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El alcalde de Valencia gasta 39 millones de euros sin control de los interventores del ayuntamiento

El informe financiero de 2018 desvela que los contratos a dedo realizado por Joan Ribó (Compromís) en el Consistorio llegan a 14,5 millones de 3.375 encargos a empresas

El Informe de Control Financiero que aprobará este lunes el Ayuntamiento de Valencia constata las malas prácticas del gobierno municipal a la hora de encargar obras y servicios sin cumplir con los trámites de control de Intervención, así como la precaria situación que sufren muchos servicios debido a contratas caducadas y en prórroga. En total, 39 millones de euros gastados en 2018 que no han pasado por los arcos de seguridad establecidos en la normativa, donde se incluyen 14,5 millones de euros de 3.375 contratos a dedo, una práctica censurada por los técnicos de la hacienda municipal.

El documento tiene medio millar de páginas aunque no tiene desperdicio. Los 39,06 millones de euros supone una cifra similar a la del ejercicio anterior, con lo que el problema de las contratas caducadas persiste. En términos porcentuales se ha reducido algo al pasar del 5,10 al 4,87% de todo el gasto en el presupuesto, que el pasado año ascendió a 817,87 millones de euros.

Los problemas por las contratas aludidas son ya conocidos, así como los llamados reconocimientos extrajudiciales de crédito, el dinero que se gasta fuera del presupuesto. El contrato del suministro eléctrico está vencido, igual que ocurrió durante un tiempo con los envíos postales debido al atasco sufrido en la adjudicación del servicio.

La gestión de la limpieza y la recogida de basura necesitó una aportación extraordinaria de 4,24 millones, lo que ha provocado la reprimenda de los técnicos de Intervención, al pedir al gobierno municipal que mejora la planificación del gasto. La concejalía de Movilidad no se escapa de estas críticas, al citarse la situación de la contrata de la ORA, vencida nada más y nada menos que desde 2013, hace ya seis años.

La portavoz del Grupo Municipal Popular, María José Catalá, señaló que el informe «confirma nuestras denuncias del abuso del gobierno de Ribó en pagos sin fiscalizar». La llamada omisión de procedimiento supone que, como mucho, el servicio encargado de autorizar el gasto lo hace después de ser aprobado en la junta de gobierno o las concejalías.

Catalá aseguró que «en su gran mayoría son consecuencia de la mala gestión y de la falta de previsión del gobierno de Compromís y PSPV al dejar extinguir contratas como las de la grúa y la ORA y pagarles a las empresas adjudicatarias facturas sin contrato desde 2017».

Servicios Centrales Técnicos es el que más gasto reconocido con omisión de procedimiento concentra, con mucha diferencia sobre el resto. Supone por sí solo el 40,2% del gasto total con omisión, frente al 23,1% en 2017. En concreto, el pasado ejercicio tramitó gastos con omisión de procedimiento por importe de 15,71 millones de euros.

El segundo servicio con importes elevados es Movilidad sostenible, que alcanza los 5,30 millones de euros en 2018 (5,00 millones en 2017). Representa el 13,6% del total municipal. En tercer lugar aparece el servicio de Gestión de residuos sólidos y limpieza, con 4,24 millones euros, aprobados todos ellos mediante Reconocimiento extrajudicial de crédito.

Los más abusones

Sobre los 3.375 contratos menores otorgados por Ribó y los concejales del PSPV, el informe recomienda disminuir su volumen y aconseja «una mayor planificación para evitar este tipo de contratación que mitigan la concurrencia y la competitividad». Los que más abusan son Cultura Festiva y Acción Cultural.

«El alcalde y sus concejales han abusado de los contratos menores a dedo y han dilatado la convocatoria de nuevos concursos con prorrogas que han frenado la pública concurrencia de las empresas» declaró Catalá, para recordar que hay reiterados pronunciamientos del Síndic de Greuges y de la Agencia Antifraude que le dicen a Ribó que estos abusos de los contratos a dedo, sin fiscalización previa, pueden derivar en fraccionamientos».

Por su par te, el portavoz de Ciudadanos en el consistorio, Fernando Giner, señaló que informe demuestra «la falta de planificación, que hace que aumenten las asignaciones a dedo y las modificaciones de crédito, teniendo que modificar su propio presupuesto durante al año, lo que afecta a la dotación de las concejalías».

A su juicio pone además de manifiesto «la falta de control sobre algunas contratas». Por todo esto, asegura que «la conclusión es que no es necesario subir impuestos. Si hubiese mayor control y planificación, con lo que ya pagan los valencianos, hay dinero suficiente», defendió al tiempo que insistió en que «si Compromís y PSPV suben los impuestos es por ideología y por su mala gestión de todos estos años».

Informa Erik Encinas.

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