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Cs acusa al Govern de esconder el coste de la campaña del referéndum ilegal del 1-O

Afea a la Generalidad de Cataluña que se gaste el 67% de publicidad en TV3 cuando «solamente la ven el 52% de los catalanes»

Pese a que en cada declaración política de los principales representantes del Govern o de los miembros de los partidos independentistas que lo forman se sigue apelando al referéndum del 1 de octubre de 2017, lo cierto es que cuesta seguir su rastro en la comunicación oficial de la Generalitat. El último ejemplo lo ha sacado a la luz el grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs), que a raíz de la memoria de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional ha presentado varias propuestas de resolución y preguntas a la Cámara catalana, entre las que destaca nueva información sobre esta votación.

En concreto, Cs pedirá aprobar en el Parlament que se inste al Govern a detallar la campaña de publicidad institucional sobre el referéndum del 1-O que se realizó en septiembre de 2017, una actuación que se investiga en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona ya que la Fiscalía considera que pudo existir un presunto delito de malversación de caudales públicos al destinar fondos para estos anuncios cuando el Tribunal Constitucional había suspendido las votaciones.

En su propuesta, Cs detalla que en la memoria correspondiente a 2017 de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional «no se incluyó la necesaria valoración y aprobación» de esta campaña sobre el referéndum que fue «encargada y realizada por la Generalitat» y «emitida en algunos medios de comunicación públicos y privados (subvencionados)». «Esta campaña, pese a ilegal, pretendía tener un carácter oficial, como se puede comprobar en la utilización de los símbolos propios de la Generalitat y la reclamación del importe de las facturas al Govern por parte de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)», señala el escrito de Cs. Precisamente, el juzgado ordenó procesar por desobediencia a la presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach, y los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis y Saül Gordillo, al emitir estos anuncios.

Por eso, Cs considera que la Comissió omitió su informe sobre esta campaña del 1-O pese a que «contradecía el ordenamiento jurídico, incumplía las sentencias del Tribunal Constitucional, utilizaba recursos públicos de forma irregular y atentaba contra los derechos de los ciudadanos, mostrando un comportamiento partidista y sin respetar sus propias normas de funcionamiento». Además reclaman que el Parlament inste al Govern a diseñar sus campañas publicitarias con una «voluntad cohesionadora e integradora del conjunto de la sociedad» y piden a la Comissió un informe complementario a la memoria de 2017 sobre la campaña publicitaria institucional del 1-O que detalle el coste de dinero público usado para así «recuperar el perjuicio en los recursos públicos y limitar la responsabilidad patrimonial en que se ha incurrido». También piden garantizar que este organismo cumpla sus funciones de asesoramiento con independencia.

Cs también reclama conocer todas las campañas de la Generalitat del año pasado y en qué medios se pusieron. Además, quieren saber «¿cómo es posible que el Govern destine casi el 67% del gasto total en difusión de publicidad institucional a través de medios televisivos exclusivamente a TV3?» cuando según el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) «sólo la ven el 52% de los catalanes».

Tanto el PSC como los comunes pidieron el pasado lunes que la Generalitat explique ante el Parlament por qué el gasto en publicidad institucional se disparó un 5,6% en 2018, hasta superar los 32 millones de euros -tal y como publicó Expansión-, en un contexto de recortes y con los Presupuestos prorrogados. Asimismo, cuestionaron los criterios que se usan para distribuir las campañas en los diferentes medios.

Informa Erik Encinas.

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