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El Congreso da luz verde por los pelos a la ley entre gritos de «¡libertad!» y acusaciones de adoctrinamiento

PSOE y Podemos aprueban la Ley Celaá por un solo voto de diferencia con el apoyo de los nacionalistas catalanes y vascos

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la Ley Celaá, la reforma educativa elaborada entre PSOE y Unidas Podemos. El polémico articulado, que está recibiendo una fuerte contestación social, ha salido adelante por los pelos por 177 votos a favor (uno más que la mayoría absoluta) frente a 148 en contra y 17 abstenciones. Ha obtenido el respaldo de ERC, el PNV, Más País y Compromís. JxCat y Bildu se han abstenido junto al BNG, Nueva Canarias y Teruel Existe. Han rechazado la norma el PP, Vox, Ciudadanos, UPN, Coalición Canaria, el PRC y Cup.

La aprobación por una ajustada mayoría absoluta de la octava ley educativa de la democracia, que se ha radicalizado de forma considerable durante su fase de enmiendas con medidas que restringen la capacidad de actuación de la concertada y eliminan la mención al castellano como lengua vehicular, entre otras cosas, abre un frente en la escuela y también en la sociedad. Las comunidades del PP se preparan para no aplicar la norma, mientras que padres, profesores y alumnos de la concertada se están organizando para protagonizar este domingo protestas de coches en las calles de una treintena de ciudades.

El debate en el Congreso ha terminado con los diputados del PP, Vox y Ciudadanos gritando «¡Libertad, libertad, libertad!» y dando golpes con las manos en la barandilla del Hemiciclo mientras trataban de acallarlos con aplausos los diputados del PSOE, Unidas Podemos y sus socios nacionalistas. Ha sido una batalla a gritos a ver quién hacía más ruido. A ver si con el estruendo de unos se silenciaban las reivindicaciones de otros.

La presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, ha tenido que llamar al orden. De pie, aplaudiendo con mucha decisión, estaban la ministra de Educación, Isabel Celaá, y el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.

Toda una metáfora de la contienda política que durante décadas sufre el sistema educativo. Un reflejo de las dos Españas resucitadas materializado en la llamada ley Celaá, que no ha hecho más que agravar las diferencias con sus cambios de última hora sobre el castellano, la educación concertada o la escuela que separa por sexos.

No ha habido ninguna posibilidad de entenderse, de acercar posturas, de dialogar. La diputada del PP Sandra Moneo ha acusado al PSOE de haber «perdido su sentido de partido de Estado para mantenerse en el poder» y ha avisado que su formación utilizará «todos los instrumentos» a su alcance para frenar la norma.

UNIDAS PODEMOS: «DEFIENDEN PRIVILEGIOS, NO LIBERTAD»

En el otro lado, la diputada del PSOE Mari Luz Martínez Seijo ha acusado al centroderecha de «usar la palabra libertad de forma sesgada» porque, ha dicho, «defienden la libertad sólo para los que tienen recursos». Es el mismo argumento esgrimido por Joan Mena, de Unidas Podemos -«Lo que están defendiendo no se llama libertad, se llama privilegios y distinción de clase», ha exclamado, arremetiendo contra «el arzobispo», «el señorito» y «el lobby de la escuela elitista»-, pero estos partidos se olvidan de que la escuela concertada, que se ve amenazada por la Lomloe, es la vía que precisamente permite a los alumnos más desfavorecidos aprender en colegios de calidad.

Por eso Joaquín Robles, de Vox, ha avisado de que esta norma es «el final del papel de ascensor social de la enseñanza», porque «condena a determinadas clases sociales a recibir una papilla infame que cercenará la promoción social».

La libertad de elección de centro por parte de las familias, recogida en el artículo 27 de la Constitución, ha sido el centro sobre el que ha girado el debate de la Lomloe. Esta libertad se ve vulnerada, aseguran el PP, Cs y Vox, porque «se aboca a la concertada a la desaparición». A última hora de este miércoles se fraguó una insólita alianza entre JxCat y el PNV y el PP, Vox y Cs para presentar una enmienda que proporcionara un balón de oxígeno a esta red. Si ERC se abstenía, la transaccional saldría adelante, pues sólo se necesita ser apoyada por mayoría simple. Pero los republicanos votaron en contra y alejaron así cualquier posibilidad de acercamiento.

Mientras familias y profesores de este modelo educativo donde estudia el 25% del alumnado se dirigían al Congreso para manifestarse en la puerta -ha acudido el presidente del PP, Pablo Casado, a firmar contra la norma-, Martínez Seijo ha espetado al centroderecha: «¿Es libertad o adoctrinamiento lo que se hace en los patios de los centros concertados hoy, donde utilizan a menores con la lectura de manifiestos en contra de la ley?». Su postura sorprende porque el Gobierno ha negado que fuera adoctrinamiento cuando los independentistas leían en los colegios catalanes manifiestos a favor de la libertad de los políticos presos tras la sentencia del 1-O.

La mayoría de diputados que han apoyado la norma ha reconocido que no es la ley que les hubiera gustado tener y que quedan muchas cosas en el aire. Hasta Unidas Podemos ha mostrado sus discrepancias con el PSOE por no haber accedido a rebajar las ratios o a recoger una asignatura de Ética. Sergi de Miquel, de JxCAT, ha resumido así la jornada: «No podemos sentirnos especialmente satisfechos de lo que vamos a hacer aquí. La idea es que se aprobara una ley que fuera un poco de todos para no cambiarla en cuanto llegue otro partido al Gobierno. Un bando va a celebrar mucho con euforia esta ley y otro bando no. Es un fracaso de todos».

CS: «ES UN BARRO, INOPORTUNA»

Marta Martín, de Ciudadanos, ha señalado que «esta ley ha conseguido enfadar a todo el mundo». «Es un barro, inoportuna y con dudosas garantías democráticas, supone una peligrosa bajada de nivel y una coacción de los derechos fundamentales. No puede recoger más tropelías», ha dicho. Según Sergio Sayas, de UPN, «en este momento se perpetra el mayor ataque educativo de la historia de la Democracia».

La norma se ha tramitado sin oír a la comunidad educativa y sin tratar de recabar consenso. El proyecto de ley se ha modificado sustancialmente durante la fase de enmiendas, discutidas en un tiempo récord y en paralelo a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2021. El articulado ha incorporado buena parte de las reclamaciones de Unidas Podemos y de los partidos nacionalistas.

ERC DEFIENDE EL CATALÁN COMO LENGUA VEHICULAR

Prueba de ello es que la diputada de ERC Dolors Bassa ha celebrado: «Nunca habíamos llegado a tener un nivel competencial tan alto. La ley establece que la lengua vehicular se decida según el Estatut y la Ley de Educación Catalana, que dicen que el catalán es la lengua vehicular». El PNV también ha anunciado que lo primero que hará será utilizar algunas de las medidas de la Lomloe para aprobar en el Parlamento vasco su propia Ley de Educación, «reforzando las competencias del sistema vasco».

La enmienda más polémica, en todo caso, es la que suprime la referencia al castellano como lengua oficial del Estado y lengua en la enseñanza, así como la consideración del castellano.

LA RELIGIÓN

Otros puntos polémicos son la retirada de los conciertos a la escuela que separa por sexos o la prohibición de ceder suelo público a la escuela concertada. Además, la Religión no contará para la nota media y se dará prioridad a la educación afectivo-sexual, blindándose los talleres LGTBI contra los que quieren objetar los padres del pin parental

El texto incluye también medidas que dan más facilidades a los alumnos para obtener los títulos de la ESO y Bachillerato y restringe a dos las repeticiones de curso en toda la enseñanza obligatoria (de los seis a los 16 años) y una nueva metodología de aprendizaje más basada en competencias y en proyectos.

La ministra de Educación ha defendido a la salida del pleno que uno de los objetivos es «la conclusión con éxito de todos los estudios por parte de los alumnos», al tiempo que ha asegurado que el castellano está «perfectamente garantizado» y ha reconocido que le hubiese gustado tramitar su ley «con más consenso».

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