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El PSOE romperá el Poder Judicial tras el 28-A para regalar a los separatistas el control de los jueces

El programa del Partido Socialista de Pedro Sánchez pretende romper el Consejo General del Poder Judicial para regalar a la Generalitat el control de los jueces. De esta manera, se guarda un as bajo la manga de cara a unas posibles negociaciones con los separatistas, sin contar, claro está, con el resto de los españoles.

Pedro Sánchez está dispuesto a reeditar la polémica Declaración de Pedralbescon los separatistas tras el 28-A en caso de que las urnas se lo permitan. Aquel pacto fue precisamente el que aceleró la convocatoria de elecciones anticipadas tras descubrirse que el presidente estaba dispuesto a negociar por medio de un “relator” y de igual a igual con la Generalitat para encontrar una salida al “conflicto sobre el futuro de Cataluña” que contase “con un amplio apoyo de la sociedad catalana”.

Esa Declaración hacía suyo un punto de partida en las negociaciones: la Declaración previa de Barcelona de 2017, un acuerdo en el que figuraba ya la ruptura del Consejo General del Poder Judicial para regalar a la Generalitat el control de los jueces en esta comunidad autónoma. Ahora, el programa del PSOE vuelve a incorporar ese fragmento.

El nuevo texto incluido en el programa de los socialistas señala lo siguiente: “Ante la crisis actual del modelo territorial, derivada del crecimiento de las aspiraciones independentistas en Cataluña, ante la inacción del Gobierno del PP, nos corresponde liderar la búsqueda de una salida a dicha crisis”. Y esa salida, según Sánchez, tiene que pasar por lanzar las “reformas necesarias para un nuevo impulso del autogobierno”, medidas que, según los socialistas, fueron “concretadas en la Declaración de Granada de 2013 y en la Declaración de Barcelona de 2017”.

El modelo territorial del PSOE sigue siendo el único camino para superar la actual crisis

El PSOE, de hecho, se siente orgulloso de esas declaraciones y afirma que “si nuestras propuestas hubieran sido aplicadas no nos encontraríamos en la situación actual pero, en cualquier caso, el modelo territorial del PSOE continúa siendo el único camino viable para superar la actual crisis”. Los socialistas aseguran que no lo hacen partiendo del “derecho de autodeterminación”, pero añaden acto seguido, en el mismo nivel, que tampoco “desde un estado de excepción territorial con carácter permanente a través del artículo 155”.

Ruptura del Poder Judicial

Pues bien, esa Declaración de Barcelona de 2017 de la que se sienten tan orgullosos en el PSOE es la que recoge la ruptura del órgano de Gobierno de los jueces para permitir que la Generalitat comande el designio de los jueces en Cataluña. Y es que Sánchez ha diseñado un nuevo y potente paquete de transferencias para contentar a los independentistas si las urnas le dan la oportunidad.

Pedro Sánchez quiere lograr, como sea, el respaldo de los separatistas para poder continuar en el poder. Y entre esas nuevas cesiones se encuentra el fraccionamiento del Poder Judicial, el control de las funciones de protección civil y la “participación” en la gestión de la inmigración.
Hay que recordar que la Justicia es básica para los golpistas porque les permitiría controlar posteriores procesos judiciales relacionados con el separatismo; la protección civil es clave por motivos obvios; y la inmigración ha sido ya utilizada por CiU en el pasado para introducir inmigrantes no hispanohablantes y marginar de esa manera el uso del castellano en Cataluña.

Los socialistas recuperan con este fin un viejo texto: el elaborado en julio de 2017 y conocido como Declaración de Barcelona. Aunque, tan sólo con un pequeño cambio: y es que en aquella época, cuando se redactó originalmente, era el voluntarista plan de un PSOE sin poder real; y hoy es el plan de acción de un presidente del Gobierno que vuelve a buscar el apoyo de los separatistas.

Los socialistas detallan en esta Declaración el plan que conforma la hoja de ruta de negociación con los separatistas. Y allí se destaca que tras “la Sentencia del Tribunal Constitucional, existen cuestiones en el Estatuto de Autonomía de Cataluña que fueron declaradas inconstitucionales más por cuestiones legales de forma que de fondo. En consecuencia, en este ámbito existe margen de actuación para impulsar un desarrollo normativo –que incluye la reforma de normas de ámbito estatal ya existentes o, en su caso, la aprobación de algunas nuevas– que profundicen en el autogobierno de Cataluña”.

Y esas nuevas cesiones lanzan el siguiente objetivo: “En este sentido, vamos a impulsar: la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, incorporando las previsiones sobre el Consejo de Justicia de Cataluña y configurándolo como una instancia desconcentrada del propio Consejo General del Poder Judicial”. Es decir, que el Poder Judicial catalán sería autónomo del nacional: algo que dejaría manos libres al Ejecutivo de Torra para manosear las futuras decisiones sobre procesos relacionados con el separatismo.

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