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El código ético que estudia ahora el tripartito de Castellón hubiera ‘salvado’ a la ex vicealcaldesa

El Acord de Fadrell incluye resituar la línea roja ante una imputación por supuesta corrupción aunque «no es prioridad». Ali Brancal y Enric Nomdedéu están investigados por varios presuntos delitos por un juez.

El código ético al que apunta el nuevo tripartito de Castellón para los próximos cuatro años mantendría, por el momento, a quien fuera vicealcaldesa de Castellón y edil de Compromís durante la legislatura que ha terminado, Ali Brancal, en su puesto de concejala, un cargo al que renunció a tomar posesión por presiones de su partido tras haber salido elegida en las urnas del pasado 26-M.

La intención de las tres fuerzas políticas que gobernarán Castellón hasta 2023 (PSPV-PSOE, Compromís y Podem), «aunque sin ser prioritario», es resituar la línea roja en casos de investigaciones judiciales por delitos vinculados a la corrupción política, aplicando el cese del cargo público en el momento del procesamiento o apertura de juicio oral y no antes, como fue el ‘caso de los sobres’, en el que está imputada Brancal.

En estos momentos, la ex vicealcaldesa de Castellón está sujeta a la imputación por un presunto delito de malversación de caudales públicos por una querella interpuesta por el ex portavoz adjunto del Grupo Municipal del PP, Juanjo Pérez Macián. El Juzgado de Instrucción número 2 investiga si Ali Brancal, en 2014, introdujo propaganda de su partido, Compromís, para las elecciones europeas, en sobres con información municipal cuyo envío sufragaba el Ayuntamiento.

En el caso de que no hubiese renunciado al acta de edil, tras la reprobación por parte de sus propios compañeros de partido en una asamblea posterior a las elecciones del 26-M -que entendieron que su situación judicial había pasado factura a los malos resultados electorales-, Brancal sería hoy concejala. Eso sí, sin responsabilidad alguna en el reparto de delegaciones entre los 15 miembros del equipo de gobierno y mientras siguiese vigente el Código de Buen Gobierno. En el momento de aprobar su modificación, Brancal podría ocuparse de una concejalía.

IRONÍAS

Ahora bien, los tres partidos no ven prioritario ‘relajar’ esa línea roja que, ironías de la vida, exigieron al Ayuntamiento de Castellón gobernado por el PP durante el mandato 2011-2015. Entonces Brancal y Enric Nomdedéu, secretario autonómico de Empleo, eran los dos representantes de Compromís en la oposición. Ambos están imputados por igual, así como el asesor del grupo nacionalista en el momento bajo investigación, Miquel Torres. Además, a Nomdedéu se le añade el presunto delito de falsedad de documento público.

El peso de la ética, sin embargo, sólo se ha aplicado en la ex concejala Brancal puesto que se debía al código ético municipal, que sentencia que cualquier edil ‘de la casa’ debe renunciar a sus competencias, que no a su acta, en el momento en que se abra la imputación -desde 2015, investigación- por parte de un juez.

Por su parte, el Consell (administración de la que depende Enric Nomdedéu) tiene un código ético más laxo, con el cese en el momento en que se procese o abra juicio oral a sus cargos públicos, situación judicial que aún no se ha producido. La jueza aún no ha cerrado la instrucción del ‘caso de los sobres’, tras constatar, con la apertura de los mismos, que sí había propaganda electoral de Compromís. Miquel Torres, por su parte, también sigue en activo, porque el código ético de su partido, Compromís, tampoco le veta. Forma parte del equipo negociador para formar la Diputación de Castellón.

ACORD DE FADRELL

Las tres fuerzas políticas que gobernarán la ciudad son partidarias de cesar a un miembro de la corporación municipal cuando se abra juicio por corrupción, no cuando se inicie la investigación sobre su posible participación en un delito así tipificado por la Justicia.

El compañero de partido de Brancal, Ignasi Garcia, fue el más firme defensor en la legislatura pasada de revisar dicho código ético y situar la línea roja en el momento en que un juez dicte auto y abra juicio. De ahí que se incluya en l’Acord de Fadrell el punto 21 que versa sobre la Calidad Democrática del Ayuntamiento y su corporación y con vistas a ‘relajar’ su aplicación, al propone adherirse al Código de Buen Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP, entre otras cuestiones.

También se incluye modificar el Reglamento Orgánico del pleno y sus comisiones «para favorecer el control político a la corporación». O la creación de una Oficina Municipal de Buen Gobierno «para la supervisión de la contratación pública, para la inspección y control de calidad de los servicios públicos».

Todo ello está recogido en el documento ético de la FEMP : «Se fomentará la creación de instrumentos de control y seguimiento de la contratación pública para garantizar a los operadores económicos un trato igualitario y no discriminatorio y un procedimiento basado en la transparencia, así como la introducción de criterios de responsabilidad social en los contratos».

Informa Erik Encinas.

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