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El Consejo de Administración de Divalterra entrega las actas al juez por una presunta trama de ‘enchufismos’ en la Comunidad Valenciana

Pretende analizar si hubo contratos predeterminados de cargos afines al PSOE y Compromís.

El juez que investiga la presunta trama de ‘enchufismos’ denunciada por la Fiscalía Anticorrupción en la empresa pública Divalterra -dependiente de la Diputación de Valencia- ya tiene sobre la mesa un documento que las partes consideran clave.

El Consejo de Administración ya ha remitido al magistrado Miguel Ángel Casañ todas las actas del Consejo de Administración de Divalterra entre los años 2015 y 2019 para aclarar cómo se acordaron los contratos y quién tenía capacidad de decisión.

Las defensas persiguen que estos documentos revelen si realmente se produjeron decisiones predeterminadas -como sostiene el fiscal PabloPonce- en las contrataciones de libres designación de personas afines al PSPV y a Compromís. Fue el pasado mes de julio cuando plantearon la propuesta ante el instructor del caso Alquería, como bautizó la Policía a las pesquisas.

Dos meses después, el juez dio recorrido a la petición y solicitó las actas. La documentación, ingente, ya ha llegado. El objetivo de pedir estos documentos pasa por profundizar en la participación de los miembros del Consejo de Administración en las contrataciones.

Una vez analizadas las actas -que, para las defensas, podrían tener una información muy importante y «clarificadora»-, el instructor podrá comenzar a bascular entre las dos versiones tan antagónicas que sosotienen el asunto.

Por un lado, la representación legal de los imputados rechazan cualquier tipo de comportamiento anómalo y defienden que se actuó de acuerdo con la legalidad vigente. Por otro, está Anticorrupción que se muestra implacable.

El Ministerio Público aprecia indicios de malversación y prevaricación continuados en la manera en que la empresa pública Divalterra, contrató a siete altos directivos entre los meses de septiembre y diciembre de 2015 «con la única motivación -sostiene- de la adscripción o vinculación de los contratados a los dos partidos que gobiernan en la Diputación de Valencia, PSOE y Compromís». Concretamente quienes -según el fiscal llegaron a sus puestos a dedo- son Pau Pérez Ledó, Josep Lluis Melero, Maria Soledad Torija Urbano, Raúl Ibañez Fos, Manuel Carot, Miguel Ángel Ferri, Salvador Femenía, Víctor Jiménez bueso y Vicente Lucas Ferrando, cuya contratación supuso 1,1 millón de euros.

Para llegar a estas conclusiones preliminares, Ponce se apoyó, no sólo en la denuncia inicial que realizaron consejeros de la propia empresa pública, sino también en abundantísima documentación que, reiteraba, «evidencia una manifiesta ilegalidad y una absolutamente nefasta gestión del erario públicoen beneficio de personas o de partidos políticos».Hasta este momento, el instructor ha tomado declaración a los altos cargos y ex altos cargos imputados en el proceso por los delitos de prevaricación y malversación.

En sus comparecencias entre los pasados meses de junio y julio, todos ellos rechazaron que hubiera una red clientelar en la empresa dependiente de la Diputación de Valencia para beneficiar a Compromís y al PSOE.

La operación Alquería explotó en junio de y se saldó con la detención del entonces presidente de la Diputación Provincial de Valencia, Jorge Rodríguez, tres de sus asesores y los dos gerentes de Divalterra, a quienes la investigación de la Fiscalía Anticorrupción señala como responsables de una política de enchufismo en la que se vulneraban todos los preceptos legales.

La contratación de estos altos directos afines a los dos partidos políticos costó 1.122.095 euros, según el Ministerio Público.

Según se expone en el sumario, la entrada de todos estos directivos en la empresa pública dependiente de la Diputación Provincial de Valencia no se refleja tampoco en un mayor presupuesto para «dotar y desarrollar nuevas áreas».

De hecho, el presupuesto de 2016 es de 1,9 millones de euros, un 7% inferior al de 2015. Mientras se contrataba a los políticos amigos (según precisaba el fiscal), el presupuesto de la sociedad minoró un 18%.

«No existe un incremento ni en la evolución de la cifra de negocios, ni en sus presupuestos que avale la contratación de los altos directivos», remataba la investigación.

Informa Erik Encinas.

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