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InicioBarrido CríticoEl Supremo advierte a la Generalitat de que excarcelar a presos del 1-O podría ser delito

El Supremo advierte a la Generalitat de que excarcelar a presos del 1-O podría ser delito

El Ejecutivo catalán estudia confinar en casa a todos los reclusos en régimen de semilibertad

El tribunal avisa de que aplicar la medida a los líderes del ‘procés’ podría ser prevaricación

La Conselleria de Justícia de la Generalitat estudia resquicios legales del reglamento penitenciario para poder enviar a confinarse en su casa a los presos que podían salir de día a trabajar o hacer voluntariado en virtud del artículo 100.2, entre ellos los líderes del ‘procés’. Tres de ellos (Jordi Cuixart, Oriol Junqueras y Raül Romeva) han solicitado al Tribunal Constitucional poder pasar el confinamiento en sus domicilios.

Desde el Tribunal Supremo, que fue el tribunal que les condenó, se ha preferido no esperar a que esa hipotética excarcelación se produzca. Y ha respondido con una advertencia: hacerlo podría ser constitutivo de un delito de prevaricación. La consellera de Justícia, Ester Capella, habíaexplicado por la mañana que su departamento había dado instrucciones a las juntas de tratamiento de las cárceles para que estudien si la ley permite que los reclusos del 100.2 puedan permanecer en sus domicilios mientras dure el estado de alarma, como sucede con parte de los que están en tercer grado.

En un escueto comunicado, el Supremo, como tribunal sentenciador de los líderes del ‘procés’, ha señalado que «en el caso de que la Junta de Tratamiento de las cárceles donde se encuentran los presos» del ‘procés’ «acuerde su excarcelación para cumplir el confinamiento en sus respectivos domicilios», se dirigirá a cada una de esas «juntas de régimen general y a la dirección de los centros respectivos para que a la mayor brevedad expliquen el fundamento jurídico que justifica esa decisión e identifiquen de forma nominal a los funcionarios que han apoyado ese acuerdo». Añade que ello «se enmarcaría en la exigencia de responsabilidades penales por la posible comisión de un delito de prevariación». 

La Generalitat ha dado esta instrucción pese a que la autoridad penitenciaria desde que se decretó el estado de alarma está en manos del Ministerio de Interior. De hecho, el pasado 18 de marzo, Instituciones Penitenciarias dictó una orden por la que facilitaba que los presos clasificados en tercer grado o con el 100.2 que tuvieran ya control telemático aprobado previamente por un juez de vigilancia penitenciaria pudieran seguir con sus condenas desde casa.

Un día después, el 19 de marzo, Instituciones Penitenciarias negó que la medida autorizara que los presos se fueran a casa de forma generalizada. Además, los presos del 1-O aseguraron que seguirían sus condenas en prisión, al quedar suspendidos los permisos de salida o en aplicación del 100.2.

Escollo legal

El escollo legal para la Generalitat es que el reglamento penitenciario solo permitiría, en principio, el confinamiento domiciliario de los reclusos en tercer grado, no de los que están clasificados en segundo, como es el caso de los presos del 1-O.

Desde que se decretó el estado de alarma, los reos que se han acogido al 100.2 permanecen día y noche en la cárcel, dado que se suspendieron sus salidas. El objetivo de la medida, según Justícia, sería «esponjar» las cárceles para evitar la propagación del coronavirus. Hasta el momento se han confirmado nueve casos positivos de internos -otros 34 están en estudio- y 20 de funcionarios.

Solo presos no peligrosos

La excarcelación de los presos del 100.2, una «medida excepcional en una emergencia sin precedentes» según la ‘conselleria’, se aplicaría solo a los reclusos con un bajo riesgo de reincidencia y que dispongan de un domicilio fijo y, aunque de aplicación inmediata, tendrá que ser avalada después por el juez de vigilancia.

Actualmente, 101 presos de las cárceles catalanas tienen autorizadas las salidas del artículo 100.2. Antes del estado de alarma, eran 157, pero 56 han pasado a ser clasificados en tercer grado en las últimas semanas. Capella ha explicado que ha ordenado a los directores de centro que «busquen» lo que la ley «permite» para esponjar las cárceles catalanas».

«Nos lo pide Naciones Unidas, y el departamento de Justicia ya hace días que está tomando decisiones y recorriendo caminos que hasta ahora no había recorrido. En estos momentos, tenemos el 69 % de las personas clasificadas en tercer grado confinadas en su casa. Pero no es suficiente, necesitamos que haya menos gente en las cárceles», ha apuntado.

Las juntas de tratamiento

En relación a si esa medida afectará a los líderes independentistas en prisión -todos ellos confinados en la cárcel actualmente-, la ‘consellera’ ha precisado que «las decisiones las toman y las tomarán las juntas de tratamiento».

«Y estoy convencida de que, como siempre han hecho, lo harán con objetividadprofesionalidad y teniendo en cuenta que en estos momentos tenemos que preservar más que nunca la salud y la vida de las personas que se encuentran privadas de libertad en los centros penitenciarios catalanes», ha añadido.

Más de 2.000 presos en toda España cumplen pena en casa bajo control por el estado de alarma

2.071 presos de toda España que están clasificados en tercer grado o régimen abierto cumplen su condena en casa controlados por una pulsera telemática o por teléfono tras el decreto de estado de alarma y las restricciones de salidas y entradas en prisión. A ellos se suman 2.690 internos que ya tenían esta situación antes del estado de alarma, por lo que en la actualidad hay 4.761 presos en domicilio.

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