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Con solo 20 niños de una misma clase tendrían contacto con más de 800 personas en sólo dos días

 Alberto Aragón, catedrático y coordinador de un estudio sobre la planificación y protocolos planteados para la vuelta a las clases

En algo más de dos semanas debería empezar el curso escolar, una vuelta al cole todavía llena de incertidumbres tanto para los alumnos, para los padres y también para los profesores. Las preguntas, todavía sin respuesta, son comunes: ¿Cómo y en qué condiciones se va a regresar a las aulas? ¿Es viable la educación presencial? ¿Es seguro que los alumnos vuelvan a clase? Alberto Aragón, catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Granada, ha coordinado un estudio en el que se abordan los diferentes escenarios y protocolos planteados para el regreso de los alumnos a sus centros de estudio. 

Una de las conclusiones del estudio es que en una clase de infantil de 20 niños, cada uno estaría expuesto a más de 800 personas en sólo dos días, entre contactos directos e indirectos. Esta elevada cifra de contactos es, precisamente, lo que justifica la importancia de hacer un plan sobre la vuelta al cole. Al hacer estos cálculos se pone de manifiesto que la idea de mantener a los alumnos en pequeños grupos o ‘burbujas’, en la práctica, no son de gran utilidad porque «son unas burbujas muy abiertas», explica Alberto.

En un inicio se había planteado la idea de crear unas ‘burbujas’ con un número reducido de niños, pero finalmente consistirán en el número de niños que tradicionalmente había en la clase. El catedrático advierte de que una pequeña diferencia en el número de personas dentro de esa ‘burbuja’ o clase genera un cambio exponencial muy grande en el número de contactos. 

El estudio hace hincapié en que, desde un punto de vista técnico, no es buena idea pedir un plan de centro, puesto que no tiene expertos para decidir cómo actuar. «Es como si, durante el confinamiento, hubiesen dicho que cada comunidad de vecinos decidiera cuándo salir a la calle o qué vecino debía evitar salir», explica Alberto y agrega que «hubiese sido más útil tener un protocolo más detallado de carácter general y algún matiz específico para cada colegio», algo que no ha realizado ni el Ministerio de Educación ni las Comunidades Autónomas, que son quienes tienen las competencias educativas.

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