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Ampliar a 35 años cotizados el cálculo de la pensión traerá recortes del 5%

Los sindicatos aseguran que aún no se trata en la Mesa de Diálogo Social

Rechazan cualquier medida que pueda implicar recortes de las pagas

Los trabajadores damnificados de la crisis de 2008 se beneficiarían

La propuesta que baraja el Gobierno sobre un posible aumento del periodo de 25 años a 35 años cotizados para el cálculo de la pensión que ha trascendido en los últimos días tendrá un impacto heterogéneo entre los futuros jubilados de nuestro país. Si bien los expertos calculan que un trabajador medio, con una carrera de cotización ordinaria -con aumento progresivo de las aportaciones a la Seguridad Social- sufriría un recorte de la pensión inicial de un 5% de media, para otros empleados, la medida supondrá un balón de oxígeno y un incremento de la cuantía de la prestación respecto a lo que cobraría con la legislación actual.

La clave de que el impacto de la medida implique un recorte o un aumento de la pensión está en la casuística de cada carrera laboral. De este modo, en el primer caso, para un empleado que acumula una vida laboral ordinaria en la que su remuneración se incrementa con el paso de los años, de modo que en los últimos es en los que más cotiza, la ampliación de esos diez años para el cálculo de la base reguladora de la paga hace que se incorporen a la cuenta los años de menor cotización, los primeros, cuando el sueldo y las aportaciones eran menores, por lo que la cuantía de la pensión se verá reducida en el porcentaje proporcional.

Para este grupo de trabajadores, según los cálculos del Grupo de Investigación de Pensiones y Protección Social de la Universidad de Valencia y la Universidad de Extremadura, el recorte de la pensión sería cercano al 5%. Un volumen similar al retroceso que se experimentó con el salto de 10 años que se aplicó en la reforma de 2011, cuando se estipuló un periodo transitorio que finaliza en 2022, cuando el cálculo de la base reguladora se situará en los últimos 25 años, pasando de los 15 años que se cogían hasta el año 2013. En este sentido, si bien los expertos consultados  aseguran que la caída de las nuevas prestaciones sería similar en este caso al efectuarse un salto de diez años, como en 2011, la dificultad de analizar las muestras de vida laboral de la Seguridad Social hace que se trate de un cálculo tentativo. Entonces, la caída por el paso de los 15 años a los 25 años de 2011, se traduce en un recorte del 5,5%.

En el otro extremo, estarían aquellos trabajadores que se beneficiarían de la medida hasta el punto de implicar este incremento del periodo para el cálculo de la base una ‘subida’ en comparación a la cuantía que percibirían con la legislación actual. Este colectivo, más allá, está localizado y muy focalizado en aquellos trabajadores con carreras de laborales estables y remuneraciones elevadas que se vieron expulsados del mercado de trabajo durante la crisis de 2008. Estos, a la hora de volver al empleo lo hicieron en puestos peor remunerados, con contratos temporales. En definitiva, trabajos más inestables con sueldos más bajos que redujeron sus aportaciones a la Seguridad Social en sus últimos años antes del retiro. De calcular la pensión con los últimos 25 años cotizados solo se tendrían en cuenta los más inestables, mientras que ampliar a 35 años supondría reconocer en la pensión esos años de una alta cotización, con el consecuente impacto en la cuantía, que será mayor. Cabe recordar que el paro de larga duración ha acelerado su incremento en estos meses de pandemia y ya supone el 42% del total de desempleados, seis puntos más que en febrero, con 1,6 millones de personas que llevan más de 12 meses buscando un empleo.

«La medida aumenta la contributividad del sistema de pensiones, pero debería de ampliarse hasta contabilizar el 100% de la vida laboral», apunta el profesor de la Universidad de Valencia y miembro del Instituto Polibienestar y de IVIE, Enrique Devesa, acerca de la posible propuesta que estudia el Gobierno y se prevé discuta en la Mesa de Diálogo Social con patronal y sindicatos. Así lo reconoció el propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en un desayuno informativo celebrado este lunes en el que aclaró no en vano que la «discreción» debía ser la norma de las negociaciones con los agentes sociales para que esta llegue a buen puerto.

Negociación tripartita

Pero las reacciones no han tardado en producirse y no con buena acogida. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, advirtió este martes al Gobierno de que no aceptará elevar el periodo de cálculo de las pensiones, que «no es serio» hablar ahora de subir el cómputo para calcular las pensiones cuando aún no ha terminado de desplegarse la reforma de 2011 que estableció la ampliación progresiva tanto de la edad legal de jubilación como del periodo de cálculo. Así, y respecto a las informaciones que apuntan que el Gobierno estaría barajando elevar ese periodo de cálculo de 25 a 35 años, Álvarez asegura que se trata de una hipótesis que ni siquiera ha sido confirmada por el ministro José Luis Escrivá, y que no se ha puesto sobre la Mesa del Diálogo Social, donde se negocia la reforma.

En todo caso, aclaró que su sindicato no aceptará subir el periodo de cálculo (este año se toman los últimos 23 años cotizados para determinar la pensión, el próximo año se tendrán en cuenta 24 años y en 2022 serán los últimos 25 años) ni tampoco dará su visto bueno a cualquier otra medida que suponga recortes en las cuantías de las pensiones. «No aceptaríamos negociarlo», insiste Álvarez criticando que se lancen estos «globos sonda» que intranquilizan a los pensionistas mientras insta al Gobierno a centrarse en las recomendaciones del Pacto de Toledo.

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Más allá, sobre el impacto financiero de la medida, Devesa explica que este «sería limitado» en el corto plazo, ya que no se observaría el efecto de estas reducciones del gasto hasta que los costes de las pagas se consoliden en el Sistema. De modo que no se observaría esa reducción de los costes hasta dentro de 10 o 15 años, mientras que tampoco habría una caída significativa del déficit.

 

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