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El Ayuntamiento urge a la Generalitat el abono urgente de rentas valencianas de inclusión a más de 1.100 familias alicantinas en situación de vulnerabilidad

  • El Ayuntamiento aprueba por unanimidad instar al Gobierno a permitir usar el superávit para atender los gastos ocasionados para combatir los efectos negativos del coronavirus en Alicante
  • El pleno respalda sin unanimidad las reclamaciones del sector turístico para emplazar al Gobierno a poner en marcha un plan de ayudas específico que facilite su salida de la crisis tras la pandemia

El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado con el apoyo de todos los grupos municipales, salvo los dos concejales de Compromís, una declaración institucional en la que se urge a la Generalitat, y particularmente a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige Mónica Oltra, para que apruebe y abone las rentas valencianas de inclusión (RVI) que esperan 1.159 familias alicantinas con expedientes favorables de los 1.317 que han sido elevados por los servicios sociales municipales a la Conselleria para su resolución, más allá de los 52 que han resuelto en marzo.

El alcalde, Luis Barcala, ha manifestado su pesar por el hecho de que «en plena emergencia social es increíble que no haya unanimidad para justificar que más de 1.100 familias de Alicante en lugar de estar cobrando ya un dinero, tengan que estar condenados a pedir alimentos u otras ayudas que el Ayuntamiento les dé. Es tan miserable, que lejos de proteger a la señora Oltra, deberíamos mostrarnos unidos para defender a estas familias alicantinas a las que representamos, en lugar de defender al Botánic, pues son ellos los que tienen que cumplir con su parte como nosotros con la nuestra». «Dos meses después de haber aprobado una declamación similar, todavía no han encontrado en la Generalitat una solución que pasa por apretar un botón, cuando los trabajadores de los Servicios Sociales del Ayuntamiento están jugándose la vida en esta pandemia y el Ayuntamiento teniendo que cubrir estas necesidades facilitando cheques o alimentos para comer a estas familias». 

Esta petición ya se formuló en el pleno ordinario del mes de febrero, tres semanas antes de declararse oficialmente la alarma sanitaria por el coronavirus y que ahora se hace -si cabe- más urgente ante la situación de precariedad que están atravesando estas familias alicantinas en situación de vulnerabilidad. Desde el equipo de gobierno municipal se teme que la crisis de la COVID19 acabe agrandado la brecha social y aumente los fenómenos de exclusión por lo que requiere agilidad al Consell.

En la declaración institucional suscrita por las portavoces del PP, Mari Carmen de España, y de C’s, Mari Carmen Sánchez, se expone que “a día de hoy, Conselleria mantiene bloqueados y sin resolver, desde el mes de octubre de 2019, 1.317 expedientes, de los cuales 1.159 tienen propuesta aprobatoria por parte del Ayuntamiento”. En este sentido, se señala que “en lo que llevamos de año, Conselleria únicamente ha resuelto 52 expedientes en el mes de marzo, de los cuales la mayoría han resultado denegados”.

“Aun así desde la Concejalía de Acción Social, que dirige Julia Llopis, se han seguido tramitando en la medida de lo posible 80 expedientes más de RVI en el periodo de confinamiento, pero nuestro esfuerzo no se ve reflejado ante la pasividad de Conselleria, que no está resolviendo los informes acumulados que son favorables, porque resolver los desfavorables no nos ayuda a nada” exponen en la declaración institucional.

Desde el equipo de gobierno municipal se reitera la necesidad de dichas rentas para las familias alicantinas vulnerables al tiempo que señalan en el texto de la declaración que “tenemos miles de llamadas reclamando la renta valenciana de inclusión ya tramitadas, familias a las que ante la tardanza de la Conselleria en su resolución nos vemos abocados a atenderles con ayudas municipales”.

En este sentido, se destaca como la falta de aprobación y abono de estas rentas de inclusión social por parte de la Conselleria limita o priva a otras familias de la posibilidad de acceder a nuevas ayudas para hacer frente a la emergencia derivada de la pandemia, por lo que reiteran la urgencia de aprobar las rentas a estas 1.159 familias con expedientes favorables por parte de la Generalitat.

Plan de ayudas al sector turístico

En otra Declaración Institucional, presentada por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, se ha aprobado con los votos a favor de PP, C’s y Vox, la abstención de PSOE y Compromís y el voto en contra de Unidas Podemos, solicitar al Gobierno la implantación de un sistema especial de protección del sector turístico reclamado por patronal y sindicatos, que contempla medidas laborales, financieras, fiscales, sanitarias y de comunicación. Estas medidas han sido propuestas en los planes presentados por la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante (APHA), la patronal Hosbec como la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y las centrales sindicales Federación de Servicios de Comisiones Obresras (Servicios-CC.OO.) y la Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FeSMC-UGT).

Mari Carmen Sánchez ha recordado que «estamos impulsando desde el Patronato de Turismo del Ayuntamiento de alicante un plan de reactivación del sector turístico en coordinación con las asociaciones del sector que atienda a sus necesidades con el impulso de medidas que nos están reclamando como es una marca de seguridad sanitaria para dar seguridad a los usuarios, sabedores de la importancia económica y desde el punto de vista del empleo para nuestra ciudad y provincia».

En el terreno laboral se pide el diseño de un plan especial para la protección del empleo y las empresas turísticas que se extienda hasta la recuperación normal de la actividad. Un plan que pasaría por la prórroga de los ERTES durante 12 meses, con la bonificación de las cuotas empresariales a la Seguridad Social y para los trabajadores del 100% de la cuota empresarial. Se considera que la fecha para la reanudación de la actividad fija discontinua en 2020 debe ser la misma que en la temporada 2019. 

En el terreno financiero se solicita el establecimiento de un periodo e carencia de 12 meses para préstamos hipotecarios y otros instrumentos financieros que afecten a empresas turísticas. Además, se pide la exención de impuestos de actos jurídicos documentados y aranceles notariales motivadas por el COVID19 y medida similares para fomentar la negociación de las condiciones de los arrendamientos de negocios turísticos. 

En el apartado fiscal se reclama un plan específico de un año con medidas de exención, bonificación y aplazamiento de toda clase de impuestos y pagos a cuenta durante este periodo de protección, así como reducir las tasas aeroportuarias y facilitar a los touroperadores la promoción de la llegada de turistas al aeropuerto de Alicante. En el terreno sanitario se señala que España y Alicante no se puede permitir episodios de contagio vinculados al turismo, por lo que piden mantener la suspensión legal de la actividad de alojamiento turístico generalizado más allá del estado de alarma, salvo excepciones por productos o territorios donde se garantice una actividad hotelera y turística en condiciones seguras. Además se pide adelantar los escenarios de apertura y puesta en marcha con las medidas de seguridad que sean necesarias en cada caso. Finalmente, materia de comunicación se pide promoción y publicidad innovadora que facilite el recuerdo de los destinos turísticos durante el tiempo especial de protección del turismo, por la propia seguridad de los turistas y del entorno y para que el regreso sea una experiencia inolvidable y mejor que antes.

Superávit municipal

Los grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Alicante (PP, PSOE, C’s, Unidas Podemos, Compromís y VOX) han aprobado por unanimidad en el pleno una declaración institucional conjunta ante la crisis del coronavirus en la que apelan a participar en la construcción de este nuevo futuro tras la crisis de la Covid19. En este sentido, se ha acordado solicitar al Gobierno de España que flexibilice la regla de gasto para todas las entidades locales con superávit para destinarlo a gastos extraordinarios de servicios sociales, seguridad, ciudadana, limpieza, transporte, residuos y desinfección, así como otras acciones para atender a la población más vulnerable ocasionadas por el estado de alarma.

Entre las 19 medidas solicitadas se incluyen además la prorroga del destino del superávit de 2019 a 2020 y su autorización de gasto en áreas en las que no son competentes como empleo, educación,… Se pide que los ayuntamientos participen en los fondos que habilite el Estado en materia de reactivación económica y social y que se cree un Fondo de Reactivación de la Economía y el Empleo Local una vez superada la pandemia. También se piden fondos e Iniciativas Europeas 2021-2027 a la reconstrucción de las economías locales y se promuevan proyectos EDUSI para la lucha contra los efectos del COVID, la recuperación del Contrato Temporal de Inserción para uso de las Administraciones Públicas y que se destine el déficit de las Comunidades Autónomas a planes locales de Empleo.

Además se solicita flexibilizar la contratación pública tanto en lo referente a servicios y suministros necesarios y para hacer frente a los perjuicios ocasionados a los contratatistas por la suspensión y ampliación de los contratos, además de la exención del IVA aplicado a los contratos de obras públicas relacionadas con la COVID19. También, la eliminación de la tasa de reposición para los Ayuntamientos que han cumplido las reglas fiscales y disponen de remanentes para hacer frente a las vacantes y envejecimiento de las plantillas, entre otros gastos realizados para mantener la prestación de los servicios públicos con seguridad.

Decretos de Alcaldía Covid19

En la sesión también se ha puesto en conocimiento de los representantes políticos los más de una veintena de decretos que ha firmado el alcalde, Luis Barcala, desde el inicio del Estado de Alarma para hacer frente, dentro de las competencias municipales, a la crisis sanitaria, social y económica que ha desatado la expansión del Covid 19. De entre todos destaca el Plan de Medidas y Ayudas Sociales y Económicas de Emergencia, dotado con 13 millones de euros. La finalidad del mismo es paliar los daños generados en las personas y en el entorno familiar, en el empleo y en el sector económico y productivo por el confinamiento y los cierres y paralización de la actividad económica y elaborar una estrategia de recuperación de la economía y el empleo.

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