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El testigo protegido del fraude de la formación pide justicia en Andalucía

El funcionario jubilado que destapó el desvío de ayudas de los cursos lleva al juez el cierre en falso de su expediente disciplinario

El testigo protegido del fraude de la formación, el funcionario jubilado Teodoro Montes, ha acudido de nuevo a los tribunales en busca de «justicia» para intentar tumbar el cierre en falso del expediente disciplinario que de forma «injusta» le abrió la Junta durante la etapa de la socialista Susana Díaz como presidenta y que se archivó con el nuevo ejecutivo del PP y Ciudadanos que preside Juanma Moreno.

Teodoro Montes destapó ante la juez de Sevilla Mercedes Alaya y ante la comisión de investigación abierta en el Parlamento andaluz un sinfín de irregularidades en la concesión por parte de la Junta de subvenciones para la formación durante la etapa de los gobiernos del PSOE. Fue testigo de todo tipo de tejemanejes con la ayudas públicas durante las más de dos décadas que trabajó como funcionario en la Delegación en Sevilla de la Consejería de Empleo, epicentro de casos de corrupción como los ERE o el fraude de los cursos.

La demanda que el testigo protegido ha interpuesto en los juzgados de lo contencioso administrativo de Sevilla contra la resolución de la Junta que da carpetazo al expediente disciplinario que le habían abierto ante la «pérdida sobrevenida» del objeto del mismo, ya que el funcionario se jubiló el pasado 26 de febrero. Esta demanda se verá en juicio el próximo 24 de enero de 2020.

Montes había solicitado a la Consejería de Empleo, que dirige la consejera Rocío Blanco, una resolución que «entrara en el fondo de la cuestión» de su expediente disciplinario y valorase el «ímprobo esfuerzo probatorio» realizado por él, tras tenerlo «un año incurso en esta absurda caza de brujas», recoge la demanda.

El funcionario jubilado está plenamente convencido de que «no existía tacha alguna a su labor dentro de la Administración» a la que ha dedicado «más de treinta años». «No puedo sentirme más que avergonzado ante tanta incompetencia y ausencia de ética y moralidad», denuncia en su escrito.

La carrera de este funcionario ha sido «pulcra, limpia y eficaz hasta donde le han permitido serlo, claro está, pues su exceso de celo en el cumplimiento del deber es el que, curiosamente, le ha creado toda suerte de problemas, vicisitudes y sufrimientos», dice la demanda.

Tras destapar ante la juez Alaya las irregularidades en los cursos de formación, este funcionario vio cómo, poco a poco, se iba quedando sin competencias en su puesto de trabajo en Empleo, como denunció en un escrito enviado al Parlamento andaluz en diciembre de 2016, tras su comparecencia ante la comisión de investigación. Afirmó entonces que esta «situación de hostigamiento» es el «colofón final del acoso laboral» que lleva años sufriendo dentro de la Junta, precisamente tras denunciar el presunto fraude con las ayudas de la formación. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) condenó incluso al Gobierno andaluz por acoso laboral a este funcionario en el año 2012.

La Administración andaluza le abrió un expediente disciplinario a Montes en abril de 2018. Llegó a amenazarle con hasta seis años de suspensión de funciones y el traslado forzoso de destino por una «falta grave» tras intervenir, supuestamente, en un procedimiento administrativo cuando se da alguna de las causas de abstención legalmente señaladas.

Es lo que, inicialmente, le achacaba la Administración andaluza, después de que Forem, un ente vinculado a CCOO, lo denunciara. Precisamente este sindicato no salió muy bien parado de la declaración judicial del testigo protegido, que lo implicó en las irregularidades que había con las subvenciones para los cursos. De hecho, CCOO intentó dos veces querellarse contra él, pero tanto Alaya como la juez María Núñez Bolaños lo impidieron. Finalmente, Forem recusó al funcionario y pidió a la Junta que lo apartara de la tramitación de sus ayudas.

En su demanda, Montes describe numerosas irregularidades en el expediente disciplinario que le abrieron tras la denuncia de Forem ante la Junta, que provocarían su nulidad. El funcionario detalla la negativa a aceptar las testificales que planteó en su defensa, que no fue debidamente informado sobre la acusación que pesaba sobre él y las «dilaciones premeditadas» que provocaron que llegara la fecha de jubilación y no hubiera finalizado la tramitación del expediente disciplinario.

Informa Erik Encinas.

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