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El Gobierno planea exigir a las empresas que mantengan el teletrabajo hasta julio

Prevé ampliar las medidas sociales para proteger a los más vulnerables y aprobar nuevos aplazamientos tributarios para las empresas, entre otras medidas

El Gobierno tiene previsto reforzar las medidas sociales para proteger a los que han perdido su empleo, aprobar aplazamientos fiscales para las empresas, un cambio de criterio en la aprobación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) y prorrogar hasta julio el carácter prioritario del teletrabajo para todos los ciudadanos del país.

«Se prorroga dos meses el carácter preferente del trabajo a distancia, así como el derecho de adaptación del horario y reducción de jornada«, recoge el Ejecutivo en un borrador del real decreto-ley al que se ha tenido acceso y que probablemente se aprobará este martes después de la reunión del Consejo de Ministros.

Según este borrador, se exigiría a las empresas que mantengan el teletrabajo hasta el 22 de junio y que faciliten a los empleados la reducción de jornada si lo necesitan para asumir el cuidado de hijos o dependientes ante la situación de coronavirus, o que puedan adaptar su horario para atender estas necesidades.

En el capítulo cuarto de la norma, de «Medidas de protección de los ciudadanos», el Gobierno aprobará que todos aquellos trabajadores que estuvieran en periodo de prueba y cuya actividad laboral se haya extinguido desde el día 9 de marzo por el coronavirus pasen a ser considerados desempleados y tengan derecho a la prestación.

Lo mismo ocurriría con aquellas personas que hubieran dejado su trabajo a partir del día 1 de marzo por haber encontrado otro mejor, y que al final se hayan quedado sin empleo porque la empresa ha cambio de plan por el coronovarius. «La situación legal de desempleo se acreditará mediante comunicación escrita por parte de la empresa a la persona trabajadora desistiendo de la suscripción del contrato laboral comprometido como consecuencia de la crisis derivada del COVID 19″, señala el borrador.

Medidas fiscales

Para mejorar los problemas de liquidez de los afectados por la pandemia, el Ejecutivo ampliaría la opción de rescatar los planes de pensiones permitiendo también rescatar los planes de pensiones de empleo (los planes de empresa), en caso de que el trabajador esté afectado por ERTEs, el cierre de establecimiento o la suspensión de actividad.

El Ejecutivo también planea un paquete de medidas fiscales, entre las que figura la aplicación de un IVA del 0% para todos los productos sanitarios del mercado interno o importados que sean para entidades públicas, organizaciones sin ánimo de lucro y centros hospitalarios.

Con respecto al Impuesto de Sociedades, permitiría que las empresas puedan elegir a la hora de hacer el pago fraccionado entre computar la cuota que abonaron el año pasado (una opción que parece poco conveniente dado que 2019 fue un año normal y podrían tener que adelantar mucho dinero, aunque luego se lo devolvieran) o bien utilizar la base imponible de 2020, equivalente al beneficio de este año.

Hasta ahora, las empresas que facturan menos de 600.000 euros podían elegir entre ambas opciones, pero el plazo para optar por la segunda de ellas terminaba en febrero, con lo que ahora se abre el plazo de nuevo para que puedan elegir esta posibilidad.

Se adaptará también el cálculo de los pagos fraccionados del IRPF y el ingreso de la liquidación del IVA, para evitar que sus pagos no se adecuen a la realidad de los ingresos actuales de las empresas.

Autónomos

Para los autónomos, se ampliaría el plazo para que puedan escoger una mutua colaboradora con la Seguridad Social -que finalizó en junio de 2019- para poder solicitar algunas prestaciones, ya que hay 50.000 autónomos que no seleccionaron mutua en fecha y ahora no tienen forma de solicitar la prestación por cese de actividad.

Este colectivo podría beneficiarse también del aplazamiento de deudas con la Seguridad Social, siempre que no hubieran pedido otro aplazamiento ya en vigor, para el pago de deudas que tuvieran que abonarse entre abril y junio de 2020. La Seguridad Social aplicará un interés de demora del 0,5%.

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