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El atasco para valorar discapacidades obliga a contratar más personal

La conselleria incorpora a quince técnicos tras toda una legislatura y después de esperas de hasta diecinueve meses

«En la actualidad sigue existiendo una lista de espera importante en la resolución de los procedimientos, tanto de valoración inicial como de revisión del grado de discapacidad, debido al notable incremento del número de solicitudes formuladas, que ha provocado que la plantilla de los centros de valoración sea insuficiente para responder a esta demanda. No obstante, esta conselleria está preparando un conjunto de medidas encaminadas a agilizar la tramitación de expedientes de reconocimiento del grado de discapacidad». Esta es la respuesta que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ofreció el pasado mes de marzo al Síndic de Greuges después de que el defensor del pueblo valenciano le remitiera la enésima queja sobre los retrasos que sufre las valoraciones de discapacidad, demoras que originan graves perjuicios a los afectados y que en los últimos meses alcanzaban hasta los 19 meses, según recoge el Síndic en uno de los últimos expedientes sobre esta materia.

En relación al «conjunto de medidas» que iba a impulsar Igualdad para atajar la problemática, desde el departamento liderado por Mónica Oltra recordaron que se han ampliado las plantillas con 15 profesionales de diversa tipología -médicos, psicólogos, administrativos…-. De estas nuevas incorporaciones estructurales, siete profesionales se han destinado a Valencia, cinco a Alicante y tres a Castellón.

Además, se ha empezado ya a dar prioridad a aquellos casos de mayor urgencia, como niños, personas con enfermedades con una corta esperanza de vida o situaciones de exclusión social y se están poniendo en marcha puntos de información en los centros de valoración. A lo largo de este mes, el teléfono 012 también ofrecerá información del procedimiento, al igual que la web de la conselleria, que detallará los pasos a seguir. Desde Igualdad explicaron que estas medidas para mejorar la información de todo el proceso también tiene una incidencia directa en reducir las listas de espera, puesto que «ocurre que hay un número importante de gente que solicita el certificado de discapacidad por desconocimiento y luego no cumple los requisitos», lo que obliga a los funcionarios autonómicos a realizar unos trámites que, finalmente, no generan ningún beneficio para el solicitante.

Otro aspecto que destacaron desde la conselleria es que «se está trabajando con el Instituto Nacional de la Seguridad Social para unificar criterios sobre las valoraciones que realizan ambas instituciones, de manera que la persona usuaria no tenga que someterse varias veces a las mismas pruebas». Esta medida también servirá para agilizar los trámites y reducir las esperas, unas demoras que causan auténticos quebraderos de cabeza a los solicitantes. Sobre las medidas impulsadas por Igualdad fuentes del sector aplaudieron las medidas, pero lamentaron que hayan tenido que pasar cuatro años (la primera legislatura) para que se pongan en marcha.

Goteo de quejas

La situación llegó hasta tal punto que el Síndic de Greuges tramitó el pasado año 182 expedientes de queja ante las demoras -tendencia que continúa este ejercicio-, unas esperas que, en los casos más graves, alcanzaban los 18 meses de retraso, aunque la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas tiene la obligación legal de resolver en un plazo máximo de tres meses. El Síndic insta al departamento liderado por Mónica Oltra que resuelva de forma urgente estos expedientes y, aunque valora los esfuerzos de la conselleria para tratar de atajar las esperas, «siguen siendo insuficientes», según fuentes del defensor del pueblo valenciano.

Los discapacitados que carecen de este documento, bien porque lo han solicitado por primera vez o porque están inmersos en una variación de su grado de discapacidad, no pueden, por ejemplo, optar a las plazas reservadas para ellos en las oposiciones o las universidades, becas de estudios, ayudas o, en el caso de personas con movilidad reducida, a las plazas de aparcamiento específicas, entre otros muchos beneficios; de ahí que algunos opten por recurrir al Síndic de Greuges en busca de amparo.

Precisamente por ello, este colectivo ha salido ya a las calles varias veces para reivindicar ayudas y denunciar las largas listas de espera.

Informa Erik Encinas.

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