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Alberto Garzón pide al Gobierno del que forma parte la creación de este nuevo impuesto

La dirección de Izquierda Unida (IU), que encabeza el ministro de Consumo, Alberto Garzón, está trabajando en una propuesta de ‘Plan de Reconstrucción’ para hacer frente a las consecuencias de la crisis del COVID19, y como vías para sufragarlo proponen, por ejemplo, la creación de nuevas figuras tributarias, como un impuesto de solidaridad temporal a las grandes rentas o grandes patrimonios, o «romper el marco legal que apuntala las políticas de austeridad».

Así se explica en el documento que aprobó la Coordinadora Federal –el máximo órgano ejecutivo de IU– en su última reunión, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se esbozan las principales líneas de este plan, que lleva por nombre ‘Horizonte país’, y que IU tiene previsto trasladar al espacio de Unidas Podemos del que forman parte, como aportación al debate sobre este asunto.

El objetivo final, según explican, es elaborar y defender, también dentro del Gobierno de coalición, una propuesta alternativa que vaya «más allá de un ‘Plan Marshall’ pergeñado por las élites» que, según IU, «únicamente pretenderán poner solo un paréntesis temporal al neoliberalismo».

REFORMAR LAS REGLAS DE MERCADO

Este plan defenderá, por ejemplo, la necesidad de reformar las reglas de mercado o «democratizar el metabolismo económico», para que no se base «en la acumulación de plusvalía monetaria», y garantice la equidad social, entre otras cosas.

También apostarán por la potenciación de lo común y los Servicios públicos, la elaboración de un plan de reindustrialización, el diseño de un nuevo modelo energético, o el replanteamiento del marco de relaciones laborales.

En el capítulo que tiene que ver con el modo de obtener los recursos para financiar el Plan de Reconstrucción, IU defiende, en materia de fiscalidad, la necesidad de «romper el marco legal que apuntala las políticas de austeridad».

Asimismo, apuestan por una reforma fiscal que modifique la tributación ya existente, y mencionan el Impuesto sobre el patrimonio, el Impuesto de sucesiones y donaciones, el Impuesto a los depósitos, el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Esta reforma también debe conllevar, a su juicio, la creación de nuevas figuras tributarias, como un Impuesto a las Transacciones Financieras, un Impuesto de solidaridad temporal a las grandes rentas o grandes patrimonios para ayudar a sufragar el coste de las medidas contra el coronavirus y una nueva Fiscalidad ecológica.

En el plano internacional, defienden la transformación de la Unión Europea «hacia una Europa de los Pueblos, los Derechos y la Justicia Social», una nueva Política monetaria, la creación de una «Unión Fiscal a nivel europeo», con cooperación fiscal, mínimos tributarios y un plan de erradicación de paraísos fiscales.

REESTRUCTURACIÓN DEL CAPITALISMO COMO CONSECUENCIA DEL CORONAVIRUS

Según expone la organización que lidera Garzón en el documento, todas estas medidas son necesarias porque la crisis del coronavirus va a acelerar el «proceso de reestructuración del capitalismo a escala global» y «pone de manifiesto la caducidad del modelo de país construido en España en las últimas cuatro décadas».

«El golpe seco que ha supuesto la emergencia sanitaria y el desplome económico que anticipa, nos obliga a afrontar la profunda crisis civilizatoria ante la que nos hallamos y el desafío común de nuestro tiempo es ofrecer una respuesta democrática y justa que no se deje a nadie atrás, especialmente a quienes son más vulnerables», defienden.

Por ello, creen necesario idear un nuevo modelo de país, que transforme el actual Estado del Bienestar en lo que llaman «Estado de los Cuidados», y que definen como «un modelo basado en la economía social, feminista y ecológica centrado en el bien común y en la potenciación y blindaje de los servicios públicos y su correspondiente financiación».

Para construir la propuesta, la dirección ha encomendado al responsable de políticas económicas de Izquierda Unida que coordine un grupo de 55 personas, entre los que figuran, por ejemplo, la antropóloga Yayo Herrero; la eurodiputada de Unidas Podemos y jurista María Eugenia Rodríguez Palop; el economista Fernando Luengo; el presidente del Sindicato de los Técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado; o la directora general de Consumo y economista Bibiana Medialdea.

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