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El PPCV asesorará jurídicamente a las familias ante la imposición del modelo lingüístico en los centros

La portavoz de Educación, Beatriz Gascó, pide suspender la aprobación de los proyectos lingüísticos de centros. “Es una barbaridad hacerlo en plena pandemia”

La secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, acusa a Puig y Marzà de “despreciar a quienes hablamos castellano en esta Comunidad”


El PPCV ha pedido suspender la aprobación de los proyectos lingüísticos de los centros, ha puesto a disposición de todas las familias que lo deseen los servicios jurídicos del PPCV ante la vulneración de sus derechos fundamentales y ha solicitado la comparecencia de Marzà en les Corts. Además ha presentado una propuesta en Les Corts para que se reforme la norma en aquellos artículos que vulneran la legalidad.

   Así lo han anunciado esta mañana la secretaria general del PPCV Eva Ortiz y la portavoz de educación Beatriz Gascó, tras reunirse digitalmente con las confederaciones de padres Covapa y Concapa. “Las familias no van a estar solas. Les apoyamos para que puedan impugnar los proyectos lingüísticos que no se ajusten a la legalidad” ha señalado Eva Ortiz.

   La portavoz de Educación del Grupo Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha pedido la suspensión de los proyectos lingüísticos de centro. “En la Comunitat Valenciana vivimos una situación sanitaria y social muy complicada, por eso nos parece una barbaridad aprovechar esta coyuntura por parte de la administración para desarrollar planes educativos que van a cambiar el modelo educativo. Aprobar los proyectos lingüísticos de centros como ha pedido Marzà antes de que finalice febrero es una barbaridad”.

   Beatriz Gascó ha agradecido la gran labor que están realizando los docentes en la Comunidad “asumiendo un trabajo impagable. En este contexto tan complicado no se puede pedir que elaboren el proyecto lingüístico de centro para el próximo curso”.

   La portavoz popular ha recordado que el pasado curso “la administración decidió suspender la aplicación del decreto de proyecto lingüístico porque se tenían que celebrar muchas reuniones y entendían que no era el contexto adecuado para decidir en qué lengua tiene que darse cada asignatura. Incluso hubo en las zonas castellano-hablantes como Orihuela una manifestación donde la comunidad educativa puso el grito en el cielo”.

   “El plan lingüístico del centro obliga a los centros a impartir el 25% de asignaturas en valenciano, incluso los exentos de la asignatura de valenciano. Estas medidas, teniendo en cuenta la reciente ley de educación Celaá donde el castellano deja de ser lengua vehicular, van a provocar la implantación real del monolingüismo en detrimento del castellano como ocurre en Cataluña”, ha explicado.

   Gascó ha explicado que “no tiene sentido aprobarlo este curso pues las circunstancias son las mismas que cuando se aplazó el curso pasado. Pedimos que se vuelva a suspender la aplicación de los proyectos lingüísticos porque no es posible hacer reuniones para aprobarlo.

   Beatriz Gascó ha indicado que “pedimos que el castellano siga siendo lengua vehicular y que, al menos, se respeten los porcentajes mínimos. Vamos dando pasos de gigante para desterrar el castellano a una lengua residual en la enseñanza. Han unificado ya todas las líneas en castellano que pasan a reforzar horas en valenciano. Esto se hace con porcentajes para que nadie sepa nada. En muchos centros ya se da el 80% de tiempo lectivo en valenciano sin hacer ruido”.

   Para la portavoz popular “es lamentable que una ley mal hecha no se reforme. Les dicen a los centros que no se preocupen y de palabra cambian las instrucciones continuamente en lugar de reformar la ley. Pedimos transparencia y que las instrucciones se den por escrito”.

   En este sentido, Beatriz Gascó ha pedido que “se lleve a cabo con criterios objetivos según una planificación para que haya oferta y demanda para poder elegir, con consultas vinculantes en los centros como se ha hecho con la jornada continua, y que se trabaje en una buena proporción para no aplicar un modelo único que no permita que la libertad esté garantizada”.

   Por su parte, la secretaria general del PPCV Eva Ortiz ha calificado de “atropello” poner en marcha la imposición lingüística con 24 sentencias en contra y en plena pandemia. Igual que han hecho con la aprobación de la ley Celaá quieren llevarlo adelante en el peor momento. Un conseller de educación con 24 sentencias en contra significa que toda lo que ha intentado poner en marcha ha sido tumbado en los tribunales. Ya tarda tiempo Puig en echar al señor Marzà de conseller”.

   El PPCV ha pedido una reunión inmediata con el conseller Marzà para aclarar estas cuestiones y ha solicitado su comparecencia en les Corts para explicarlo. “Ya está bien que se nos desprecie a quienes hablamos castellano en esta Comunidad y que a la gente del sur se nos relegue como dijo el consejero de À Punt Lluis Rivera que dice que los del sur somos una subregión”.

   Eva Ortiz ha pedido paralizar el proceso que se acaba de abrir “por los mismos motivos que se paró el curso pasado” y además ha mostrado su rechazo “al cambio de inspectores a dedo que está llevando a cabo Educación y que sean los asesores lingüísticos quienes se están reuniendo con los centros”.

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