

El PP interpreta que, en la práctica esto va a permitir que los ‘okupas’ puedan darse de alta en el padrón aunque habiten inmuebles que no sean de su propiedad.

El PP ha presentado esta proposición no de ley después de que el Gobierno publicara el pasado 2 de mayo una resolución con instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal que establece que “la inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda”.

La iniciativa solicita que la ocupación de inmuebles no pueda dar lugar a la inscripción de ocupantes en el padrón municipal, así como que la inscripción en el padrón de un ocupante ilegal se considere nula, no constituya prueba de su residencia o domicilio, ni atribuya ningún derecho.

También busca que los ayuntamientos den de baja de oficio, o a instancia del propietario o poseedor legal legítimo del inmueble ‘okupado’, las inscripciones de las que se tengan conocimiento.

La Iniciativa persigue que se legisle para que un inmueble ocupado ilegalmente no pueda tener la consideración de morada o domicilio, de manera que los ocupantes ilegales no gocen de la misma protección que quien compra una vivienda o vive en un piso pagando un alquiler.

Antonio González-Terol ha subrayado que su partido quiere que “quede claro que el PP defiende por supuesto la propiedad privada” y ha denunciado que algunos gobiernos autonómicos y municipales se amparan en una normativa “opaca y poco cristalina” que ayuda a consolidar la ocupación ilegal de viviendas y que los “socios comunistas” del Gobierno de Pedro Sánchez han “transigido” con esa línea de actuación.

“El movimiento político va en ese sentido y hay que defender el artículo 9 y 33 de la Constitución relativo a la seguridad jurídica y la propiedad privada”, ha afirmado el dirigente del PP, que ha señalado que en la crisis del coronavirus se ha producido un “repunte” de esas ocupaciones ilegales “sobre todo en territorios con gobiernos locales populistas”.

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