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“Estado de alarma encubierto”

Así es la “nueva normalidad” de Sánchez: mascarillas, limitación de aforos y multas de hasta 600.000 euros

Pedro Sánchez trabaja en un “estado de alarma encubierto” para imponer el uso generalizado de mascarillas, la limitación de aforos en grandes eventos y la imposición de elevadas multas por “actos irresponsables” durante el periodo que Moncloa ha venido a denominar como de “nueva normalidad”.

Por el momento, Sánchez ha anunciado que el martes de la semana se viene se aprobará en el Consejo de Ministros un nuevo decreto ley con medidas de “prevención, control y contención” sanitarias tras el fin del estado de alarma del día 21 de junio.

Es, en definitiva, el “Plan B” que avanzó la semana pasada la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y cuya concreción será sometido a debate en un Consejo Interterritorial de Salud en los próximos días.

Se trata, según ha explicado Sánchez, de “aunar en una sola norma las medidas sanitarias que tendremos que continuar observando hasta que llegue la vacuna o un tratamiento eficaz para evitar el riesgo de un rebrote”.

“Estado de alarma encubierto”

Sin embargo, según ha podido confirmar por fuentes de varios ministerios implicados en la elaboración de la norma, el decreto ley que regulará la “nueva normalidad” también recogerá limitaciones relacionadas con los aforos y sanciones en caso de “acciones irresponsables” que pongan en riesgo la salud pública.

Se plantea una especie de alternativa al estado de alarma para mantener ciertas restricciones mediante la recopilación de algunas órdenes ministeriales dictadas durante las últimas semanas o a través de las consejerías autonómicas.

En algunos departamentos ministeriales hablan incluso de “estado de alarma encubierto”, aunque el Gobierno reconoce que no podrá intervenir en cuestiones que son de competencia autonómica, ni limitar los movimientos entre comunidades autónomas como se está produciendo en la actualidad.

Se extiende el uso de la mascarilla

Según las fuentes consultadas , una de las órdenes ministeriales que Sanidad se plantea mantener durante varios meses de la “nueva normalidad” es la que hace referencia al uso generalizado de las mascarillas.

La OMS sigue sin aconsejar mascarillas a toda la población para reservarlas para sanitarios y enfermos, mientras que el Ejecutivo español las ha hecho obligatorias para todo el mundo siempre que no se pueda mantener la distancia de seguridad.

Tras el estado de alarma, fuentes próximas al Ministerio de Sanidad aseguran que el Gobierno seguirá como mínimo recomendándolas.

Aforo máximo en eventos de masas

Otro de los aspectos que regulará el decreto ley del Gobierno es el aforo máximo en eventos de masas. Sanidad ha abierto la posibilidad de permitir la entrada de público en los grandes espectáculos deportivos, como los estadios de fútbol.

Por el momento, los derechos de televisión y la publicidad son los principales ingresos de los equipos de fútbol que retomarían la actividad a puerta cerrada.

La asistencia a los cines también será posible con aforos restringidos, al igual que a los teatros y conciertos. “Pero de los eventos de masas tendremos que olvidarnos por un tiempo”, anticipa una fuente autorizada de La Moncloa.

También se advertirá sobre las aglomeraciones en las verbenas y fiestas patronales de verano en los municipios más grandes. Las más multitudinarias se suspenderán sin excepciones, como ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, que ha cancelado todas las fiestas al menos hasta el mes de noviembre.

Las piscinas municipales, otro ejemplo de evasión, tendrán que reducir su aforo para poder abrir a partir de finales de junio.

Multas por “acciones irresponsables”

Según las fuentes consultadas, otro de los capítulos del decreto recogerá que la comisión de infracciones en materia de salud pública dará lugar a la imposición de multas, acogiéndose a la Ley de Salud Pública de 2011, sin perjuicio de las sanciones que puedan establecer las comunidades autónomas y entidades locales en el ámbito de sus competencias.

Se defiende que la propia ley apela a la responsabilidad individual. Las multas serán aplicadas por las autonomías como autoridades sanitarias ya sin estado de alarma. En el caso de infracciones muy graves se contemplan multas de hasta 600.000 euros y en el supuesto de las acciones más leves pueden alcanzar los 3.000 euros.

Sin perjuicio de la sanción económica que pudiera corresponder, en los casos de infracciones muy graves, se podrá acordar por la autoridad competente el cierre temporal de los establecimientos o servicios que incumplan la normativa por un plazo máximo de cinco años.

En la imposición de las sanciones, las Administraciones públicas deberán guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerando a tal efecto los criterios establecidos en el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

 

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