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El funcionario imputado por el pufo de 200.000 euros en la Subdelegación de Castellón vuelve a trabajar otra vez

V.G.M. regresa tras 2 años expedientado, a la espera de fallo judicial y pese a admitir la malversación. Hará tareas administrativas, bajo investigación, pero mantiene su sueldo como habilitado

El funcionario de la Subdelegación del Gobierno de Castellón que ha admitido haber malversado «unos 200.000 euros» del millón de euros en facturas falseadas que investiga el Juzgado de Instrucción número 1 de Castellón ha regresado al trabajo, según ha confirmado, al cumplirse dos años de la suspensión de empleo.

Vicente G.M. fue inhabilitado como cajero pagador de la institución gubernamental en septiembre de 2017, tras detectar la secretaria general cargos de combustible falsos y de que este acabar confesando que había sido él quien había llenado el depósito de sus coches particulares con cargo a la flota oficial de la casa. Junto a este funcionario, sigue imputado un compañero ya jubilado -Jaime A.M.-, 31 empresarios y dos ex subdelegados, el socialista Toni Lorenzo, y el popular, David Barelles.

Tras abrirle cuatro expedientes disciplinarios por su participación en la trama, el pasado 20 de septiembre se autorizó su reincorporación a la Subdelegación, tras consultar a la Abogacía del Estado, pero no a su puesto de cajero. Vicente G.M. fue habilitado en el cargo en marzo de 2011, pero ahora ha sido destinado al Punto de Información Fronteriza (PIF) ubicado dentro del recinto portuario. Así lo confirmaron fuentes del Ministerio de Política Territorial a preguntas de este rotativo.

Así, el funcionario imputado por el saqueo continuado durante, al menos, diez años, de las arcas de esta institución gubernamental está trabajando en el PIF del puerto de Castellón realizando «meras tareas administrativas», pero, ni más ni menos, que en uno de los servicios de la Subdelegación al que la trama también cargó facturas por trabajos que, según la instrucción policial, nunca se ejecutaron.

Este rotativo publicó el pasado mes de abril, que se cargaron a las cuentas de la Subdelegación facturas relativas al mantenimiento de dichas instalaciones, cuando, por encontrarse dentro del recinto portuario, estos gastos son asumidos por la Autoridad Portuaria tal y como establece el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado el 11 de abril de 2006.

Y así lo certificaron desde Port Castelló a la Secretaría General de la Subdelegación cuando se solicitó información al respecto y, a su vez se remitió al juzgado, escritos a los que también accedió este diario. De este modo, la Policía advirtió que se trataría una vez más de facturas falsas acordadas entre los dos funcionarios imputados y las empresas que operaban en connivencia, por lo que se podrían «imputar como malversación».

Ahora, Vicente G.M., al superar las tres prórrogas -cada una por seis meses- de la suspensión inicial preventiva de empleo -que no de sueldo- por espacio de medio año, que contempla la legislación vigente, ha vuelto a trabajar manteniendo su nivel profesional, aunque no su ocupación como cajero pagador. Ese cargo de confianza le permitió acceder a la caja fija de la Subdelegación y apropiarse indebidamente del dinero que admitió haber gastado «arrastrado por la dinámica» de la institución.

Vicente G.M. no sólo se declaró culpable de malversar unos 200.000 euros públicos «por tener un problema personal y continuado» del que no quiso revelar más detalles al juez en su declaración del pasado 8 de abril. En enero de 2018, en plena instrucción policial y judicial, devolvió 27.608,58 euros por el repostaje de combustible de los cuatros coches de su propiedad y por las revisiones y reparaciones de éstos vehículos con cargo a las cuentas de la Subdelegación.

Ahora, mientras la instrucción prosigue y a la espera de una sentencia judicial, los expedientes disciplinarios siguen abiertos, aunque frenados, lo que permite al cajero imputado trabajar percibiendo un sueldo, que se vio recortado y limitado al cobro de sus «retribuciones básicas» durante su suspensión laboral, tal y como concretaron desde el Ministerio de Política Territorial.

CAUSA COMPLEJA: LA INSTRUCCIÓN INICIADA EN 2017 PROSIGUE

  • Asesores de Lorenzo. El juez llamó a declarar como testigos a los tres asesores de gabinete -Rafael Calvo, Cristina Rodríguez y Rafael García- que trabajaron con Toni Lorenzo en su etapa como subdelegado (2007/2012) el pasado mes de septiembre. El socialista declaró haber sido «defraudado» por funcionarios apuntando tanto al cajero como al entonces secretario general que falleció en 2011.
  • Anticipos de caja. El 3 de octubre , el Juzgado de Instrucción número 1 de Castellón emitió una providencia solicitando a la Subdelegación para que la institución entregue la documentación relativa a los anticipos de caja fija del periodo investigado (2007-2017). Se solicita para realizar periciales para contrastar con las facturas emitidas.
  • Asesores de Barelles. A principios de octubre, el juez llamó como testigos a los tres asesores que tuvo el ‘popular’ David Barelles como subdelegado (2012-2017). Testificaron Paz Ferrín, Tamara Vallés y Daniel Nager, también en relación a los gastos de comidas y a la agenda del ‘jefe’ como testificaron los tres asesores de Lorenzo.

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