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El ladrillo vuelve a elegir alcaldes y tumba pactos de izquierdas en la costa valenciana

Proyectos de campos de golf con miles de viviendas alejan pactos entre PSPV y Compromís en Pego o Torreblanca. En Burriana también ha resucitado un mega plan con el golf como reclamo.

El urbanismo ha vuelto a la política. No con el nivel de intensidad con que señoreaba en los ayuntamientos hasta finales de la pasada década, pero sí con la fuerza suficiente como para condicionar algunas alcaldías y pactos de gobierno municipales en localidades de la costa española. En la Comunidad Valenciana, que vivió contaminada por la influencia de la tentación desarrollista hasta que estalló la burbuja del ladrillo en 2008, un puñado de investiduras de alcaldes se han visto impregnadas de nuevo por el olor a hierba húmeda de los campos de golf y la fascinación por el dinero fresco que siempre parece acompañar a las grúas y las hormigoneras.

No es en puridad un nuevo ‘boom’. Al igual que ha ocurrido en otros puntos de España, las principales promotoras del país y empresarios locales del sector han reactivado el sector inmobiliario, pero de una forma relativamente ordenada, sin burbujas aparentes. La demanda tira de la oferta y no al contrario, hasta el punto de que a algunas promotoras les está costando cumplir con sus previsiones de entregas de viviendas porque no venden al ritmo deseado, sobre todo las que compraron el suelo más caro y ahora no tiene margen para competir en precio. Del mismo modo, el mejor control sobre el crédito inmobiliario por parte de las entidades financieras está contribuyendo a que no existan demasiados excesos ni un recalentamiento del sector pese al entorno de bajos tipos de interés, también para las hipotecas.

«Este año se han quedado 100.000 arrobas de naranja sin vender. La gente no mira con tan malos ojos el proyecto», dice el alcalde socialista de Pego

Se trata, por tanto, de un momento económico distinto. Una etapa en la que hay proyectos reales y otros que son meras expectativas de futuro, maquetas y filas de adosados pintadas sobre un plano sin cronograma definido. En Pego, en la frontera entre las provincias de Alicante y Valencia, hace años que se introdujo en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) la planificación del llamado PAI de Pego Golf, un proyecto de construcción de campo de golf asociados a hoteles y 1.300 viviendas. La iniciativa se concretó en 2005 por parte de un grupo de empresarios entre los que figuraba el promotor local José Manuel Zapata Sendra (Conzeta Inmobiliaria) con respaldo financiero del Banco de Valencia.

La sociedad creada para desarrollar el PAI, Inversiones Patrimoniales la Marina, está en fase de liquidación y apenas faltan unos meses para que caduque su condición de agente urbanizador. Desde que recayeron por el municipio alicantino representantes de algunos fondos de inversión a analizar el plan, hace meses que nadie se acerca al Ayuntamiento para interesarse por una iniciativa que cuenta con todos los parabienes administrativos. Sin embargo el diferente enfoque de Pego Golf ha impedido que PSPV-PSOE y Compromís pudiesen trasladar al ámbito local de esta población de la comarca de la Marina Alta de poco más de 10.000 habitantes el llamado Pacte del Botànic II suscrito para la Generalitat valenciana y otras instituciones.

El plan de Pego ya fue motivo de alejamiento la pasada legislatura, cuando el actual alcalde, el socialista Enrique Moll fue reelegido tras repetir el pacto de no agresión con el aspirante del PP y luego independiente, Carmelo Ortolà, que había servido para desbancar al independiente Carlos Pascual, condenado por delitos ecológicos. Las elecciones del pasado 26 de mayo arrojaron un nuevo escenario sin mayorías en el que socialistas y Compromís acercaron posiciones. Los valencianistas presentaron un documento con 75 puntos en común, pero sin ninguna alusión a Pego Golf. Y ahí se acabó la posible alianza.

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