En paralelo a esta situación, sin embargo, el Gobierno ha comenzado ya a preparar la nueva fase que se abrirá a partir del 9M. Su idea es aprobar próximamente un decreto ley que permita dar continuidad a aquellas cuestiones que los Ministerios consideren que hace falta seguir manteniendo más allá del fin de la alarma. Serían medidas, en todo caso, que no necesitan que este instrumento constitucional siga vigente, ya que no tienen que ver con la restricción de derechos fundamentales.

Es el caso, por ejemplo, de la medida que se aprobó en febrero para permitir que los sanitarios jubilados pudieran volver a trabajar para ayudar en la lucha contra la pandemia, sin perder su pensión. Esta cuestión estaba ligada expresamente a que estuviera vigente el estado de alarma.

Esto se suma al anuncio que ya realizó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace dos semanas de que iba prorrogar hasta agosto la moratoria de desahucios sin alternativa habitacional en el alquiler, la moratoria o condonación parcial para inquilinos de grandes tenedores o entidades públicas, y los mecanismos de condonación y prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler; medidas que también estaban sujetas a la finalización del estado de alarma.

Sin cambiar el rumbo

En este escenario, el Ejecutivo mantiene que no hace falta reformar la legislación sanitaria para afrontar la nueva fase de la pandemia que se abre tras el estado de alarma, a pesar de que se lo está reclamando no solo el PP, sino también varios gobiernos autonómicos e incluso algunos de sus socios parlamentarios, para poder hacer frente a la pandemia más allá del 9 de mayo. Sin embargo, el Gobierno sí ha comenzado a trabajar en ese plan para garantizar que las medidas de tipo social y económico que han ido aprobando los Ministerios.