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El Ministerio de Sanidad vetó a las CCAA comprar material sanitario el 2 de marzo para los hospitales

El departamento de Salvador Illa vetó la adquisición de mascarillas por parte de las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias de sanidad y, por tanto, provén a los hospitales, durante dos semanas en las que tampoco hizo la gran compra que prometió.

El Gobierno dio la orden a los fabricantes de mascarillas de que frenasen las ventas a las CCAA el 2 de marzo, 12 días antes del decreto del estado de alarma, en una reunión organizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Según publica El Mundo, que ha tenido acceso a la documentación del ministerio y de las empresas, Sanidad argumentó que el objetivo era “minimizar el impacto” del coronavirus en la sociedad española mediante la centralización de las medidas.

Por ello, el Ejecutivo prometió a las empresas que realizaría una compra masiva de mascarillas, de 38 millones de unidades. Pero el día 14, cuando se decretó la alarma, no había repartido ni medio millón y las CCAA llevaban ya 12 días sin poder comprar nuevas remesas para los hospitales de toda España, que estaban empezando ya a recibir una gran cantidad de pacientes con síntomas de la Covid-19.

Salvador Illa rectificó el 17 de marzo, cuando Sanidad todavía no había hecho la gran compra anunciada y los centros sanitarios urgían de material de protección ante la pandemia que ya había entrado en España. La falta del mismo ha provocado que este país tenga la tasa más alta de profesionales sanitarios contagiados; aproximadamente, un 15% del total.

Ese 17 de marzo, el ministerio volvió a permitir la compra de mascarillas por parte de las CCAA, que adquirieron 53 millones en pocos días. el Ministerio de Sanidad fue más lento y hasta ocho días después, el 25 de marzo, no llevó a cabo la gran compra anunciada a las empresas del sector.

La orden de no permitir la venta a las comunidades autónomas y el devenir de los hechos no solo muestra la gestión errática del Ejecutivo con el material sanitario, corroborado posteriormente con la compra de test rápidos defectuosos, sino también que, en realidad, sí tenían pistas de la pandemia que venía semanas antes de actuar.

El mismo 2 de marzo, los mensajes que lanzaba el Gobierno eran de traquilidad y de normalidad. Permitió eventos multitudinarios esa misma semana, como la manifestación del 8M y el acto de Vox en Vistalegre. Y hasta casi dos semanas después no ordenó el confinamiento de la población, aunque tampoco paró los transportes ni obligó a cerrar a las empresas más allá del comercio no esencial.


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